El regreso de embajadores de varios países árabes a Damasco, como Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, después de que en diciembre Donald Trump anunciara la retirada de los 2.000 efectivos de sus fuerzas especiales del este de Siria, muestra su resignación ante un hecho incontrovertible: tras ocho años de guerra, medio millón de muertos y la mitad de la población desplazada, el régimen de Bachar el Asad ha ganado.

Es un gesto que refleja su temor a perder influencia en uno de los países que forjó el nacionalismo árabe moderno. Y lo peor, a manos de países no árabes como Rusia, Irán y Turquía.

Aunque desde 2011 las monarquías del Golfo formaron el frente anti-Asad, enviando dinero y armamento a las milicias suníes rebeldes, a nadie extrañaría ahora que terminen financiando la reconstrucción del país.

Las capitales árabes saben que ese dinero beneficiaría los intereses de Teherán, cuyo poder en Damasco es tan –o más– importante que el ruso. Pero la alternativa es peor: entregar sin condiciones a la antigua capital del califato omeya a cristianos ortodoxos, turcos neo-otomanos y persas chiíes.

Tampoco sería una sorpresa que Siria fuera readmitida pronto en la Liga Árabe, de donde fue expulsada en 2011, aunque todos saben que El Asad no hará ninguna concesión a cambio de su rehabilitación política. Damasco necesita la ayuda para contener las ambiciones territoriales del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien quiere aprovechar la retirada del Pentágono para consolidar un enclave bajo dominio militar turco en el norte sirio y crear una zona tapón que impida a las milicias kurdas sirias (YPG) conectar con los kurdos turcos del PKK.

En 1974, Ankara siguió un guión similar en Chipre tras la invasión del norte de la isla. Y esta vez lo hará con la bendición de Moscú,…