La crisis económica que comenzó en 2008 ha tenido una repercusión social significativa en el ámbito migratorio en la Unión Europea. Espoleados por la crisis de la banca, los diversos gobiernos europeos comenzaron políticas de recortes en los servicios públicos y liberalizaciones del mercado laboral. La consecuencia más directa ha sido un aumento de las tasas de desempleo y de la precariedad en muchos países de Europa, sobre todo en los periféricos. Esto ha provocado la intensificación de flujos migratorios económicos en Grecia, España, Portugal e Italia, por ejemplo, hacia otros países de la UE y, en muchas ocasiones, a destinos más lejanos.

En España estas políticas han provocado la inversión de los flujos migratorios, tanto de personas extranjeras como con nacionalidad española. Este hecho resulta paradójico, ya que España se había convertido, a partir de la primera década del siglo XXI, en un país receptor de inmigrantes, llegando estos a representar hasta un 12% de la población total. Además, tras su larga historia como país emisor de emigración en las sucesivas olas de los siglos XIX y XX, España había acabado por tener un relativo equilibrio en los flujos migratorios de salida y de retorno de nacionales. Sin embargo, en los años posteriores al estallido de la crisis ambos fenómenos se invierten: la pérdida de empleo masiva en sectores como la construcción primero, arrastrando a muchos otros sectores después, supone la salida de muchos inmigrantes (se estima que hasta 2,5 millones han abandonado España a día de hoy). Posteriormente, la política de recortes de empleo público y la precarización del mercado laboral provocaron que el fenómeno cobrara relevancia en la emigración española: a partir de 2009 comienzan a salir de manera notoria más españoles de los que retornan, hecho que se intensifica rápidamente en los años posteriores y que…