Los cambios en la política fiscal introducidos entre 2009 y 2014 tuvieron un moderado impacto positivo sobre la capacidad recaudatoria de nuestro sistema y fueron coherentes con las necesidades de ingresos de España en una coyuntura tan exigente en términos presupuestarios.

España se encuentra en una delicada situación fiscal. Tiene que cumplir con los objetivos de estabilidad comprometidos, pasando de un déficit del 4,2 por cien en 2015 al 0,3 en 2018, lo que supondrá ajustes por importe aproximado de 45.000 millones de euros en total (unos 15.000 millones anuales de media). Aunque la economía crezca de manera importante en esta etapa, como apuntan las previsiones, se trata de un esfuerzo muy importante para un país que acaba de atravesar una intensa crisis con devastadores efectos en términos de empleo (la tasa de paro sigue por encima del 20 por cien), de recorte de prestaciones y servicios públicos esenciales y, en definitiva, de bienestar colectivo.

En esta coyuntura, la capacidad para alcanzar esos exigentes retos presupuestarios y, más allá de ello, promover mayores dosis de desarrollo, depende en gran medida de lo que suceda con los ingresos públicos, de los cuales aproximadamente el 90 por cien proviene de impuestos, tasas y cotizaciones (lo que se denomina ingresos tributarios en sentido amplio). Aunque el crecimiento económico implicará por sí solo un incremento de la recaudación por el aumento de las bases imponibles (más contribuyentes y mayores rentas), el sistema tributario español arrastra desequilibrios que lastran sus resultados de manera determinante y complican la tarea, en especial en materia recaudatoria y de equidad en el reparto de las cargas. Dicho con más claridad, nuestros impuestos ni recaudan cuanto deben ni son pagados con justicia.

Impuestos insuficientes…

Los impuestos nacen para recaudar ingresos con los que hacer frente a los gastos derivados…