El 23 de septiembre de 2026, Marruecos celebrará sus sextas elecciones legislativas bajo el reinado de Mohamed VI y las cuartas desde la reforma constitucional de 2011. Esta reforma, impulsada en el contexto de las movilizaciones del Movimiento 20 de Febrero, revitalizó la esperanza de una democratización tras el fracaso de la alternancia “otorgada” de 1998. Más allá de la esperanza que suscitó, la nueva Constitución reforzó los poderes del Parlamento y del gobierno, y amplió los espacios de participación política, así como la esfera de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivos.

Por otra parte, el reinado de Mohamed VI se caracteriza por la periodicidad en la organización de las elecciones y por la adopción de marcos jurídicos y normativos con el fin de regular su desarrollo. Esta dinámica también ha favorecido que la representación de las mujeres y los jóvenes en la Cámara de Representantes haya mejorado.

A pesar de la dinámica constitucional y la regularidad de las citas electorales, estos cambios no han conducido ni a una democratización efectiva ni al surgimiento de élites políticas capaces de poner en marcha reformas estructurales que respondan de manera relevante a las expectativas sociales. Los marroquíes jóvenes y no tan jóvenes siguen movilizándose fuera de las urnas para reivindicar mejoras en materia de educación, sanidad, acceso a la justicia y empleo, así como una reducción de las diferencias sociales y territoriales. Esta brecha revela los límites de una institucionalización del juego electoral que, si bien refuerza la estabilidad del régimen, tiene dificultades para producir políticas públicas que sean a la vez eficaces e inclusivas.

De cara a las legislativas de 2026, surge una cuestión central: ¿estas elecciones marcarán una diferencia o se inscriben en la continuidad de una secuencia electoral en la que los actores se renuevan y…