El año de Martín Vizcarra en Perú

El 23 de marzo de 2018 Martín Vizcarra, hasta entonces vicepresidente de Perú, asumió la presidencia de la república, dada la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a raíz de las revelaciones acerca de la epidemia de sobornos entregados –en el país, como en otros de América Latina– por la empresa brasileña Odebrecht. En sus ocho meses de gobierno se han marcado dos etapas claramente diferenciadas.

En la primera, entre marzo y junio, el gobierno pareció continuar las líneas trazadas por su antecesor: obra pública y un acuerdo con la oposición liderada por la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, cuya imposibilidad era predecible. En correspondencia, la aprobación ciudadana se mantuvo en niveles modestos, alrededor de un tercio de los encuestados. En la segunda, iniciada en julio, se han desplegado un conjunto de iniciativas que han arrinconado a la representación parlamentaria en el Congreso y han gestado un alto nivel de esperanzada satisfacción que las encuestas recogen. Pero quienes creen que el futuro del país depende de su institucionalidad, han empezado a preguntarse quién o quiénes deciden el rumbo político del país y cuál es exactamente el objetivo.

Referéndum y cambio del tablero

A mediados de año se produjo una revelación escalonada de grabaciones telefónicas que pusieron a la luz las relaciones existentes entre políticos del fujimorismo –que entonces controlaba el Congreso–, autoridades del sistema de justicia, empresarios de dudosa legalidad y grupos del crimen organizado. El malestar ciudadano creció al ritmo de las publicaciones y desembocó en una indignación generalizada, que se manifestó en marchas y protestas.

Vizcarra evaluó las posibilidades que esa crisis le abría y tomó la iniciativa de anunciar un referéndum en torno a cuatro reformas constitucionales, que remitió al Congreso para su aprobación previa a la consulta. La lentitud en el trámite parlamentario halló remedio cuando voceros presidenciales anunciaron que se hacía “cuestión de confianza” de la propuesta y recordaron que, si era rechazada, el presidente estaba facultado constitucionalmente para disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones para elegir parlamentarios. La cuestión de confianza fue aprobada y, en octubre, la propuesta de referéndum también.

La primera de esas reformas se destinó a cambiar al órgano encargado del nombramiento de jueces y fiscales. La segunda se refirió al establecimiento de un régimen de regulación de la financiación de los partidos públicos. Ambas reformas tenían que ver directamente con los escándalos producidos. La tercera buscó prohibir la reelección inmediata de los congresistas y la cuarta consultó la posibilidad de restaurar el Senado como segunda cámara.

Vizcarra pidió votar afirmativamente por las tres primeras y rechazar la cuarta debido a que el Congreso cambió el sentido de esta para permitir que los actuales congresistas pudiesen ser candidatos a senadurías. El 9 de diciembre, con 72,5% de participación ciudadana, los resultados fueron: aprobar las tres primeras con más de ochenta por ciento de votos y desaprobar la última. Este mes, la aprobación de Vizcarra subió hasta sumar dos tercios de los entrevistados.

Paralelamente, la bancada fujimorista en el Congreso se está desgranando poco a poco y el presidente del legislativo, que pertenecía a ese sector, ha tomado distancia de él. El éxito del referéndum y el de Vizcarra corresponden, precisamente, a una ofensiva política contra la obstrucción del fujimorismo en el Congreso –que así ha resultado identificado con la defensa de la corrupción– y con la promesa de un cambio radical en los poderes legislativo y judicial.

El riesgo de la desinstitucionalización y las sospechas

La cuestión, planteada primero por el analista Fernando Rospigliosi, es quién se halla detrás de esta estrategia que, según algunos anticipan, buscaría colocar a Vizcarra en una posición sobresaliente como candidato presidencial en 2021. Un detallado informe del destacado periodista de investigación Ricardo Uceda acaba de hacer notar que las decisiones estratégicas del gobierno no son adoptadas por el consejo de ministros, cuyos integrantes se enteran de ellas momentos antes de ser anunciadas públicamente.

Hasta comienzos de 2018, Vizcarra tenía una experiencia política limitada a la exitosa conducción, como presidente de región, de una pequeña circunscripción al sur del país. ¿Es él solo quien diseña y adopta la audaz y exitosa estrategia actual del gobierno, apoyándose solamente en “comisiones de notables” que nombra directamente para aconsejarlo? ¿Hay un grupo de asesores no identificados, que trabajan bajo control exclusivo del propio presidente? Las preguntas no corresponden a mera curiosidad sino a la preocupación por el grado de desinstitucionalización presente en un manejo gubernamental cuyo rumbo no depende de ninguna entidad visible y que rinda cuentas públicamente, tenga o no origen electoral.

El hecho de que la acción de persecución de delitos de corrupción esté centrada en adversarios políticos del gobierno, si bien parece fundada en datos y testimonios ciertos, alimenta sospechas. Que resultan reforzadas por algunas declaraciones presidenciales acerca de lo que debe o no ocurrir en el ministerio Público, que son inapropiadas si no impertinentes en un régimen de separación de poderes.

Llama la atención especialmente que, siendo así que algunos sujetos que no militan en la oposición también podrían ser comprendidos en las pesquisas, hasta ahora no se hayan visto afectados por las investigaciones policiales o las averiguaciones de los fiscales a cargo. Tanto las medidas de detención en prisión preventiva contra Keiko Fujimori y su círculo de confianza, como las investigaciones fiscales sobre Alan García, parecen contar con buena base pero ¿acaso solo ellos están envueltos por el barro que surge inconteniblemente del escándalo Odebrecht?

Cierta selectividad en la investigación de la corrupción –sin duda muy extendida en el país y en el aparato del Estado– lleva a algunos observadores a reparar en un Vizcarra que se halla en una suerte de campaña permanente. Con sus viajes a todo el país, puede haber empezado una campaña electoral no declarada, en preparación de su candidatura presidencial para la siguiente elección, al tiempo de que sus posibles adversarios deben enfrentar a la justicia.

Demandas por satisfacer

La falta de institucionalización en la actuación del gobierno y las posibles motivaciones electoralistas anticipadas son asuntos de relativa sofisticación, propios de politólogos y comentaristas. Si bien, en su momento, los especialistas abrirán una discusión acerca de la constitucionalidad de que Vizcarra, estando en ejercicio de la presidencia, pueda postular como candidato, por ahora la agenda es otra.

Al juicio ciudadano lo que importa es la actuación del gobierno en los restantes dos años y medio del actual periodo. Esa actuación habrá de fortalecer a Vizcarra o, por el contrario, descartarlo de las preferencias populares; esto último es lo que ha ocurrido con sus antecesores en los últimos 30 años, todos procesados o investigados judicialmente.

La economía del país sigue creciendo y, según CEPAL, 2018 debería haberse cerrado con un envidiable 3,9%. Los obstáculos políticos se han reducido notoriamente con una oposición a la defensiva, mientras algunos de sus líderes están detenidos por casos de corrupción. No hay, pues, excusas para que el gobierno deje de atender a viejas demandas ciudadanas insatisfechas, en el centro de las cuales está poner atajo a la inseguridad ciudadana y a la corrupción. Vizcarra intentará hacerlo pero las expectativas que enfrenta –y que él mismo contribuyó a generar– acaso sean muy altas. Si su gestión no las satisface, el éxito de 2018 podría convertirse en el desastre de 2019.