Geopolítica corporativa: la rivalidad por el poder

Las grandes empresas tecnológicas –y los empresarios multimillonarios que las dirigen– están asumiendo un papel cada vez más decisivo en la geopolítica. Un grupo de estos titanes rivaliza hoy con los Estados-nación en influencia, moldeando las reglas del orden digital mundial e incluso compitiendo con los gobiernos en la gobernanza. Algunos han denominado a este escenario el mundo tecnopolar, en el que las grandes tecnológicas actúan como soberanos de facto, fijando las normas que determinan cómo las sociedades se comunican, comercian e incluso libran guerras. Su creciente poder plantea preguntas urgentes sobre soberanía, seguridad y democracia, ya que líderes empresariales no elegidos toman decisiones con repercusiones globales.

La verdadera contienda geopolítica del siglo XXI ya no enfrenta únicamente a Estados entre sí, sino a Estados y a las empresas que controlan la infraestructura digital mundial. El reto no consiste tanto en recuperar el control de la tecnología como en democratizarla, incorporando legitimidad pública en los algoritmos, las infraestructuras y las asociaciones que gobiernan silenciosamente nuestro futuro digital.

La guerra en Ucrania puso de relieve este cambio. A los pocos días de la invasión rusa de 2022, Elon Musk proporcionó Starlink –la red satelital gestionada por SpaceX– para mantener a Ucrania conectada pese a los ciberataques. La intervención de un magnate tecnológico resultó crucial para las comunicaciones y la coordinación militar del país. Sin embargo, meses después, Musk se negó a mantener el servicio satelital para apoyar una misión de drones ucraniana, lo que generó dudas sobre la capacidad del Gobierno estadounidense para obligar a actores privados a prestar apoyo militar crítico en tiempos de guerra.

El sector tecnológico se unió colectivamente al frente digital como un cuasi aliado de Kiev, pero la dependencia ucraniana de Starlink también reveló la fragilidad de externalizar funciones esenciales de seguridad nacional a actores corporativos.

Hoy, el alcance de las grandes tecnológicas en el ámbito militar e inteligencia va mucho más allá de las comunicaciones. Palantir Technologies –cofundada por Peter Thiel– proporciona software de localización y análisis de datos utilizado por ejércitos occidentales. Paralelamente, el sector mundial de drones se ha convertido en una nueva frontera para la inversión en defensa, atrayendo miles de millones en capital riesgo a medida que los sistemas no tripulados transforman la conducción, el ritmo y la escala de la guerra.

Todo ello refleja la creciente militarización de Silicon Valley, donde tecnologías originalmente diseñadas para la innovación civil migran de forma acelerada al campo de batalla. Las empresas privadas desempeñan cada vez más funciones militares básicas –mando y control, reconocimiento, análisis– que antes eran dominio exclusivo de los Estados. Ha surgido un nuevo complejo militar-tecnológico en el que startups de inteligencia artificial, proveedores de servicios en la nube y actores del ecosistema de defensa ejercen una influencia estratégica sobre la seguridad nacional.

Este desplazamiento del poder plantea un profundo dilema. La teoría clásica de las relaciones internacionales asume que la soberanía reside exclusivamente en los Estados-nación. Sin embargo, el control que las grandes tecnológicas ejercen sobre recursos críticos –datos, algoritmos, infraestructuras y satélites– ha erosionado ese monopolio. Algunos académicos ya describen a estas empresas como “soberanos de los datos” o “leviatanes digitales”, capaces de institucionalizar su poder mediante el dominio del mercado, el control de infraestructuras y la concentración de conocimientos técnicos.

Gracias a su tamaño y a su influencia económica, estas compañías disfrutan también del “poder de la plataforma”: acceso privilegiado a responsables políticos, capacidad para establecer normas y mejores prácticas sectoriales, y recursos para formar coaliciones transnacionales que promueven sus intereses.

Lo que está surgiendo no sustituye la soberanía estatal, sino que la transforma en una forma híbrida. Los Estados continúan legislando, pero a menudo gobiernan a través de intermediarios corporativos. Decisiones sobre almacenamiento de datos, libertad de expresión en línea o acceso a redes dependen tanto de políticas internas de los gigantes digitales como de la legislación nacional.

Esta nueva realidad encaja mal con la democracia. La agencia geopolítica de las grandes tecnológicas desafía no solo el poder estatal, sino también el consentimiento democrático y la responsabilidad pública. Sus ejecutivos no son elegidos por el público al que afectan, pero sus plataformas funcionan como instituciones de cuasi gobernanza. Además, poseen o influyen en medios de comunicación tradicionales y digitales, lo que les permite moldear no solo las infraestructuras de comunicación, sino también las narrativas políticas e incluso los procesos electorales. La adquisición de X –anteriormente Twitter– por Elon Musk y la propiedad del Washington Post por Jeff Bezos son ejemplos de cómo estos actores extienden su poder hacia la esfera mediática.

Los regímenes autoritarios han respondido reafirmando el control estatal sobre los sectores tecnológicos nacionales. La ofensiva de China contra Alibaba señaló que ninguna empresa puede rivalizar con la autoridad del Partido Comunista. Las democracias, por el contrario, se muestran más ambivalentes. Estados Unidos depende de sus campeones tecnológicos para proyectar poder económico, militar y de inteligencia. La Unión Europea apuesta por la soberanía digital mediante regulación y el desarrollo de capacidades autóctonas. Estas respuestas, aunque divergentes, reflejan una preocupación compartida: cómo beneficiarse de la innovación privada sin ceder autoridad pública.

El auge de las grandes tecnológicas obliga a repensar la gobernanza mundial. La soberanía ya no es una dicotomía entre lo estatal y lo no estatal, sino una negociación constante entre actores interdependientes. Las decisiones de las empresas –desde proporcionar conectividad en una zona de guerra hasta prohibir contenidos políticos– tienen un peso geopolítico evidente. Sin embargo, los mecanismos actuales de supervisión son ad hoc y reactivos. Los Estados oscilan entre la colaboración y la confrontación: celebran las capacidades tecnológicas en situaciones de crisis y critican su dominio del mercado en tiempos de paz.

Los gobiernos deben ahora desarrollar doctrinas específicas para relacionarse con estas soberanías corporativas, del mismo modo que en su día elaboraron estrategias para tratar con grupos armados no estatales o empresas militares privadas. Tres principios pueden guiar este esfuerzo:

1. Diálogo institucionalizado: establecer canales formales y permanentes entre gobiernos y actores tecnológicos, especialmente para clarificar expectativas durante crisis y definir responsabilidades respecto a la prestación o retirada de servicios digitales críticos.

2. Normas internacionales: crear marcos que regulen el comportamiento empresarial y definan obligaciones para los proveedores tecnológicos en tiempos de guerra.

3. Democratización del ecosistema digital: incorporar legitimidad pública en algoritmos, infraestructuras y asociaciones que cada vez más influyen en el orden mundial.

Además, Estados y organizaciones internacionales deben reforzar la resiliencia pública diversificando proveedores, invirtiendo en innovación autóctona y tratando la infraestructura digital y la tecnología como recursos estratégicos. La agenda europea de soberanía digital –y otras iniciativas equivalentes– son pasos hacia la reducción de la dependencia de unos pocos monopolios globales.

El auge de las grandes empresas tecnológicas como fuerza geopolítica es complejo y potencialmente peligroso, pero también transformador. Refleja una difusión del poder desde los Estados hacia las plataformas y desde las instituciones públicas hacia la autoridad privada. El reto para Europa y sus socios ya no consiste en preguntarse si las grandes tecnológicas ejercen poder geopolítico, sino en cómo las democracias pueden recuperar la autoridad necesaria para gobernarlas.

Esta publicación, publicada originalmente en Carnegie Europe, forma parte de EU Cyber Direct – EU Cyber Diplomacy Initiative’s New Tech in Review.