En 2022, la fallida convención constituyente chilena que presidió la lingüista mapuche Elisa Loncón tomó el ejemplo neozelandés como una referencia para las relaciones que propuso entre el gobierno central y los pueblos originarios. Las ciudades del archipiélago oceánico tienen la mejor calidad de vida del mundo. En 2017, para proteger sus ecosistemas, el Parlamento reconoció la personalidad jurídica del río Wahnganui.

Los maoríes (unos 5,3 millones y el 20% de la población) consideran a los ríos entidades vivas (te awa tupua), pero los legisladores laboristas sostuvieron que las leyes civiles no necesitan compartir la cosmología maorí o el llamado “animismo legal”; solo tener en cuenta que sus creencias pueden aportar pautas prácticas para formular políticas públicas.

En su último acto público en enero de 2023, Ardern –que dimitió antes de concluir su mandato por el desgaste político que causó la pandemia a su gobierno–, apareció con una capa tradicional maorí, cuyas danzas y rituales han incorporado los equipos de rugby y las selecciones deportivas nacionales.

En su momento, Ardern propuso entregar el control de las infraestructuras hídricas a las tribus maoríes y rebautizar el país con su nombre nativo, Aotearoa. Ambas iniciativas no salieron adelante por falta de apoyo parlamentario y popular.

Nueva Zelanda, como Canadá y Australia, ha acusado también el impacto de la ola conservadora proveniente de EEUU, adversa a todo lo que suene a discriminación positiva (affirmative action) de las minorías y a convertirlas en las víctimas que definen la normatividad.

Desde que llegó al gobierno al frente de una coalición conservadora, Christopher Luxon, ha revocado varias de las medidas del gobierno laborista sobre el uso y enseñanza de la lengua maorí en las escuelas públicas y cerrado un organismo de salud dedicado exclusivamente a la atención de maoríes.

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