En febrero de 2016 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó Washington con un doble objetivo: en primer lugar, conmemorar junto al presidente Barack Obama los 15 años del Plan Colombia, un masivo programa de asistencia de Estados Unidos que –a pesar de sus limitaciones– contribuyó a que el país suramericano lograra superar una crítica situación de seguridad. Pero Santos y Obama también conversaron sobre el futuro, en particular sobre el papel de EEUU en la nueva etapa que comenzará en Colombia cuando se firme el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tras más de cinco décadas de conflicto armado.

Las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC comenzaron en 2012 en La Habana y han tenido el apoyo del gobierno de EEUU, que designó a un representante especial para participar en el proceso a petición de ambas partes. América Latina también ha manifestado su total respaldo, incluyendo la presencia de Cuba como país garante de las conversaciones, junto con Venezuela y Chile como acompañantes. En estos casi cuatro años, el gobierno y las FARC han logrado acuerdos sobre los asuntos más conflictivos, incluyendo el punto más delicado; un mecanismo de justicia transicional que combine la necesidad de terminar la lucha con el imperativo de lograr reparación y justicia para las víctimas. Sin duda, Colombia y todos los países del hemisferio coinciden en destacar la importancia de la paz, pero existen opiniones encontradas acerca de lo acordado hasta el momento. Para muchos, sobre todo dentro pero también fuera de Colombia, el gobierno de Santos ha cedido demasiado. Temen que los crímenes cometidos por la guerrilla en estas décadas –incluyendo los de lesa humanidad– queden impunes.

Estos y otros cuestionamientos estarán en el centro del debate colombiano cuando se llegue…