Transportar narcóticos es un delito; no constituye un acto de guerra ni un episodio de “narcoterrorismo”, como lo califica la Administración de Donald Trump. Según las Convenciones de Ginebra y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los presuntos delincuentes –incluso capturados in fraganti– deben ser detenidos siempre que sea posible, y no ejecutados sin proceso judicial.

La protección de náufragos o heridos en el mar es un principio humanitario elemental. Aunque el Congreso estadounidense no ha declarado ninguna guerra, la Casa Blanca sostiene que el país libra un “conflicto armado” contra organizaciones criminales responsables, según su narrativa, de envenenar cada año a millones de ciudadanos. Bajo esa interpretación, sus capos, sicarios y transportistas se convierten en “combatientes” y, por tanto, en objetivos militares legítimos.

Sin embargo, los familiares de las víctimas aseguran que eran pescadores. En noviembre, un reportaje de Associated Press reveló la identidad de algunas de ellas: residentes de pequeños pueblos costeros del oriente venezolano, entre los que figuraban un excadete militar y un conductor de autobús. La mayoría realizaba el viaje por primera o segunda vez, rumbo a Trinidad y Tobago, Aruba u otras islas, a cambio de unos 500 dólares.

Los protocolos policiales internacionales establecen que las guardias costeras deben detener y capturar a las tripulaciones de embarcaciones sospechosas, recurriendo al disparo contra la propulsión solo en casos extremos para inmovilizar la nave. En Estados Unidos, la pena máxima contemplada para el narcotráfico es la cadena perpetua, como la que cumple Joaquín “El Chapo” Guzmán en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Las imágenes del ataque del 2 de septiembre, difundidas por The Washington Post, muestran que dos de las once personas que viajaban en la lancha sobrevivieron inicialmente al primer impacto de misil y permanecían aferradas…