La propuesta de Rutte respondía directamente a las presiones del presidente estadounidense Donald Trump, planteando una subida de la inversión en defensa a un 3,5% del PIB, con un 1,5% adicional destinado a gastos relacionados con la seguridad. Estados Unidos ha insistido en este objetivo, argumentando que es necesario para garantizar la capacidad de defensa europea frente a amenazas crecientes, especialmente la rusa.

En una carta enviada la pasada semana a Rutte, Sánchez calificó de “irracional” y “contraproducente” alcanzar dicha meta del 5%. El presidente español argumenta que esta medida no solo perjudicaría a los servicios públicos y al estado del bienestar español, sino que también dificultaría los esfuerzos europeos por desarrollar una autonomía estratégica propia en materia de defensa y seguridad.

Actualmente, España se sitúa muy por debajo de los objetivos planteados por la OTAN, con un gasto cercano al 1,3% del PIB, uno de los más bajos entre los aliados. Pese a haberse comprometido recientemente a alcanzar el 2% fijado en la cumbre de Gales en 2014, Sánchez asegura que el país cubriría plenamente sus necesidades defensivas con un gasto del 2,1%. A principios de este año, España anunció un plan industrial y tecnológico para defensa valorado en 10.500 millones de euros, con el objetivo de cumplir con ese porcentaje del 2% antes de finalizar 2025.

La negativa española ha preocupado particularmente porque llega en el peor momento que ha atravesado Sánchez como presidente del Gobierno, en medio de escándalos de corrupción que afectan a sus personas más de confianza en el partido y en el ejecutivo. Esta situación impide cualquier acuerdo presupuestario, especialmente ante la resistencia de los socios de la coalición gubernamental, como la plataforma de izquierda Sumar y el apoyo externo de Podemos, a incrementar el gasto militar.

Aunque España es el único país…