Cuando el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunció el proyecto de construir un nuevo canal transoceánico en su país, muchos comentaristas se lo tomaron casi como una broma. “¿Será el canal nicaragüense un cuento chino?”, se preguntó en su columna del Miami Herald Andrés Oppenheimer, subrayando que el contrato era “muy raro” y firmado con un oscuro empresario chino, sin licitación pública o un estudio exhaustivo sobre su probable impacto medioambiental.

“O bien es el proyecto de infraestructura más importante de América Latina en mucho tiempo, o el mayor fraude gubernamental de la historia reciente de la región. Sospecho lo segundo”, concluyó. La empresa de Hong Kong presidida por Wang Ping, la HK Nicaragua Canal Development Investment Co.(HKND), ya ha comenzado los estudios de viabilidad, por lo que asegura que su construcción podría comenzar en 2014 y terminar en 2020.

Según Wang, HKND invertirá 40.000 millones de dólares (cuatro veces el PIB nicaragüense) para construir un canal de 286 kilómetros que podrá dar servicio a supertanques de 400.000 toneladas de carga, lo que generará ingresos anuales por valor de 5.500 millones de dólares. El año pasado, el canal de Panamá tuvo 2.400 millones de dólares de ingresos brutos.

El gobierno de Managua estima que el proyecto podría aumentar el crecimiento del PIB en un 15% anual. El 13 de junio el Parlamento nicaragüense aprobó dos leyes que ceden a HKND durante 50 años la construcción y administración del canal, dos puertos de aguas profundas y dos aeropuertos internacionales, un gasoducto, una vía férrea y zonas libres de impuestos.

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro sostiene que Ortega ha entregado la soberanía nacional “atropellando 24 artículos de la Constitución” a cambio de “alguna jugosa transacción monetaria”.

La llamada ley Ortega-Wang fue sometida a una consulta de apenas dos días pese a que establece que Nicaragua…