Los europeos nos enfrentamos a una situación muy compleja. Europa ha construido con mucho esfuerzo un modelo de sociedad que ha permitido alcanzar altas cotas de progreso sobre la base de unos valores compartidos que están siendo amenazados.

Hace 30 años, la desintegración de Yugoslavia trajo la guerra a las puertas de nuestras casas. Hoy, el conflicto de Ucrania nos recuerda, una vez más, el rostro de la guerra. Pero en esta ocasión nos afecta de manera más directa, ya que se amenaza la seguridad de nuestro modelo de vida y, por tanto, de nuestra libertad. Como afirmó recientemente en Madrid el alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Josep Borrell: “Europa no está en paz. Europa está en peligro”.

La respuesta desde la UE ha sido unánime y solidaria, y reafirma la necesidad de contar con una estrategia propia entendida en el sentido más amplio en cuanto a definir objetivos, medios y modos. Tenemos la obligación de protegernos y defendernos y necesitamos capacidades no solo para actuar en casos de conflicto con bajo nivel de exigencia. Europa debe contar con instrumentos que permitan disuadir y, si llega el caso, responder en todo el espectro de conflictos.

A pesar de los esfuerzos previos para mantener abiertas las opciones de diálogo quizá los europeos hayamos fallado en disuadir la agresión, pero hemos mostrado determinación en la respuesta. La aprobación de la Brújula Estratégica ratifica la voluntad política de potenciar la defensa como política comunitaria que ahora cobra protagonismo.

En el marco estratégico en el que nos movemos, necesitamos disponer de capacidades diversas para tener diferentes opciones estratégicas. Esto incluye herramientas políticas, económicas, militares y también industriales. En ese sentido, el debate iniciado hace años sobre la necesidad de aumentar las inversiones en defensa cobra actualidad y valor. La tendencia general durante los últimos tres años ha ido en esa línea, pero no es fácil ni rápido recuperarse de años de reducción de inversiones. Los países que forman parte de la Agencia Europea de Defensa (AED) invierten en defensa unos 200.000 millones de euros al año, lo que representa aproximadamente el 1,5% del PIB europeo. Un volumen notable, pero que no se corresponde con el papel que Europa debe desempeñar en el escenario mundial ni tampoco con las necesidades que tenemos para defender nuestro modelo de sociedad.

Hay que invertir más porque para garantizar la defensa de nuestras libertades se necesita una capacidad operativa que se sustenta en una industria competitiva y sólida. También debemos aprender a gastar mejor. No se trata de recibir más dinero sin actuar en paralelo sobre otros ámbitos. Es preciso racionalizar oferta y demanda. Ambas han estado excesivamente fragmentadas y han producido ineficiencias que debemos corregir.

Desde el punto de vista de la demanda, la UE ha actuado a través de algunas iniciativas como la PESCO (Cooperación Estructurada Permanente), que habrá que impulsar. En el ámbito del planeamiento de capacidades, la AED ha propiciado en los últimos años un proceso de coordinación para adecuar las necesidades operativas con las inversiones reales. Individualmente, las naciones europeas deben potenciar su colaboración en la definición de necesidades operativas conjuntas para cubrir sus carencias. Existen numerosos ejemplos de casos donde hemos acudido a suministradores externos para satisfacer necesidades similares sin una mínima coordinación.

La oferta también ha sido muy diversa y ha estado demasiado condicionada por intereses particulares que no responden a las situaciones actuales. Igualmente, las iniciativas de la Comisión Europea han permitido avanzar hacia una mayor colaboración industrial a través de iniciativas como el Fondo Europeo de Defensa que, aunque con una dotación limitada (1.200 millones de euros), plantea, entre otras cosas, favorecer la colaboración industrial y ayudar a racionalizar el mercado.

Se están dando pasos importantes para abordar cambios profundos sobre la manera en la que hemos actuado y que pasan por potenciar la coordinación y la colaboración en tres ejes: entre gobiernos, entre estos y la industria y entre empresas. Y es que la realidad muestra que solo un 11% de los casi 45.000 millones de euros anuales que los europeos destinamos a inversiones en tecnología y programas de defensa se hace en proyectos colaborativos. Nos queda camino por recorrer.

Por otra parte, Europa debe también resolver sus contradicciones internas y superar prejuicios obsoletos. Es necesario profundizar, como se está haciendo, en estrategias que favorezcan las sinergias entre diferentes sectores industriales. Hay que superar, también, las barreras a la financiación de proyectos por parte de los organismos comunitarios sin limitar el acceso a las empresas de defensa por la actividad que desarrollan. Hay que invertir más para paliar nuestras carencias y tener un mayor nivel de autonomía, pero también hay que incentivar la colaboración y favorecer el acceso a todas las fuentes de financiación.

En los últimos años, los aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno (conocidos de forma agrupada por sus siglas en inglés ESG) han cobrado cada vez mayor relevancia en la gestión empresarial, también en el ámbito de defensa. Existe un movimiento para ampliar la visión tradicional del propósito empresarial de aportar valor al accionista para que el beneficio llegue a toda la sociedad y aquí, las empresas de defensa están plenamente comprometidas.

La industria de defensa europea está haciendo un esfuerzo importante para aprovechar las iniciativas políticas lanzadas en los últimos años. La potenciación del sector es necesaria como elemento fundamental para generar tecnología, actividad económica, respaldar la actividad operativa y, también, como elemento imprescindible para proporcionar un adecuado nivel de autonomía estratégica y de soberanía para defender nuestra libertad si esta se ve amenazada.

En ese contexto, España puede y debe desempeñar un papel relevante. Desde el punto de vista político, la celebración en Madrid el 29-30 de junio de la cumbre de la Alianza Atlántica es un hito importante. Además de conmemorar el 40º aniversario de la adhesión de España al Tratado de Washington, en ella se aprobará el futuro Concepto Estratégico que, sin duda, estará influido por los acontecimientos que vivimos, pero que debe ofrecer una visión a largo plazo del papel que la OTAN quiere tener en el futuro. El esfuerzo en política de defensa común en el marco de la Unión no es contradictorio con el papel de la Alianza.

Por otra parte, España ejercerá la presidencia rotatoria del Consejo Europeo durante el segundo semestre de 2023 y, por tanto, tendrá un papel activo desde los primeros meses del año en el desarrollo de las políticas comunitarias, incluida la de defensa y su componente industrial.

Tecnología para la seguridad y la autonomía

No cabe duda de que el papel de las fuerzas armadas españolas ha sido determinante al mostrar el compromiso y la solidaridad con nuestros aliados. Pero ese papel no se entiende sin el soporte que ha proporcionado el sector industrial de defensa español que, gracias a políticas iniciadas hace ya varias décadas, desempeña, además, un papel significativo para la economía española y su desarrollo tecnológico e industrial. Conviene recordar que las empresas integradas en los cuatro sectores que representa la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) realizan una aportación directa al PIB por encima de los 16.000 millones de euros anuales y generan un volumen total de empleo directo, indirecto e inducido cercano a los 200.000 puestos de trabajo.

El sector de defensa español es, además, un activo fundamental para la generación de tecnologías de vanguardia que no solo tienen aplicación en necesidades de defensa sino que, como estamos comprobando, son muy necesarias para disponer de un nivel adecuado de autonomía estratégica, al menos en aquellos sectores, productos o tecnologías, que son críticos en momentos de conflicto. En esa línea, tanto la Estrategia Nacional de Seguridad como la Directiva de Defensa Nacional reflejan la necesidad de contar con una industria de seguridad y defensa capaz y competitiva que aporte capacidades complementarias y cuya suma nos fortalece.

La ventaja tecnológica que proporciona una industria de defensa sólida es esencial para disponer de capacidad de disuasión y también supone una ventaja competitiva para obtener la superioridad necesaria en todo el espectro de los conflictos, de tal manera que se puedan realizar y sostener las operaciones militares si llegara el caso. Se trata de un sector esencial para asegurar las capacidades operativas de las fuerzas armadas, pero sobre todo, para proporcionar los niveles de seguridad y defensa que los españoles demandan.

Parece que la situación en Ucrania ha cambiado la percepción de los responsables políticos en cuanto a la prioridad que debe darse a la defensa frente a otras políticas públicas. También los ciudadanos perciben cada vez más la necesidad de la defensa para salvaguardar nuestros principios y valores democráticos, respaldada por un nivel de soberanía tecnológica suficiente que no es posible alcanzar sin un marco financiero estable, coherente con los objetivos que como nación nos fijemos, y adecuado a nuestras posibilidades.

Quizá haya llegado el momento de plantear el problema de la financiación de nuestra defensa adoptando mecanismos legales que permitan establecer horizontes asumibles, dar estabilidad a las inversiones y previsibilidad a la actuación de las empresas. El debate sobre el incremento de nuestro esfuerzo en defensa debe verse no como un fin en sí mismo, sino como un medio para mejorar nuestra posición estratégica, y tiene que acompañarse con medidas en otros ámbitos que promuevan la necesaria colaboración entre los diferentes actores que antes apuntábamos.

Desde ese punto de vista, para aprovechar el incremento de recursos será importante mejorar nuestro modelo financiero, integrar los objetivos de política industrial en el proceso de planeamiento de la defensa, mejorar los mecanismos de gestión, adaptar las estructuras tanto de la administración como de las fuerzas armadas y de la propia industria a la nueva realidad y aprovechar nuestro talento, que es mucho y bueno.

En un momento en el que hay voluntad política y una mayor conciencia social, desde la industria tenemos que ser ambiciosos y dar un paso al frente. Somos conscientes de que estamos en un momento propicio para resolver los problemas del presente y preparar nuestro futuro extrayendo lecciones de nuestra propia experiencia. La principal es que nuestra mayor fortaleza radica en la colaboración.

Si tenemos una idea clara de lo que queremos, si nos planteamos objetivos estratégicos con una visión común compartida, y si actuamos con generosidad, seremos capaces de posicionar la industria española en un lugar relevante para proporcionar los recursos que necesita la defensa de nuestras libertades. ●