La apuesta por la presencia exterior de España pasa por mantener un elevado perfil político de la cooperación al desarrollo. Para ello, se necesita identidad propia y visión estratégica en una política que debe buscar el logro de mejores niveles de calidad de la ayuda.

Durante las semanas de campaña electoral previas a las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el entonces candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, insistió, en repetidas ocasiones, en dos aspectos clave para la X Legislatura. Por un lado, hay que “hacer las cosas bien”, lo que parecería traducirse en mejorar la calidad, la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos prestados por la administración central; y esto, además, en una época de recortes presupuestarios. Por otro, en diversas entrevistas, dejó entrever el acento económico que tendría el nuevo gobierno, algo que se trasladaría también a la acción exterior.

La formación de un gobierno reducido –en número de ministerios y de secretarías de Estado–, pero con diversos departamentos económicos –un ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, uno de Economía y Competitividad, uno de Industria, Energía y Turismo y el nombramiento de un ministro con experiencia en asuntos monetarios europeos al frente de la cartera de Asuntos Exteriores y de Cooperación– parece confirmar la apuesta del nuevo gobierno por la austeridad y las reformas económicas como medidas para salir de la actual crisis, y por Europa como el lugar protagonista de la política exterior.

La pregunta ahora es qué lugar ocupará la política de cooperación internacional entre las nuevas prioridades, y cuáles serán sus principales objetivos. La definición de esta política pública ha de producirse, además, en un contexto internacional convulso y teniendo en cuenta que hay una serie de cuellos de botella en el sistema español de cooperación…