Ruido de sables en el Caribe

El despliegue naval ordenado por Donald Trump en el Caribe para golpear los negocios de los grupos denominados “narcoterroristas” –el Tren de Aragua y el llamado Cartel de los Soles, presuntamente dirigidos por altos mandos militares del régimen de Nicolás Maduro– ha movilizado los mayores recursos del Pentágono en el hemisferio desde la invasión de Panamá en 1989. Entonces, el presidente George H. W. Bush lanzó la operación Just Cause para capturar al dictador panameño Manuel Noriega, acusado de narcotráfico.

A diferencia de 1989, esta vez la Casa Blanca no ha detallado el propósito, la duración ni los objetivos estratégicos de la operación frente a las costas venezolanas. El contexto es muy diferente: Venezuela es diez veces más grande que Panamá y, en 1989, los 30.000 efectivos movilizados estaban en su mayoría ya desplegados en bases cercanas al Canal.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, Maduro es, como lo fue Noriega, “un fugitivo de la justicia” y líder de una organización criminal que ha secuestrado al Estado venezolano, antaño una de las tres democracias más estables de la región junto a Costa Rica y Colombia. Hoy, junto con Cuba y Nicaragua, es uno de los tres regímenes de partido único en el continente.

En marzo, Trump declaró ante el Congreso que los cárteles de la droga habían declarado la guerra a Estados Unidos, que debía responder con medios militares y designándolos como organizaciones terroristas extranjeras.

Escalada militar

Venezuela es un objetivo estratégico: no comparte frontera terrestre con Estados Unidos, pero sí con Colombia, Brasil y Guyana, y sus costas colindan con territorios de Reino Unido, Países Bajos y Francia en el Caribe, lo que la convierte en un punto clave para el tráfico de drogas, armas y personas.

Hacía décadas que el ruido de sables no era tan intenso en Washington. Movilizar una fuerza naval como la del Iwo Jima Amphibious Ready Group durante 90 días cuesta, según diversas estimaciones, unos 1.700 millones de dólares. El despliegue incluye tres destructores Arleigh-Burke, el crucero USS Lake Erie dotado con misiles Tomahawk, un submarino nuclear y tres barcos anfibios con 2.500 marines abordo que tendrán el respaldo aéreo de 10 F-35 desde Puerto Rico.

El mensaje del Comando Sur combina disuasión y presión. Sin embargo, el uso de la fuerza militar contra embarcaciones civiles supondría un cambio cualitativo en la lucha antidrogas y podría violar la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

El senador Rand Paul advierte que, si se considera a los narcotraficantes como “combatientes enemigos”, el presidente podría ordenar su eliminación sin juicio previo. El Comando Sur ha hundido ya tres embarcaciones en aguas internacionales. Trinidad y Tobago y Guyana –país al que Venezuela disputa el Esequibo– han respaldado la presencia de la marina estadounidense en el sur del Caribe.

A su vez, Buenos Aires, Lima, Quito, Asunción y Santo Domingo han reconocido como organización terrorista al Cartel de los Soles, llamado así por las insignias en forma de sol que los generales venezolanos llevan en sus uniformes. El presidente colombiano, Gustavo Petro, sin embargo, niega que exista y denuncia que es un relato que se usa para criminalizar a Venezuela.

Trump quiere militarizar la guerra contra las drogas que lanzó Richard Nixon en 1972 incluyendo a Venezuela entre su lista de narcoestados y descertificando, por primera vez desde 1997, a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico. En lo que va de año, su policía ha incautado 500 toneladas de cocaína y destruido 2.500 laboratorios del narco.

Ríos de fuego 

Entre 2022 y 2023 la producción colombiana de cocaína creció un 53%, hasta las 2.644 toneladas, según la ONU. Según fuentes policiales brasileñas, cada semana toneladas de cocaína fluyen en submarinos desde laboratorios selváticos peruanos y colombianos por el Amazonas hacia Manos y Belem do Pará y de ahí a puertos europeos donde se pagan hasta 60.000 euros por kilo.

En México, cárteles como los de Sinaloa o Jalisco se están convirtiendo en fuerzas paramilitares armadas con drones, fusiles automáticos, minas antipersona, lanzagranadas y vehículos blindados. La mayor parte de las veces, sin embargo, sus redes logísticas carecen de infraestructura susceptible de ser blanco militar.

El tráfico de drogas ha sido una constante en la historia de EEUU, al menos desde finales del siglo XIX. Según los cálculos de Jeffrey Miron, economista de la Universidad de Harvard, si aplicara tasas similares a las que gravan al tabaco y el alcohol, el país podría recaudar 32.600 millones gravando el consumo de cocaína y la heroína.

La agencia de la ONU contra las drogas estima que el narcotráfico mueve unos 250.000 millones de dólares anuales a escala global, frente a los 600.000 de los fármacos legales, pero que solo el 5% de sus beneficios se quedan en países productores como Bolivia, Perú o Colombia. El resto va a paraísos fiscales.

Lo que sí se queda en la región es la violencia y la degradación medioambiental. Los negocios del crimen organizado –narcóticos, extorsión, contrabando…– explican en buena parte por qué con solo el 8% de su población, la región suma el 30% de los homicidios a escala global. En regiones andinas y amazónicas producir un gramo de cocaína implica destruir cuatro metros cuadrados de bosques lluviosos por el uso intensivo de queroseno, acetona y ácido sulfúrico y clorhídrico en la elaboración del clorhidrato de cocaína.

El 52% en las seis mayores países de la región nombran al crimen y la inseguridad como su principal preocupación, entre otras cosas por los “ríos de hierro”, como Ioan Grillo llama en El narco (2012) a los flujos de armas de fuego provenientes de EEUU, que concentra el 46% de todas las armas de fuego de uso civil existentes.

Cada año, ese tráfico, que aumentó un 25% entre 2010 y 2024, mueve ilegalmente entre 70.000 y 250.000 armas al sur de la frontera. En 2024, el 70,5% de las armas que incautó la policía mexicana en escenas de crímenes se vendieron en armerías de Texas, Arizona y otros estados del sur, donde el AR-15 de Colt, el fusil de asalto estándar del ejército, es de venta libre por un precio similar al de un iPhone.

Un hueso duro de roer

Trump tiene cuentas personales que saldar con Maduro. Después de que en 2019 fracasaran las políticas de “máxima presión” contra su régimen que encargó a Elliot Abrams, Trump reconoció que el venezolano era un tough cookie (un hueso duro de roer).

Pese a las sanciones y reconocimiento de Juan Guaidó, hoy exiliado en Miami, como presidente por 60 países, el régimen chavista apenas se inmutó. Entre 2014 y 2020 la economía venezolana se desplomó un 70% con lo que hoy es menor que la dominicana con tres veces su población y su PIB per cápita menos de la mitad del colombiano o el peruano.

En 2021 el país exportó 451 millones de dólares en chatarras, más que ningún otro país, proveniente de parques industriales desiertos, tuberías abandonadas, fábricas… Desde entonces, ha mostrado algunos signos de recuperación. Según dijo John Bolton, por entonces asesor de seguridad de Trump, el entorno de Maduro era una “botella llena de escorpiones” que no tardarían en traicionarle. Si no lo hicieron entonces, es difícil que lo vayan a hacer ahora.

Algunos analistas creen que Trump está barajando bombardear alguna instalación militar para eliminar algunos de sus kingpins (jefes narcos) y abrir fisuras entre sus filas. Una estrategia insurreccional o un ataque “quirúrgico” que acabara con la cúpula bolivariana, sin embargo, carece de apoyos, internos y externos.

En Foreign Affairs Frank Mora, subsecretario de Defensa de Barack Obama, estima que una invasión terrestre de Venezuela requeriría al menos unos 150.000 hombres. Y nadie sabe qué pasaría después. El chavismo conserva un 30% de apoyo militante que podría organizar una guerra de guerrillas con apoyo más o menos explícito de Cuba y Rusia y en alianza con frentes insurgentes colombianos.

Apoyos del régimen

Desde 2013, Vladimir Putin y Maduro se han reunido una decena de veces y suscrito más de 350 acuerdos. Aunque el comercio bilateral en 2024 fue de solo 1.200 millones de dólares, mucho menos que el que Rusia tiene con Brasil o Chile, Venezuela es el sexto mayor comprador de armas rusas del mundo según el Sipri.

Entre 2004 y 2018 Moscú concedió 34.000 millones de dólares en créditos a Caracas para que le comprara armas, entre ellas cazas Su-30Mk2 y sistemas antimisiles S-300. El fusil reglamentario de las FANB es el AK-47, que va a fabricar en Maracay con licencia rusa. El estado de sus arsenales es, sin embargo, una incógnita. En 2022 su gasto militar fue de solo el 0,6% del PIB, según el Banco Mundial, por debajo de Colombia (3,1%) y Brasil (1,1%).

Carolina Sandoval del Washington Office on Latin America, cree que Trump quiere provocar fisuras entre los militares, pero sin que ello afecte sus prioridades energéticas o inmigratorias, además de enviar un mensaje a Rusia y China –pero también a México, Colombia y Panamá– sobre su dominio militar en el Atlántico sur.

Un petroestado en el Caribe

Los vínculos entre Estados Unidos y Venezuela se remontan casi al inicio de la era del petróleo. La New York & Bermúdez Co. fue la primera transnacional que extrajo hidrocarburos en el lago de Maracaibo, donde cuatro siglos antes los europeos vieron como los guajiros y arawaks de la zona usaban las filtraciones viscosas del suelo para calafatear sus canoas.

Entre diciembre de 1902 y febrero de 1903, una veintena de barcos de guerra ingleses, italianos y alemanes bloquearon los puertos venezolanos para obligar al gobierno de Cipriano Castro (1899-1907) a pagar la deuda externa, que en 1896 sumaba cuatro veces los ingresos fiscales del gobierno.

Ante su negativa, bombardearon Puerto Cabello, Maracaibo y La Guaira en unas operaciones que costaron más que la propia deuda. En diciembre de 1902, Caracas pidió la mediación de Washington, que la utilizó para trazar límites que las potencias coloniales europeas, ávidas de anexionarse territorios, no debía cruzar.

En 1928 Venezuela era el segundo productor de petróleo y el primer exportador con lo que terminó convirtiéndose en un “petroestado”, el único de la región, con una economía más parecida a las de Nigeria o Irak que a las de Colombia o Brasil que generó una peculiar relación de la sociedad civil con el Estado.

Un petroestado es fuerte al tener garantizados los fondos que le permiten concentrar el poder, pero también débil al depender de una materia prima que hace creer a los venezolanos que el suyo es un país rico, cuando nunca dejó de ser un país de ingresos medios con una economía que inflaban “booms” petroleros que disparaban el consumo y el gasto público. En 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, el 3% de los trabajadores venezolanos generaba el 90% de las exportaciones.

Una historia de dispendio

En unos pocos años, Chávez nacionalizó las telecomunicaciones, la electricidad, el hierro, el acero y el cemento, supermercados, hoteles, bancos y fábricas de vidrios, fertilizantes, lubricantes y tres millones de hectáreas de tierras. Entre 2006 y 2013, la deuda externa pasó de 50.000 a 150.000 millones de dólares.

El fin de la bonanza petrolera desvaneció el espejismo. El PIB se contrajo un 70% entre 2014 y 2018, cuando la inflación superó el 130.000%. En 2019 cayó al 19.000%, al 2.355% en 2020, 1.533% en 2021, 320% en 2022 y 193% en 2023.

En 2021, por primera vez desde 2014, la economía creció: primero un 2,5%, otro 12% en 2022 y 4,5% en 2024, tasas que convencieron a Maduro que podía ganar las elecciones del 28 de julio de 2014  y de las que se declaró ganador sin haber aportar una sola prueba que demostrara su supuesta victoria.

Según las actas analizadas por el Centro Carter, la opositora Plataforma Unitaria obtuvo un 67% de los votos. Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel fueron los únicos presidentes de la región que asistieron a su toma de posesión, al lado del presidente de la Duma rusa, Viacheslav Volodin, y el vicepresidente de la Asamblea Popular china, Wang Dongming.

Los árbitros del poder

La cúpula militar, que integran 2.100 generales, sigue siendo el árbitro último del poder. El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, es el tercer pilar del triunvirato que comparte con Maduro y Diosdado Cabello, el poderoso ministro del Interior y número dos del régimen chavista.

Desde el principio, Chávez comenzó a politizar a las fuerzas armadas para blindarse contra golpes internos a través de un sistema de rotaciones, purgas y ascensos en las FAN, que en 2007 fue redefinida como un cuerpo “popular y antiimperialista” y rebautizada “bolivariana”.

En una entrevista que concedió en 2002 Chávez, que llegó a teniente coronel,  señaló que su objetivo siempre fue la alianza cívico-militar: “El pueblo es al ejército como el agua al pez. Eso es Mao”, dijo. Para asegurarse su lealtad Maduro ha otorgado a los militares todo tipo de prebendas y privilegios: ascensos vertiginosos, condecoraciones, viviendas…

El chavismo cuenta además con una sofisticada ingeniería electoral que viene perfeccionado desde hace 25 años. Con el fraude del 28 de julio, Maduro, formado en la escuela del Partido Comunista cubano, dejó claro que renunciaba a cualquier pretensión de legitimidad democrática.

Militares activos o en retiro controlan la provisión de alimentos, la energía, el metro de Caracas, la minería, la producción de aluminio, acero y hierro, los puertos y las aduanas y el transporte de carga aéreo. Si cae Maduro, caen todos.

Así, el triunvirato puede jugar al gato y el ratón con la oposición y la boliburguesía seguir enriqueciéndose con negocios turbios a la sombra del poder. Los “apellidos”, como los llama Maduro, entre ellos los Vollmer, Velutini, Mendoza y Cisneros, han alcanzado un cierto modus vivendi con el régimen.

Los corresponsales describen a Caracas como una ciudad abatida y resignada mientras espera una intervención militar que no llega nunca. Trump, que ha ordenado retirar la protección temporal que tenían los inmigrantes venezolanos en EEUU, hace un doble juego: acosa militarmente a Maduro pero negocia con él licencias para que Chevron, que ya envía crudo pesado venezolano a sus refinerías en Texas y Luisiana, opere en la cuenca del Orinoco y acepte vuelos de deportados.