En el pozo legal de Guantánamo ninguna solución será fácil. McCain y Obama se han comprometido a cerrarlo. La detención preventiva indefinida de centenares de hombres sin cargos no contribuye a la seguridad del país, ha dañado la reputación y el Estado de Derecho en EE UU.

Prácticamente todos los involucrados de una manera u otra en el asunto de Guantánamo han expresado el deseo de que se cierre la base estadounidense situada en el extremo suroriental de la isla de Cuba. Allí permanecen todavía 270 detenidos, la mayoría llevan seis o más años retenidos sin cargos y sin la posibilidad de recurrir la base de su detención.

Ante la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca en enero de 2009, se presenta la ocasión para que el objetivo de cerrar Guantánamo sea una realidad. Tanto el republicano John McCain como el demócrata Barack Obama coinciden en que el centro de detención debería cerrarse.

Pero hacerlo es complicado. Si en marzo de 2007, el secretario de Defensa, Robert Gates, declaró ante el comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que Guantánamo era una “mancha” y que había que cerrarlo, el pasado 20 de mayo reconoció al subcomité de Asignaciones del Senado que se había llegado a un “punto muerto” ante las dificultades que entrañaba el proceso. George W. Bush, que anunció en junio de 2006 que “le gustaría” ver el cierre de Guantánamo, ya ha reconocido que legará el problema a su sucesor.

El hecho es que no hay una solución clara para el problema legal creado en Guantánamo. Al parecer, sacar a una persona del marco de protección que proporciona el Estado de Derecho es más sencillo que su reintegración en un régimen legal que respete los derechos. Cualquier solución implicará decisiones difíciles y requerirá un…