POLÍTICA EXTERIOR  >   NÚMERO 100

JOYA DE ARCHIVO: Moralidad y política exterior

El interés nacional no tiene cualidad moral: deriva de la misma existencia del Estado. Ello obliga a definir la seguridad nacional de manera razonable, reconociendo la distancia existente entre lo que deseamos hacer y lo que podemos ofrecer en realidad.
GEORGE F. KENNAN
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En un pequeño volumen de conferencias publicado en 1951 tuve la temeridad de sugerir que los estadistas americanos a principios del siglo XX eran excesivamente legalistas y moralistas en sus juicios sobre las acciones de otros gobiernos. Este parecía un enfoque que los alejaba de los requisitos más estrictos del realismo político y hacía que sus afirmaciones y actos, aunque impresionaban a la audiencia política nacional, perdieran efectividad en la escena internacional.

Sin duda, expresé estas observaciones de un modo demasiado críptico y, así, provoqué un amplio abanico de interpretaciones, que no excluía la tesis de que yo había defendido una política exterior amoral, o incluso inmoral, para este país. Desde entonces me exigen, especialmente las jóvenes generaciones, que aclare mis puntos de vista acerca de la relación entre las consideraciones morales y la política exterior de Estados Unidos.

Habría que hacer algunas distinciones antes de adentrarnos más en esta serie de problemas.

En primer lugar, la dirección de la diplomacia es responsabilidad de los gobiernos. Por razones puramente prácticas, esto es inevitable e inalterable. El hecho de que el gobierno, cuando establece la política exterior de un país, pueda decidir verse influido por opiniones privadas no minimiza dicha responsabilidad. A lo que me refiero, por tanto, cuando pretendo relacionar las consideraciones morales con la política exterior es al comportamiento de los gobiernos, no al de los individuos o al de poblaciones enteras.

En segundo lugar, reconozcamos que las funciones, los compromisos y las obligaciones morales de los gobiernos no son los mismos que los de los individuos. El gobierno es sólo un agente. Su obligación primordial es servir a los intereses de la sociedad que representa, no a los impulsos morales que los elementos de esa sociedad puedan experimentar. El gobierno no puede intentar introducirse en las conciencias de aquéllos cuyos intereses representa, no más que puede hacerlo el abogado respecto de su cliente ni el médico de su paciente.

Los intereses de la sociedad por los que el gobierno debería preocuparse son, básicamente, los de su seguridad militar, la integridad de su vida política y el bienestar de su pueblo. Estas necesidades no tienen cualidad moral. Surgen de la misma existencia del Estado nacional y del estatus de soberanía nacional de que goza. Son las necesidades inevitables de una existencia nacional y, por tanto, no están sujetas a la clasificación de “buenas” o “malas”. Se pueden cuestionar desde un punto de vista filosófico independiente. Pero el gobierno de un Estado soberano no puede hacer tales juicios. Cuando acepta las responsabilidades de gobernar, en esta aceptación va implícita la asunción de que es correcto que el Estado sea soberano, que la integridad de su vida política debe garantizarse, que su pueblo debe disfrutar de las ventajas de la seguridad militar, la prosperidad económica y una oportunidad razonable para, tal como estableció la Declaración de independencia, buscar la felicidad. El gobierno no necesita ninguna justificación moral para estas asunciones, ni tampoco necesita aceptar ningún reproche moral en base a ellas.

 

«La obligación del gobierno es servir a los intereses de la sociedad que representa, no a los impulsos morales que los elementos de esa sociedad puedan experimentar»

 

Esta afirmación asume, sin embargo, que el concepto de “seguridad nacional”, tomado como fundamento de la preocupación gubernamental, es un concepto concebido de forma razonable y no desmesurada. En una época de armas nucleares, la seguridad nacional sólo puede ser relativa; y en la medida en que sea posible garantizarla debe encontrar su justificación en las intenciones de las fuerzas rivales y en sus posibilidades. Un concepto de seguridad nacional que ignore esta realidad y, sobre todo, que no logre conceder la misma legitimidad que exige para sí a las necesidades de seguridad de los demás, es susceptible de recibir el mismo reproche moral del que, en circunstancias normales, carecería.

Quienquiera que observe con actitud reflexiva la actual situación que atraviesa en especial EE UU tendrá que estar de acuerdo en que asegurar estas ventajas a los norteamericanos es una tarea de dimensiones tales que al gobierno que intente satisfacerlas le quedará muy poca energía y, si es que le queda alguna, atención para dedicarse a otros asuntos, incluidos los que sugieran los impulsos morales de unos u otros ciudadanos.

Finalmente, constataremos que no hay normas de moralidad internacionalmente aceptadas a las que el gobierno de EE UU pueda apelar si deseara actuar en nombre de principios morales. Es cierto que hay determinadas palabras y expresiones tan grandilocuentes en todas partes del mundo que si se pide a la mayoría de los gobiernos que se declare a favor o en contra de ellas, las suscribirán alegremente, considerando que es tal su imprecisión que el mero acto de suscribirlas no entraña ningún peligro de que afecten a su libertad de acción. A esta categoría de pronunciamientos pertenecen documentos como el Pacto Briand-Kellogg, la Carta Atlántica, la Declaración de Yalta sobre la Europa liberada, y los prólogos de otros innumerables acuerdos internacionales.

Desde que el secretario de Estado John Hay escenificó un golpe político en 1899, al convocar a las potencias europeas, para que firmasen su acuerdo sobre los principios de sus Notas sobre la política de puertas abiertas (principios que ni ellos ni nosotros hemos tenido la embarazosa intención de observar), los estadistas americanos han sido muy aficionados a lanzar tales retos semánticos a sus colegas extranjeros, colocándose así en una digna posición ante la opinión americana y cosechando todos los frutos políticos que puedan derivarse de las respuestas, en cierto modo, embarazosas y hechas a regañadientes que esos retos provocan.

Decir estas cosas es –lo sé– plantear la pregunta: ¿y qué hay de los acuerdos de Helsinki de 1975? Por supuesto, fueron numerosos y variados. No tengo intención de cuestionar aquí el valor de muchos de ellos como mejoras de las normas que rigen las relaciones internacionales. Pero hubo algunos, en especial los relacionados con los derechos humanos, que son difíciles de incluir en una categoría que no sea la de los pronunciamientos altruistas, pero inocuos a los que me acabo de referir. Estos acuerdos fueron de naturaleza declaratoria, no contractual. Los mismos términos generales en los que se establecieron, que implicaban el uso de palabras y expresiones con diferentes significados para distintas personas, los privaba del carácter de obligaciones concretas de las que deberían responder los gobiernos signatarios. Los estadistas occidentales que presionaron a favor de la adhesión soviética a esos pronunciamientos deberían haber tenido en cuenta que algunos de ellos no podían ponerse en práctica por los soviéticos, con los significados que normalmente asociaríamos a su funcionamiento, sin que se produjeran cambios fundamentales en el sistema de poder soviético –cambios sobre los que no teníamos ningún motivo para pensar que las personas entonces en el poder querían o podían introducir–. Por ello, es razonable preguntarse si es moralmente condenable inducir a otros a suscribir declaraciones que, por muy altruistas que suenen, sabemos que no serán o podrán ponerse en marcha. Los negociadores occidentales, en cualquier caso, no tenían ninguna razón para alegar ingenuidad como excusa para hacerlo.

Así, cuando hablamos de la aplicación de principios morales en política exterior, no estamos hablando de la conformidad con algún código internacional de conducta claro y generalmente aceptado. Si las políticas y las acciones del gobierno de EE UU han de estar de acuerdo con las normas morales, esas normas van a ser las del propio EE UU, basadas en los tradicionales principios americanos de justicia y decoro. Cuando los demás fracasan al intentar seguir esos principios y cuando su fracaso tiene un efecto contrario a los intereses norteamericanos, que difieren de sus gustos políticos, tenemos todo el derecho de quejarnos y, si fuera necesario, de tomar represalias. Lo que no podemos hacer es asumir que nuestras normas morales son también las suyas, y apelar a esas normas como fuente de nuestros agravios.

 

Principios y acciones

Suficiente por lo que respecta a los principios básicos. Consideraré ahora algunas categorías de acciones que a menudo se pide al gobierno de EE UU que emprenda, y que algunas veces emprende, en nombre de los principios morales. Estas acciones se dividen en dos amplias categorías generales: aquéllas que se refieren al comportamiento de otros gobiernos que consideramos moralmente inaceptables y las que se refieren al comportamiento de nuestro propio gobierno. Las analizaremos en este orden.

Ha habido muchos casos, en especial en los últimos años, en los que el gobierno de EE UU se ha sentido agraviado por el comportamiento de otros gobiernos por causas que, al menos, implicaban criterios morales para juzgarlas y, en algunos de esos casos, las protestas verbales se han reforzado con medios de presión más tangibles. Estas intervenciones han desfilado, por así decirlo, bajo una serie de banderas: democracia, derechos humanos, gobierno de la mayoría, fidelidad a los tratados, fidelidad a la Carta de las Naciones Unidas y así sucesivamente. Sus objetivos han sido, en ocasiones, la política y las acciones exteriores de los Estados infractores, con mayor frecuencia prácticas internas.

Las intervenciones han servido, a los ojos de sus instigadores norteamericanos, como demostración no sólo de las deficiencias morales de los otros sino de nuestra positiva moralidad; ya que se consideró nuestro deber moral detectar los errores que otros cometían, denunciarlos ante el mundo y garantizar –siempre y cuando podamos hacerlo con medidas que no entrañen acciones militares– que dichos errores serán enmendados. Quienes hayan instigado o emprendido esfuerzos de esta naturaleza habrían reivindicado ciertamente actuar en nombre de los principios morales y, en muchos casos, serían sinceros al hacerlo. Pero el que los resultados de esta instigación, como los de tantos otros llenos de buenas intenciones, justifiquen esta reivindicación es cuestionable desde una serie de puntos de vista.

Consideraré, en primer lugar, nuestras intervenciones relacionadas con prácticas internas de los gobiernos infractores. Reflexionemos por un momento sobre cómo se muestran esas intervenciones a los ojos de los gobiernos en cuestión y a los de muchos extraños.

Las situaciones que provocan nuestro descontento se producen, como norma, lejos de nuestras fronteras. Pocos de nosotros podemos pretender ser perfectos jueces de las buenas o malas acciones. Para sus gobiernos se trata de asuntos internos. Es normal que los gobiernos tomen a mal la interferencia de potencias extranjeras en asuntos de esta naturaleza y, si nuestra historia diplomática sirve de algo, nosotros mismos nos molestamos cuando nos consideramos su objeto.

 

«Hay formas de “democracia” plebiscitaria que pueden resultar menos favorables para los intereses de EE UU que un autoritarismo prudente y benévolo»

 

Las intervenciones basadas en principios morales pueden ser defendibles desde un punto de vista formal sólo si las prácticas contra las que se dirigen dichas intervenciones son realmente perjudiciales para nuestros intereses, más que para nuestra sensibilidad. Por supuesto, habrá lectores que argumentarán que el fomento y la promoción de la democracia en otros lugares siempre sirven a los intereses de la seguridad, la integridad política y la prosperidad de EE UU. Si esto puede probarse con algún ejemplo, bien está. Pero no es siempre el caso. “Democracia” es un término poco preciso. Una gran variedad de locuras e injusticias se enmascaran bajo esta designación. El mero hecho de que un país adquiera los atributos del autogobierno no significa automáticamente que los intereses de EE UU vayan a ser, por eso mismo, favorecidos. Hay formas de “democracia” plebiscitaria que pueden resultar menos favorables para los intereses norteamericanos que un autoritarismo prudente y benévolo. Puede haber tiranías de la mayoría como tiranías de una minoría, siendo una casi tan odiosa como la otra. Hitler llegó al poder (aunque en circunstancias muy poco habituales) por un mandato electoral, y no hay actualmente casi ninguna dictadura que no reivindique la legitimidad del apoyo de las masas.

En algunas partes del mundo, el principal requerimiento para la seguridad norteamericana no es una imitación antinatural del modelo norteamericano sino la pura estabilidad, que no siempre está garantizada por un gobierno surgido de lo que parece ser por aclamación popular. Los norteamericanos, al afrontar esta cuestión, deberían superar su tendencia a la generalización y aprender a examinar cada caso por sus propios méritos. La mejor medida para evaluarlos no es el atractivo de algunos símbolos semánticos comunes, sino el efecto de una situación dada en los tangibles y demostrables intereses de EE UU.

Además, mientras nos disponemos pronto a alegar que esta o aquella práctica en un país extranjero es mala y debe corregirse, raras veces –si es que sucede en alguna ocasión– parece que nos ocupemos de posibles alternativas de forma seria y realista. En pocas ocasiones se nos ocurre que, aunque una situación determinada sea mala, la alternativa puede ser incluso peor, aunque la historia ofrece innumerables ejemplos de este fenómeno. A los ojos de muchos norteamericanos, es suficiente con que indiquemos los cambios que, a nuestro juicio, deben hacerse. Asumimos, por supuesto, que las consecuencias serán propicias y felices. Pero esto no está siempre garantizado. En cualquier caso, no somos nosotros quienes tenemos que vivir con esas consecuencias, sino el gobierno infractor y su pueblo. Estamos pidiendo, en efecto, una especie de poder de veto para esas prácticas que a nosotros nos desagradan, mientras que declinamos cualquier responsabilidad por cualquier cosa que se derive de la aceptación de nuestras exigencias.

Finalmente, deberíamos señalar que nuestro gobierno, al plantear tales exigencias, responde a menudo no a sus propios impulsos morales o a cualquier movimiento ampliamente generalizado de la opinión norteamericana, sino a presiones generadas por elementos minoritarios políticamente influyentes entre nosotros que tienen algún interés especial –étnico, racial, religioso, ideológico o varios de ellos juntos– en la situación exterior en cuestión. Algunas veces son sobre todo las simpatías de estas minorías las que se ponen de manifiesto, otras veces son sus antipatías. Pero dada esta diversidad de motivos, el gobierno de EE UU, al responder a tales presiones y erigirse en su portavoz, raras veces actúa con coherencia. Las prácticas o las políticas que suscitan nuestro desagrado oficial en un país, en otro se condenan alegremente o se ignoran. Lo que es malo en el comportamiento de sus oponentes es bueno, o como mucho aceptable, para sus amigos. Lo que es incuestionable en un periodo de su historia es ofensivo en otro.

Esto resulta desafortunado, ya que la falta de consistencia implica una falta de principios a los ojos de casi todo el mundo; mientras que la moralidad, si no está fundamentada en unos principios, no es moralidad en realidad. Ante estas anomalías, podría perdonársele a los extranjeros su sospecha de que aquello que se presenta como el producto de un estímulo moral según la retórica de nuestro gobierno, en realidad no es más que un fiel reflejo del mosaico de lealtades étnicas residuales y de las pasiones que se agitan en el turbulento mundo de nuestra vida política.

Algo parecido podría decirse cuando no son las prácticas internas de los gobiernos infractores sino sus acciones en la escena internacional las que están en tela de juicio. Aquí existe la misma renuencia a ocuparse de las alternativas posibles a los procedimientos de los que nos quejamos o de las consecuencias que probablemente se deriven de la aceptación de nuestras exigencias. Y frecuentemente se produce la misma falta de consistencia en la reacción. La acción soviética en Afganistán, por ejemplo, se condena, se considera peligrosa y se responde a ella con sanciones. No se recuerda una reacción de este tipo en el caso de la –en alguna medida parecida y aparentemente no menos drástica– acción de China en Tíbet. Inevitablemente se plantea la pregunta: ¿son los principios los que determinan nuestra reacción o hay otros motivos?

 

«La democracia, como la entienden los norteamericanos, no es necesariamente el futuro de la humanidad ni tampoco es el deber del gobierno de EE UU garantizar que así sea»

 

Si las medidas tomadas por gobiernos extranjeros son contrarias a los intereses norteamericanos, y no únicamente a la sensibilidad norteamericana, las protestas y las represalias están, obviamente, justificadas; pero deben realizarse honestamente por lo que son, y no permitirse que se oculten bajo el manto de los principios morales.

Algunos lectores, lo sé, tenderán a ver en estas observaciones una disculpa por diversas situaciones, tanto nacionales como internacionales, contra las que ya hemos protestado y actuado en otro tiempo. No pretenden tener tales connotaciones. Estas palabras son escritas –valgan lo que valgan– por alguien que considera la acción en Afganistán un grave y reprensible error de la política soviética, un error que, ciertamente podría y debería haberse evitado. Algunos de los procedimientos de la policía surafricana me han parecido tan odiosos a mí como a otras personas.

Lo que se ha dicho aquí no se refiere a la reacción acerca de este tipo de situaciones de los norteamericanos, individualmente, ni a la de organizaciones no gubernamentales de este país ni a la de los medios de comunicación. Todos ellos pueden pensar y decir lo que quieran. Se refiere a la reacción del gobierno de EE UU, en tanto que gobierno entre otros gobiernos, y a los motivos citados de esa reacción. La democracia, como la entienden los norteamericanos, no es necesariamente el futuro de la humanidad ni tampoco es el deber del gobierno de EE UU garantizar que así sea. Pese a las frecuentes afirmaciones en sentido contrario, nadie en este mundo es responsable, después de todo, de las acciones de los demás, en cualquier parte. Si no se tiene poder para obligar al cambio, no se es responsable de que éste no se produzca. En el caso de los gobiernos, es importante por razones estrictamente prácticas que las líneas de responsabilidad sean nítidas y que haya, sobre todo, una clara asociación entre el poder de actuación y las consecuencias de la acción o de la inacción.

 

Poder y responsabilidad

Entonces, si las críticas y la reprobación de lo que se percibe como errores morales en la conducta de los demás son, en el mejor de los casos, una manera dudosa de expresar nuestro compromiso moral, ¿qué ocurre con nuestras propias políticas y acciones? Aquí, al menos, la conexión entre poder y responsabilidad –entre siembra y cosecha– es total. ¿Puede ser cierto que tampoco aquí haya lugar para la aplicación de principios morales y que todo deba dejarse al funcionamiento del oportunismo, del egoísmo nacional y del cinismo?

La respuesta es “no”, por supuesto, pero las posibilidades existentes a menudo van en dirección contraria a las fuertes tendencias y reflejos propios de nuestra clase política. En un mundo lejos de ser perfecto, en el que el ideal está tan obviamente fuera del alcance del ser humano, es natural que el compromiso para evitar lo peor sea, a menudo, más sensato que intentar conseguir lo mejor, y que algunos de los imperativos más fuertes de la conducta moral deban ser más bien de naturaleza negativa que positiva. Las restricciones de los diez mandamientos son, quizá, el mejor ejemplo de este estado de cosas. Por ello, no es sorprendente que algunas de las posibilidades más destacadas para que la política exterior de EE UU se atenga a consideraciones morales tienen que ver con evitar acciones que tengan una significación moral negativa.

Muchas de estas posibilidades radican en las dotes intuitivas de la diplomacia –cosas tales como el método, la educación, el estilo y la altura del discurso diplomático– y pueden ilustrarse sólo a través de un sinfín de ejemplos prácticos menores que no tienen cabida en este artículo. Hay, sin embargo, dos consideraciones negativas que merecen mencionarse.

La primera de ellas tiene que ver con evitar lo que podría denominarse el “histrionismo de la moralidad a expensas de su sustancia”. Con esto me refiero a la proyección de actitudes, poses y retórica que hace que nos parezcan nobles y altruistas en el espejo de nuestra propia vanidad, pero que carecen de fundamento cuando se refieren a las realidades de la vida internacional. Es un rasgo triste de la condición humana –tanto en la vida privada como en la pública– que cuando uno tiene la agradable sensación de ser admirablemente moral, quizá no sea así. Lo que uno hace sin ser consciente de ello ni autoadmirándose, sino simplemente como una cuestión de deber o de sentido común, es probable que esté más cerca de la realidad.

 

«En un mundo lejos de ser perfecto el compromiso para evitar lo peor es, a menudo, más sensato que intentar conseguir lo mejor»

 

La segunda de estas consideraciones negativas pertenece a algo denominado “operaciones secretas” –una rama de la actividad gubernamental íntimamente relacionada con los servicios secretos, pero que no debe confundirse con ella–. A principios de siglo, los grandes despotismos encabezados por Hitler y Stalin introdujeron en su modelo de interacción con otros gobiernos sistemas operativos clandestinos que sólo pueden describirse como métodos llenos de cinismo, audacia y brutalidad desenfrenados. Estos métodos se expresaban por una total falta de escrúpulos y por un desprecio sin límites hacia los países contra los que iban dirigidos sus esfuerzos (y uno siente cierto desdén hacia ellos mismos también). Esto no era nuevo en esencia, por supuesto; las relaciones entre los Estados nacionales de principios de siglo abundaban en ejemplos de iniquidades clandestinas de todo tipo. Pero, en la práctica, solían ser moderadas debido a un mayor sentido de la humanidad subyacente y a un mayor respeto por, al menos, el decoro aparente del poder nacional. Sus intenciones raras veces eran tan cínicamente destructivas, y su alcance nunca fue ni remotamente tan grande como algunos intentos de los que hemos sido testigos en este siglo.

Últimamente estas tareas se han complementado, en sus efectos sobre el público occidental, con un fenómeno diferente que surge en un ámbito totalmente distinto: a saber, el terrorismo incontrolado que ha sido utilizado por determinados gobiernos o movimientos políticos en la periferia de Europa, así como por elementos radicales y criminales en el seno de la misma sociedad occidental. Estos fenómenos han representado, en momentos diferentes, graves retos para la seguridad de casi todos los países occidentales. No es de extrañar, por tanto, que entre las reacciones que ha provocado figure la de responder con la misma moneda, y que los países amenazados por actos de esta naturaleza puedan responder con actos similares.

No se puede negar que la resistencia a estos ataques requiere unos servicios secretos de gran calidad y un inminente castigo donde quiera que se entre en colisión con los sistemas judiciales de los países contra quienes van dirigidos esos ataques. No es mi intención comentar aquí en modo alguno los medios para oponerse a ellos que necesitarían o deberían utilizar otros países distintos de EE UU. Tampoco pretendo sugerir que ninguna de las actividades de este tipo que se llevan a cabo en este país no deba cumplir con absoluto rigor la ley. Por el contrario, sería deseable que las leyes fueran incluso más estrictas a este respecto. Pero cuando están en liza operaciones gubernamentales –u operaciones encubiertas– más allá de nuestras fronteras, entonces los norteamericanos tenemos un problema.

En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra mundial, las prácticas del régimen estalinista llegaron tan lejos y eran, en apariencia, un peligro tan grande para una Europa occidental todavía debilitada por las vicisitudes de la guerra, que nuestro gobierno se sintió justificado cuando creó unos servicios para sus propias operaciones de defensa clandestinas; toda la evidencia disponible sugiere que, desde entonces, ha dirigido una serie de actividades en este sentido. Como uno de los que, entonces, favoreció la decisión de crear tales servicios, me arrepiento hoy, a la luz de la experiencia que he adquirido a lo largo de estos años, de que se tomara esa decisión. Las operaciones de esta naturaleza no son típicas de este país. No concuerdan con sus tradiciones ni sus procedimientos de gobierno establecidos. El esfuerzo para dirigirlas implica dilemas y situaciones de ambigüedad moral en las que el estadista norteamericano se ve privado de una orientación fundamentada en principios y pierde el sentido de lo que es adecuado y lo que no lo es. El secretismo excesivo, la duplicidad y los tejemanejes clandestinos  simplemente no son de nuestro gusto –no sólo porque, de cualquier forma, somos incapaces de guardar un secreto (nuestros medios de comunicación comerciales se encargan de ello) sino, lo que es más importante, porque tales operaciones entran en conflicto con nuestros principios tradicionales y comprometen nuestra diplomacia en otras áreas–.

Por supuesto, no hay que ser dogmático en tales cuestiones. La política exterior es un asunto demasiado intrincado para que tolere algún tabú absoluto. En raras ocasiones, puede que una operación secreta parezca indispensable. Un ejemplo sorprendente fue la acción de EE UU cuando detuvo a los secuestradores del Achille Lauro. Pero no debería permitirse que tales operaciones se volvieran habituales y normales en el proceso gubernamental, basado en la concreción de los hábitos no cuestionados y de la burocracia institucionalizada. Es ahí donde reside el peligro.

Se podría argumentar que negarnos a nosotros mismos esta posibilidad es aceptar una importante limitación de nuestra habilidad para enfrentarnos a fuerzas que ahora se dirigen contra nosotros. Quizá, pero si fuera así, se trata de una limitación con la que tendremos que convivir. El éxito de nuestra diplomacia ha dependido siempre, y seguirá dependiendo, de su intrínseca honestidad y de la transparencia de sus objetivos, así como de la honestidad con la que se llevan a cabo. Privarnos de eso es lo mismo que privarnos de nuestra armadura más fuerte y de nuestra arma más efectiva. Si esto es una limitación, se trata de una que no nos desacredita. Podríamos aceptarla sinceramente, ya que tanto en los asuntos personales como en los internacionales, la aceptación de las propias limitaciones es, con certeza, uno de los primeros signos de la verdadera moralidad.

 

Obligaciones y posibilidades

Hasta aquí sobre las normas negativas. Si hablamos de las positivas hay, de nuevo, dos que destacan. La primera está íntimamente relacionada con lo que acabamos de decir sobre la aceptación de los propios límites. Se refiere al deber de intentar relacionar los compromisos y tareas de cada uno con las posibilidades reales de actuar en la escena internacional. No se trata únicamente de la fuerza militar ni, especialmente, de la clase de fuerza puramente destructiva y, en último caso, autodestructiva que se encuentra en las armas nucleares. No se trata entera ni principalmente de una cuestión de política exterior. Es un deber que requiere que la sociedad de cada país se configure de tal manera que se ejerza el máximo control sobre los propios recursos y se tenga la capacidad máxima para utilizarlos con efectividad cuando se necesiten en aras de los intereses nacionales y de la paz mundial.

Un país que tiene un déficit presupuestario y una balanza comercial desfavorable –ambos tan increíblemente altos que está dejando de ser rápidamente el mayor acreedor para convertirse en el mayor deudor en los intercambios internacionales–, un país que ha permitido que su enorme deuda interna se duplique en menos de seis años, un país que ha consentido que sus gastos militares crezcan tanto en relación con otras necesidades de su economía y tan fuera del alcance del control político, que el gasto anual de cientos de miles de millones de dólares en “defensa” se ha convertido en una adicción nacional, un país que, en suma, ha permitido que sus asuntos financieros y económicos se vayan a la deriva en tal desorden, que vive tan evidentemente por encima de sus posibilidades y que se confiesa incapaz de vivir de otra manera, no está sencillamente en posición de hacer el mejor uso de sus propios recursos en el panorama internacional, ya que están en tan gran medida fuera de su control.

Esta situación debe entenderse en relación con las aspiraciones y los sueños desorbitados de influencia mundial, cuando no de hegemonía mundial –la sensación de que debemos tener la solución para los problemas del resto del mundo y ser el perejil de todas las salsas–, que siguen figurando en los supuestos subyacentes en tantas reacciones norteamericanas en materia de política exterior. Debe también entenderse que en los asuntos mundiales, así como en los personales, el ejemplo puede más que el precepto. Un primer paso en el terreno de la moralidad sería el honesto reconocimiento de la inmensa distancia que existe entre lo que deseamos hacer y lo que podemos ofrecer en realidad, y la resolución, tomada con absoluta humildad, de controlarnos a nosotros mismos y de crear una mejor relación entre nuestras tareas y nuestras posibilidades reales.

El segundo imperativo positivo tiene que ver con la administración y el uso efectivo de los recursos, pero sobre todo tiene que ver con unos objetivos y unas políticas. Excepto, quizá, en algunos sectores del gobierno y de la opinión pública norteamericana, muy pocas personas sensatas no esta­rían de acuerdo en que nuestro mundo está actualmente enfrentado a dos peligros máximos sin precedentes. Uno es el peligro no sólo de una guerra nuclear sino de una guerra importante entre poderes industriales –un ejercicio que la tecnología moderna ha convertido en un disparate suicida en todo el mundo–. El otro es el efecto devastador de la industrialización moderna y del exceso de población sobre el medio ambiente mundial. Uno amenaza con destruir la civilización mediante la temeridad y el egoísmo de las rivalidades militares, el otro mediante el maltrato masivo de su hábitat natural. Ambos son problemas relativamente recientes, para cuya solución las experiencias del pasado no son de demasiada utilidad. Los dos son urgentes.

 

«La renuncia al interés propio, implícito en toda moralidad, nunca puede racionalizarse con consideraciones puramente laicas y materialistas»

 

Los problemas del mal gobierno político, a los que en los últimos tiempos tanto se ha referido nuestro pensamiento acerca de los valores morales, son tan antiguos como la especie humana. Es un problema que no se resolverá, ni es necesario hacerlo, en nuestra época. Pero las crisis medioambientales y nucleares no admiten ninguna dilación. La necesidad de que sea prioritario evitar estos dos peligros es puramente racional –basada en los intereses nacionales– además de moral. Aparte de una guerra nuclear, lo peor que nuestros enemigos soviéticos podrían hacernos, incluso en la peor de nuestras pesadillas, sería una tragedia menor que la que nos acontecería con toda seguridad (y si no a nosotros, a nuestros hijos) si no lográsemos hacer frente a tiempo a estos dos peligros apocalípticos. Pero, ¿no hay también un componente moral en esta necesidad?

De los muchos cuerpos celestes que conocemos, nuestra propia tierra parece ser, de lejos, el único tan abundantemente dotado de los recursos que hacen posible la vida humana –y no sólo la hacen posible sino que la rodean de tanta belleza natural, de salubridad y magnificencia–. Y como el hombre se ha distanciado de otros animales en cosas tales como el conocimiento de sí mismo, la conciencia histórica y la capacidad de crear gran belleza (y, desgraciadamente, gran fealdad), tenemos que reconocer otro misterio mayor, parecido al de la extraordinaria dotación del planeta –un misterio que parece sobrepasar las posibilidades de lo puramente accidental–. ¿No hay, cualquiera que sea la naturaleza del Dios particular de cada uno, un componente sacrílego presente cuando se pone todo esto en juego en aras del bienestar, los miedos y las rivalidades nacionales de una sola generación? ¿No es una obligación moral reconocer en esta misma singularidad del hábitat y la naturaleza del hombre la mayor de nuestras responsabilidades morales y convertirnos, en nuestra personificación nacional, en sus guardianes y protectores en lugar de en sus destructores?

Puede objetarse que se trata de una cuestión religiosa, no de una cuestión política y moral. Cierto es, si así se quiere. Pero esta objeción invita a hacerse más preguntas acerca de si existe algo parecido a la moralidad que no esté basado, consciente o inconscientemente, en la fe religiosa; ya que la renuncia al interés propio, implícito en toda moralidad, nunca puede racionalizarse con consideraciones puramente laicas y materialistas.

Las anteriores son sólo algunas reflexiones hechas al azar sobre la gran cuestión acerca de la que versa este documento. No obstante, sugieren el esbozo de una política exterior norteamericana a la que se aplicarían los principios morales más adecuadamente y con mayor naturalidad que a la política que estamos llevando a cabo en la actualidad. Sería una política fundada en el reconocimiento de que es el interés nacional, razonablemente concebido, la motivación legítima de una gran parte del comportamiento de la nación, y preparada para perseguir ese interés sin pretensiones ni excusas morales. Sería una política que buscaría las posibilidades de servir a la moralidad principalmente en nuestro propio comportamiento, no en nuestro juicio ni acerca de otros. Restringiría nuestros esfuerzos a límites establecidos por nuestras tradiciones y recursos. Valoraría que nos ocupásemos de nuestros propios asuntos cuando no hubiese ninguna imperiosa razón para ocuparnos de los asuntos de los demás. Sería prioritario, en este punto, no reformar a los otros, sino evitar las dos catástrofes apocalípticas que se ciernen sobre el horizonte de la humanidad.

Pero en el centro de esta política residiría el esfuerzo por distinguir en todo momento entre la verdadera esencia y la simple apariencia de comportamiento moral. En una época en que una serie de influencias, incluidas las limitaciones de los medios electrónicos, la amplia sustitución de la representación iconográfica por la comunicación verbal y la omnipresencia de los recursos de “relaciones públicas” y las políticas electorales, todo tiende a exaltar la imagen por encima de la realidad que esa imagen pretende representar –en semejante época, existe un peligro cierto de que perdamos por completo nuestra capacidad para distinguir lo real de lo que no lo es y de que, al hacerlo, perdamos tanto la credibilidad del verdadero comportamiento moral como la enorme fuerza que ese comportamiento, ciertamente, es capaz de ejercer–. Hacer esto sería estúpido, innecesario y se volvería en nuestra contra. Puede que haya habido épocas en las que EE UU podía permitirse tal frivolidad. La actual, desgraciadamente, no es una de ellas.