El 12 de junio, los irlandeses rechazaron en referéndum, por 862.415 votos contra 752.451, el Tratado de Lisboa, que ya había sido ratificado por los parlamentos nacionales de 18 Estados miembros.

La población de Irlanda, el único país que debía someter la ratificación del tratado a referéndum por razones constitucionales, no llega al 0,85 por cien de los habitantes de la Unión Europea. Los que acudieron a votar apenas alcanzan el 0,45 por cien. Los que votaron “no”, el 0,24. Y la diferencia entre los que votaron en contra y a favor (109.964) representa, aproximadamente, el 0,02 por cien de la población que puede verse afectada por su voto.

A pesar de la exigua magnitud de estas cifras, y aunque muchos dirigentes europeos se hayan empeñado en quitarle importancia para rebajar el grado de preocupación de los ciudadanos, este resultado es un golpe durísimo al proceso de construcción europea, tanto por las circunstancias en que se produce como por sus posibles consecuencias. El “no” irlandés sume de nuevo a la UE en una grave crisis institucional y política iniciada hace ya tres años, cuando franceses y holandeses rechazaron el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa (TCE), con la diferencia de que ahora nadie se siente ya con fuerzas para volver a reiniciar el proceso e intentarlo de nuevo.

Irlanda es uno de los países que más se ha beneficiado de su pertenencia a las Comunidades Europeas primero y a la UE después. Cuando accedió a las primeras, en 1973, su renta per cápita era la más baja de los entonces nueve Estados miembros, aproximadamente un 62 por cien de la media. Actualmente, supera el 140 por cien de la media de los 27, sólo por debajo de Luxemburgo. En este periodo ha recibido 55.000 millones…