Alfombra Roja: Mehriban Aliyeva

AIDA ALBERTOS GOYOS
 |  14 de abril de 2017

El 21 de febrero el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, anunciaba el nombramiento de Mehriban Aliyeva, su esposa desde 1983 y figura pública reconocida, como primera vicepresidenta. El cargo no estaba ocupado: fue creado expresamente en el referéndum de septiembre de 2016, pensado para reemplazar al presidente en caso de fallecimiento o incapacidad.

La presidencia del país ha estado en manos de la familia Aliyev desde que un golpe de Estado militar en 1993 derrocó al presidente electo y puso a Heydar Aliyev, un antiguo miembro de la KGB, al mando. Cuando este muere en diciembre de 2003, su hijo le releva, a esas alturas ya casado con Mehriban Pashayeva, según su nombre de soltera. La familia Pashayeva era y es una de las más poderosas del país de acuerdo a Wikileaks, con múltiples propiedades y negocios. “Una familia de intelligentsia”, como la describen en la página oficial de Aliyeva, cuyas posibilidades económicas le permitieron estudiar medicina en Moscú.

Aunque a través de Wikileaks sabemos que los diplomáticos estadounidenses veían a la primera dama “pobremente informada sobre asuntos políticos”, tiene una fuerte trayectoria pública. Desde 2004 milita en el partido Nuevo Azerbaiyán (Yeni Azerbaijan Party), llegando a su vicepresidencia en 2013. Además, ha tenido numerosos reconocimientos, nacionales e internacionales (desde 2004 es embajadora de buena voluntad de la Unesco) por su labor al frente de fundaciones caritativas, deportistas y promotoras de la cultura azerbaiyana.

Sin embargo, su elección se ha llevado a cabo en un contexto de protesta social, dentro de la escalada de desafección ciudadana incrementada por los primeros Juegos Europeos celebrados en Bakú, la capital, en 2015. Al poner al país en el foco de atención internacional, no se pudo evitar el escrutinio.

La acumulación de riqueza de la familia Aliyev es la primera fuente de críticas. En 2010, el capital de sus tres hijos ascendía a los 75 millones de dólares, según un artículo de The Washington Post, principalmente en propiedades ubicadas en Dubái. Con los papeles de Panamá se abrieron nuevas líneas de investigación, aprovechadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que destaparon todo el imperio económico offshore vinculado al presidente y su mujer. Todo ello agravado por la falta de transparencia, pues ni ella ni su marido han declarado sus riquezas netas, y por la ola de privatizaciones que ha acompañado la presidencia de Aliyev desde 2003, puesta en marcha por el ministro de economía.

Los críticos con el régimen no solo denuncian la ilegalidad del nombramiento, dada la legislación anticorrupción del país que prohíbe que altos cargos contraten a familiares en puestos subordinados; sino que recuerdan la existencia de leyes que condenan el nepotismo por cargos públicos hasta con 12 años de cárcel, y prohíben a su vez que estos tengan negocios en el extranjero. Todo esto parece no importar a las autoridades del país, enriquecido rápida y abundantemente por el petróleo.

 

Mano dura

Pero el nombramiento de Aliyeva no ha sido la única decisión política que ha enturbiado la paz social en Azerbaiyán. El presidente ha venido ampliando los poderes de su cargo a través de una serie de referéndums que no han sido considerados “libres o justos por los observadores internacionales”. En 2002 allanó el terreno para que futuros referéndums fueran más fáciles de aprobar; y en el de 2009 se anuló el límite de dos ejercicios para la presidencia, y se añadió una cláusula sobre el “derecho a la inmunidad personal”, tachada por activistas y periodistas como una herramienta para mantener a la prensa alejada de los asuntos familiares.

Todo esto ha recibido una contestación desde la sociedad civil, elevando los niveles de represión policial y detenciones como respuesta. Se acumulan los casos de periodistas que, en su empeño por sacar a la luz los trapicheos económicos y políticos de la familia Aliyev, terminan en prisión preventiva durante un tiempo indecentemente largo. Así las cosas, en mayo de 2016, Human Rights Watch señalaba a Bakú por su mano dura sobre periodistas y políticos de la oposición. Uno de los casos más sonados fue el de la periodista de investigación Khadija Ismayilova, que pasó 17 meses en prisión.

La primera dama, ahora también primera vicepresidenta, parece flotar sobre este revuelo, maquillando la realidad del país y aprovechando las posibilidades del cargo. En 2015, ante la pregunta de una periodista francesa sobre las detenciones políticas, respondía indignada: “¿Por qué dices eso? No es verdad”.

La unión de esas dos grandes familias ha conseguido un afianzamiento en el poder, cada vez más similar a una monarquía, haciendo caso omiso de las reivindicaciones populares y de las organizaciones internacionales. La riqueza petrolera nacional facilita este orden de cosas, y la pregunta es hasta dónde está dispuesta a aguantar la sociedad.

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