La espectacular apertura comercial que se ha negociado y concluido a finales de 1993 está en línea con las convicciones de los gobiernos españoles en favor de una expansión ordenada del comercio internacional.

En los últimos años España ha predicado la libertad comercial con el ejemplo. Desde 1985, es decir, a partir de su ingreso en la entonces Comunidad Europea (CE), los aranceles y otras prácticas restrictivas han ido desapareciendo no sólo frente a los otros países miembros de la CE, sirio también frente a terceros. La adopción del arancel externo comunitario en sustitución del español ha ofrecido a los restantes países una importante reducción arancelaria junto a las ventajas de un mercado interno en expansión.

La liberalización ha continuado con la entrada en vigor del Mercado Único y se consolidará frente a los países ajenos a la Unión Europea (UE) o a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en virtud de la conclusión de la Ronda Uruguay. La liberalización no sólo continúa referida a los artículos industriales, sino que se extenderá a los servicios y productos agrarios. Esta extensión e intensificación del libre comercio exige, naturalmente, que otros países hagan esfuerzos paralelos a la hora de facilitar el acceso a sus mercados.

En ese mundo con menores trabas a la libre circulación, es necesario que se refuercen, como el Gobierno español ha manifestado en los foros comunitarios, reglas y medidas de disciplina que prevengan conductas desleales a través de prácticas de dumping o mediante subvenciones. Las autoridades españolas también han insistido en que los signatarios de la Ronda Uruguay sean favorables no sólo a la firma de apartados específicos en los que estén interesados sino a todo el bloque de acuerdos verdaderamente negociados. Estas exigencias para todos los firmantes son esenciales a la hora de encontrar y, sobre…