Hace un año Colombia vivió grandes movilizaciones que revelaron el profundo descontento social de diferentes sectores. Las protestas tuvieron un carácter transversal; se unieron las universidades privadas, los indígenas, los jóvenes de los barrios deprimidos, e incluso en los barrios más exclusivos la indignación se hizo escuchar a golpe de cacerolazo. Un año después, siete de cada 10 colombianos creen que las marchas y el paro nacional de abril de 2021 estaban justificados, según la encuesta de opinión pública del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Asimismo, la evolución de la aprobación del presidente, Iván Duque, respalda la tesis de que el enfado ciudadano se mantiene vivo. En el momento de las protestas desaprobaba su gestión el 76% de los colombianos, y en marzo de 2022, el 73%, según la encuestadora Invamer.

Es importante tener en cuenta que el actual presidente ha sido el más votado de la historia de Colombia, un dato relevante no solo para observar la pérdida de apoyo a lo largo de su mandato, sino para prever el escaso crédito que tendrá su sucesor para mantener la confianza de los ciudadanos. Tal como señalan las encuestas, la percepción general es que los colombianos están enfadados, y no les faltan las razones. Como el resto del mundo, han aguantado dos años de una pandemia disruptiva de todo lo conocido como “normalidad”. En Colombia, además, se alargó y las medidas de contención fueron especialmente duras; se ensayaron distintos tipos de confinamiento; se establecieron medidas de restricción en el acceso al comercio y, más grave aún, la educación estuvo cerrada a la presencialidad durante casi dos años. Hasta febrero de este año no volvieron a las aulas todos los estudiantes; los últimos, los más vulnerables.

El hartazgo no es solo ante las medidas de protección y contención; es sobre todo ante la fragilidad de los sistemas de apoyo para superar las dificultades. Colombia, al igual que el resto de América Latina, sufre desde hace tiempo un proceso de desaceleración económica y déficit fiscal. El margen de acción para generar políticas de rescate a los más perjudicados era muy limitado.

Sin embargo, en Colombia hay algo más que hartazgo. Hay un desgaste de la capacidad de representación de la política tradicional: de la derecha que durante tantos años fue capaz de movilizar el voto con sus propuestas de mano dura para enderezar el rumbo del país; también de un centroderecha que encaminó el acuerdo de paz. El fin de las hostilidades con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no pudo sentar las bases para una paz positiva donde el Estado consiguiera el monopolio de la fuerza y se produjera un pacto político que diera lugar a las transformaciones sustantivas necesarias para el país.

El próximo presidente de Colombia tendrá que lidiar con estos desafíos estructurales. Sin embargo, nada es igual desde marzo de 2020 y el reto es encontrar soluciones nuevas, alineadas con el acuerdo de paz, con la movilización ciudadana y con un nuevo escenario internacional. En este…