El desencadenamiento de la fase de combate terrestre en Ciudad de Gaza ha sido el último plan para hacerse con el control del territorio palestino. Fuentes israelíes estiman que ya han salido de la urbe unas 300.000 personas (del millón que malviven en la ciudad), expulsadas de sus precarios hogares y obligadas a buscar un lugar seguro donde puedan satisfacer sus necesidades más básicas.

Las que han decidido quedarse saben que se han convertido en “objetivos legítimos” para las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), al ser considerados terroristas. Las FDI calculan que necesitarán de cuatro a seis meses para controlar plenamente la ciudad, un plazo en el que se seguirán produciendo violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, así como de las normas más básicas de la guerra.

Al mismo tiempo, y sin olvidar las frecuentes violaciones de la soberanía nacional de Líbano, Siria, Irán, Yemen y Catar, Israel sigue dando pasos para anexionarse la práctica totalidad de Cisjordania, con el arranque de la construcción de nuevos asentamientos en la denominada zona E1. El propio Netanyahu ha despejado dudas con sus recientes declaraciones en el asentamiento de Maale Adumin (un nuevo proyecto que se suma a los dos centenares ubicados en Cisjordania y Jerusalén y habitados por unos 700.000 colonos), al afirmar que “vamos a cumplir nuestra promesa de que nunca habrá un Estado palestino, porque este territorio nos pertenece”.

Simultáneamente comienza a definirse otro cerco que va colocando a Israel en una posición indeseada para cualquier Estado. Es cierto que Netanyahu sigue contando con el respaldo estadounidense, evidenciado en la presencia en Jerusalén del secretario de Estado, Marco Rubio, en el momento en el que arrancaba la operación de asalto a Ciudad de Gaza.

Pero también lo es que se multiplican los gestos de presión internacional,…