La carta del 16 de diciembre dirigida por Gregory Meeks, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y otros congresistas a los secretarios de Estado, Antony Blinken, y del Tesoro, Janet Yellen, para que sancionen a compañías tecnológicas cuyo software permite espiar, especialmente a políticos y disidentes, es una muestra más de la magnitud que ha alcanzado un negocio que ronda, según diversas estimaciones, los 12.000 millones de dólares.

Los congresistas acusan a NSO Group, DarkMatter, Candiru, Nexa Technologies y Trovicor, entre otras tecnológicas, de propiciar arrestos, desapariciones, torturas y hasta asesinatos de periodistas, como el de Jamal Khashoggi en 2018.

Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch y 79 organizaciones de derechos humanos han enviado una carta abierta a la Unión Europea para que sancione a la israelí NSO –con sedes europeas en Luxemburgo, Bulgaria y Chipre–, por su…