En 1950, en España residían menos de 50.000 extranjeros. En 2020 eran cerca de seis millones. Esta evolución, recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha sido sorprendente por la magnitud y la rapidez con que se ha producido. Tan solo poco después de que muchos emigrantes españoles regresaran de sus destinos europeos, y cuando todavía estaba viva la memoria de nuestros emigrantes, España inició un proceso, lento al principio y muy acelerado después, de un cambio de posición radical en el mercado de trabajo global.

No somos el único país que ha vivido este cambio radical en el mundo de las migraciones; Italia es el otro ejemplo obvio y, en sentido contrario, Argentina pasó de ser la gran receptora de inmigrantes en América Latina a principios del siglo XX a ser un país de emigrantes (muchos de ellos a España). En el proceso de conversión de España en un país de inmigración masiva cabe diferenciar, al menos, dos etapas. Una primera fase de entradas crecientes, sin grandes fluctuaciones en la llegada de inmigrantes, que comenzó tras la entrada de España en la Unión Europea. Esta primera etapa dura hasta finales de los años noventa. Sin embargo, diez años después, en 2009, la cifra de personas nacidas en el extranjero se acercó a los 6,5 millones y la proporción de inmigrantes se había elevado hasta casi el 14% de la población.

Este acelerado e intenso comienzo de nuestro ciclo inmigratorio cambió en el periodo posterior a 2010, que arranca con una clara desaceleración. La crisis económica iniciada en 2008 provocó una caída significativa de las llegadas y, durante algunos años, incluso saldos migratorios negativos, ya que parte de la población extranjera retornó a sus países de origen o emigró a terceros países. La destrucción de empleo, especialmente en sectores como la construcción, afectó directamente a la población inmigrante. Muchos especialistas dieron por finalizado el ciclo anterior de inmigración rápida y masiva. Como escribía Joaquín Arango¹: “La década prodigiosa de la inmigración en España ha terminado”.

El pronóstico falló.  A partir de 2014 se inició una recuperación progresiva, solo interrumpida brevemente en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Desde 2021, los flujos migratorios han repuntado con fuerza hasta alcanzar máximos históricos: en 2024 se registraron más de 1,28 millones de llegadas y un saldo migratorio positivo superior a 600.000 personas, según el INE. Eso ha convertido a la inmigración en el principal motor del aumento de la población, lo que ha permitido a España acercarse a los 49 millones de habitantes.

En cuanto a la composición por nacionalidades, el perfil de la inmigración ha cambiado significativamente. Entre 2000 y 2010, predominaban los flujos procedentes de Marruecos, Rumanía y Ecuador, muy vinculados a sectores como la construcción, la agricultura y determinados servicios de baja cualificación. En cambio, desde mediados de la década de 2010 se observa un claro aumento de la inmigración procedente de América Latina, con especial protagonismo de Colombia, Venezuela y Perú (sin que Marruecos haya perdido su posición predominante). Este cambio responde tanto a factores económicos como a la ventaja del idioma y a la existencia de redes migratorias consolidadas.

España como país de emigrantes

En la historia de la emigración en la España contemporánea aparecen claramente diferenciadas la “fase americana” que situaré entre 1870 y 1960 y la “fase europea” claramente centrada en el siglo XX, en concreto entre 1950 y 1973.

Entre 1820 y 1930, el mundo vivió la llamada “Era de las Migraciones Masivas”, con un desplazamiento de unos 60 millones de europeos hacia las Américas, aunque el periodo de mayor volumen migratorio corresponde a finales del XIX y principios del XX. A pesar de una ligera revitalización de las corrientes migratorias europeas en los años veinte, la era de las grandes migraciones atlánticas termina durante la Gran Depresión de los años treinta. Tras la Segunda Guerra Mundial, se consolidaron los requisitos y las barreras de entrada para trabajadores extranjeros tanto en Europa como en el resto de los países avanzados.

Los protagonistas de la primera fase de la emigración española son bien conocidos: Argentina, Uruguay, Cuba y Brasil hasta 1930 y, tras la Guerra Civil, Venezuela. En la fase europea, Francia, Alemania, Bélgica y Suiza. El ciclo emigratorio español se cierra a finales de la década de 1970 con el retorno de los emigrantes a Europa.

Sin embargo, la división en dos fases oculta elementos de continuidad claros en la emigración española de los últimos dos siglos. Por ejemplo, la emigración a Francia no se limita a la segunda mitad del siglo XX y algunas regiones, como Galicia o Canarias, muestran una participación notable y persistente en ambas corrientes migratorias.

Desmontando el mito de la pobreza

Los historiadores sabemos hoy que no era la miseria absoluta la que impulsaba la emigración, y que los individuos con menor nivel de renta, los verdaderos pobres, no forman (ni formaron) el grueso de las corrientes.

Al explicar nuestra corriente emigratoria a América, se suele insistir en el lento crecimiento de la economía española (un país relativamente atrasado en la Europa del siglo XIX) y la búsqueda de prosperidad en unos mercados en expansión. Sin embargo, con la óptica inversa, la emigración a Europa de los años sesenta se relaciona sin ambigüedades con las altas tasas de crecimiento de la economía española y con el cambio estructural acelerado. En ambos periodos, la emigración comienza cuando se inician los cambios económicos.

Subyacente a las explicaciones globales que relacionan emigración y economía en ambos periodos, sobrevuela la idea implícita (y, en muchas ocasiones, explícita) de la miseria y la pobreza de nuestros emigrantes. Claramente, nuestros emigrantes no podían ser igualmente pobres y miserables en 1890 y en 1960, por lo que debería hacernos reflexionar sobre estas explicaciones multiusos.

Los emigrantes españoles a América reaccionaron ante las diferencias salariales con el país de destino de la misma manera que otros emigrantes europeos. A pesar de que la teoría clásica de las migraciones predice que, a mayor diferencial de ingresos entre el país de destino y el de origen, mayores niveles de emigración, la relación no es tan simple. Los bajos niveles de ingresos pueden estar igualmente asociados a bajos niveles de emigración.

Emigrar es caro, no solo por el coste del pasaje, sino también por los gastos de instalación y mantenimiento durante el periodo de búsqueda de empleo, sin entrar en los costes emocionales y afectivos. La emigración es una decisión que, aunque afecte a un individuo, se toma en el seno de una familia. Es la familia la que reúne fondos (hipoteca, vende, pide prestado…) para financiar la salida. La emigración se convertía así en una “estrategia familiar de inversión”. Rara vez era una decisión puramente individual.

Hasta 1914, la emigración española estuvo condicionada por los bajos niveles de renta y, a medida que estos crecieron, la emigración aumentó.

La historia de la emigración española muestra la asociación positiva entre el crecimiento de la renta y la emigración hasta bien entrados los años ochenta del siglo XX, cuando, claramente, el nivel de renta alcanzado y la convergencia en niveles de bienestar con los países europeos vuelven poco atractiva la opción de la emigración exterior, excepto para migrantes altamente cualificados.

El perfil de los emigrantes españoles

Es bien sabido que la emigración es un fenómeno muy selectivo. Las corrientes migratorias de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX presentan características similares en cuanto a su composición. El perfil mayoritario es el de un hombre joven que viaja solo y con baja cualificación profesional. Estas características, en cuanto a sexo y edad, son comunes a todas las corrientes migratorias, salvo por los movimientos migratorios de carácter político, como el de los refugiados. Esta composición refleja que quienes emigraron pertenecían al grupo de la población que más ganaba con ello. Al emigrar en la juventud, eran capaces de maximizar sus ganancias a lo largo de su vida laboral y, al emigrar sin familia, minimizaban los costes de la emigración y maximizaban sus posibilidades de ahorro.

En el caso de la emigración a Europa, encontramos un mayor número de mujeres solas, especialmente hacia Francia y Suiza, como empleadas domésticas. En Alemania, más del 75% de los emigrantes españoles optaron por marchar sin sus familias, frente a porcentajes muy inferiores en Francia, Bélgica y Luxemburgo.

Las condiciones de acceso a la vivienda en los países receptores pueden ser una variable relevante en la estrategia de emigración familiar, así como las mayores o menores facilidades para acceder a la residencia permanente o la mayor o menor facilidad para la escolarización de los hijos de emigrantes.

Frente a la idea consolidada de que los emigrantes españoles eran analfabetos, puede resultar sorprendente para algunos que, en el siglo XIX, tenían tasas de alfabetización más altas que las de la población española en su conjunto. De hecho, las regiones de donde partían nuestros emigrantes a finales del XIX y comienzos del XX, como Asturias, Cantabria y Castilla-León, tenían niveles educativos superiores a la media. Las dos grandes excepciones a esta tendencia general son Canarias y Galicia.

Sin embargo, en Galicia, en 1910, el 66% de los varones de 16 a 20 años (los potenciales emigrantes) estaba alfabetizado, y en Asturias, para el mismo grupo de edad, el porcentaje se elevaba al 80%.  El aumento de la alfabetización facilitaba el acceso a la información y un mejor empleo en el destino.

«Los emigrantes españoles no eran absolutamente pobres ni analfabetos en su mayoría»

En el siglo XX, en la emigración a Europa, el panorama es distinto por dos razones básicas: la alfabetización en España ha crecido intensamente y los requisitos de entrada en los países europeos imponen, sobre todo en Alemania y Suiza, una cualificación profesional determinada. La mayoría de los españoles residentes en Europa a finales de los años sesenta solo poseía estudios primarios (muchos, incluso incompletos) y solo una exigua minoría poseía el bachillerato elemental. Un 40% de ellos eran obreros especializados, pero muchos obtuvieron su cualificación profesional en los mercados laborales de los países de destino.

Dos sectores aparecen como privilegiados por los inmigrantes españoles en América: el comercio y la hostelería. Los trabajos relacionados con la construcción aparecen en tercer lugar. En el comercio, el representante más típico del emigrante español en América es el dependiente y el llamado mozo de almacén. La ventaja del idioma es evidente. También abundan los oficios relacionados con la construcción, como carpinteros, herreros o pintores, y en general profesiones poco o nada cualificadas, como peones, jornaleros urbanos o estibadores del puerto.

En el caso de la emigración a Europa de los años cincuenta y sesenta, la situación es distinta, dada la naturaleza de los mercados de trabajo receptores y porque muchos españoles emigraban con contratos de trabajo para sectores y empresas específicos. El emigrante español se dirige al sector industrial de los países más desarrollados de Europa. El 72% de los emigrantes españoles en Alemania se dedicó a las industrias metalúrgicas y de transformación. En Suiza, sin embargo, el 24% se dedicó a la hostelería frente al 17% que se empleó en la industria. En Bélgica predominaron en la minería. Francia es el país donde los inmigrantes españoles presentaron la mayor diversidad profesional.

El poder de las redes

Sin negar que el proceso migratorio conlleva siempre un grado de incertidumbre, la mayor parte de los emigrantes españoles de los dos últimos siglos conocía con bastante precisión, antes de partir, los mercados de trabajo y las comunidades locales donde se radicaron.

Para la emigración americana, está bien estudiado el papel de las cadenas migratorias (el efecto de “familia y amigos”) tanto en la elección de destinos como en la adaptación al mercado laboral del país receptor. Sin embargo, con notables excepciones, la literatura presenta la imagen del emigrante español hacia Europa como alguien mediatizado por los organismos oficiales (el Instituto Español de Emigración desde 1956 y los consulados, embajadas europeas y todo tipo de organismos oficiales), lo que genera una visión histórica de los emigrantes españoles como trabajadores a merced de las decisiones de empresas, gobiernos e instituciones públicas.

Asimismo, dado que el coste del viaje y la búsqueda de empleo se realizaban a través de todo ese entramado de organismos públicos, se desprende explícitamente que no fue necesario ningún apoyo financiero por parte de la familia ni que funcionaran redes migratorias como en el siglo XIX. Se da por supuesto que todos estos organismos oficiales y las reglamentaciones legales y administrativas (tanto en España como en los países receptores) determinaron quién emigraba a qué país, en qué ciudad viviría y en qué empresa trabajaría.

Esta imagen entra en franca contradicción con dos fenómenos bien conocidos: la abultada corriente emigratoria española, al margen de los organismos oficiales, y la numerosa presencia de familias de emigrantes españoles en Europa, a pesar del escaso interés de los gobiernos europeos por la reunificación familiar.

Las estimaciones habituales nos hablan de entre un 40% y un 50%, grosso modo, de emigrantes españoles al conjunto de los destinos europeos que emigraron al margen de los canales oficiales. Por ejemplo, hasta 1968, el porcentaje de emigrantes españoles llegados a Francia al margen de los acuerdos entre la Oficina Nacional de Inmigración francesa y el Instituto Español de Emigración alcanzó el 50%, y, dentro de la emigración familiar, prácticamente la totalidad de la inmigración familiar española en Francia se realizó al margen de los organismos oficiales. Según una de las encuestas que en los años sesenta se realizaron a los emigrantes españoles en Europa, el 44% había elegido el país de destino porque tenía allí parientes y amigos, el 39% porque creía que allí se ganaba más dinero y solo el 8% porque se lo recomendaron los organismos oficiales.

Las redes actuaron entonces de manera diferente. En el caso de Francia, el empleador francés hacía llegar a las autoridades españolas las ofertas de empleo a nombre de trabajadores españoles, sugeridos a su vez por compatriotas que ya eran sus empleados. Hubo entonces complementariedad entre las regulaciones administrativas de la segunda mitad del siglo XX y los mecanismos clásicos de alimentación de las corrientes migratorias. De hecho, el proceso guarda semejanzas indudables con los billetes prepagados de la emigración transcontinental del siglo XIX y con las cartas de llamada exigidas en la Argentina de 1950.

El Estado protector

La acción tutelar del Estado respecto de los emigrantes es constante tanto antes como después de la Guerra Civil. La legislación migratoria española ha acentuado siempre el carácter tutelar del Estado. Bien porque se partía de la idea de que el emigrante español era un individuo atrasado, ignorante y que emigraba engañado. Bien porque, en general, cualquier derecho migratorio parte de la base de que el Estado debe asistir y auxiliar a los nacionales fuera de las fronteras.

En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, la emigración fue tratada legalmente como una fiebre. Como “una especie de contagio psíquico generalizado”. Como una acción irreflexiva en la que los emigrantes se vieron envueltos, incapaces de cualquier consideración racional y meditada. La actitud paternalista y asistencial del Estado franquista en su primera hora convivió con los lamentos por la marcha de nuestros jóvenes. Tuvieron que pasar años hasta que el franquismo desarrolló una visión positiva del fenómeno. Sin duda las remesas fueron de ayuda. Con todo, el franquismo mantuvo una relación compleja con el emigrante. Por un lado, la marcha de miles de españoles desmentía el mito del milagro de prosperidad que el régimen había traído consigo. Por otro, el envío de remesas se convirtió en un componente fundamental de la expansión económica, y creció la idea de que la emigración era la solución a un crecimiento demográfico muy rápido.

En ambos casos se comprueba el carácter tutelar de la legislación (desde la primera Ley de Emigración de 1907 hasta la Ley de 1971) y la constante preocupación por encauzar y regular la corriente emigratoria desde el Estado.

La principal diferencia entre la política migratoria en la fase americana y en la fase europea radica en la propia naturaleza y en las funciones del Estado. En la segunda mitad del siglo XX hay un mayor poder de los gobiernos para controlar y gestionar los flujos migratorios. Actuaban respaldados por Estados más fuertes, capaces de firmar convenios migratorios, algo que antes de la Segunda Guerra Mundial era desconocido.

«Tanto en el pasado como en el presente, la realidad de la política migratoria española se desvía constantemente de sus objetivos oficiales, lo que demuestra la fuerza de los mercados de trabajo»

Un análisis de largo plazo revela que España siempre ha tenido dificultades para alinear sus leyes con la realidad de los movimientos humanos.  De la misma manera que la política migratoria anterior a 1936 evolucionó hacia la resignación, el franquismo evolucionó desde una visión negativa y poblacionista hacia una consideración eminentemente pragmática. Tanto en un caso como en otro, el elemento fundamental que provoca los cambios en la consideración del fenómeno migratorio no es el resultado de ninguna reflexión o análisis previo sobre los posibles aspectos positivos (o negativos) de la emigración. En realidad es la propia dinámica del fenómeno migratorio la que termina por trasladarse a la política.

La Ley de Emigración de 1907 se resignó a regular un fenómeno que, en muchas provincias españolas, ya había alcanzado dimensiones masivas. Y la Ley de 1962 responde a un giro ya consolidado en la corriente emigratoria española hacia los países europeos. En otras palabras, la política se modifica e incorpora nuevos elementos después de que las corrientes migratorias experimentan cambios sustanciales que, en su mayor parte, son independientes de las leyes y normativas.

Asimismo, tanto en la emigración americana como en la europea, los gobiernos españoles mostraron graves insuficiencias en el control de los flujos de salida. Las discrepancias entre las cifras de emigración asistida, la legal, y de emigración no asistida, la ilegal para el régimen, se señalan en todos los estudios. El segundo tipo era el mayoritario en los años sesenta.

Cuando España se convirtió en un país de inmigración, la seña de identidad de nuestra política migratoria ha sido el recurso constante a regularizaciones extraordinarias. Así, la política migratoria en España ha ido por detrás de la realidad sistemáticamente y la pobreza del debate sobre las migraciones en nuestro país ha sido una constante a lo largo de todo el siglo XX, y así hasta la actualidad.

La rapidez con la que España ha pasado de país de emigrantes a uno de los países de mayor inmigración de Europa no puede hacernos olvidar nuestro pasado emigratorio. La emigración española, lejos de ser únicamente consecuencia de la pobreza o de decisiones individuales desesperadas, respondió a estrategias familiares, a oportunidades económicas y a la existencia de redes migratorias que reducían la incertidumbre del desplazamiento. Exactamente el mismo fenómeno está presente hoy en los flujos migratorios en España.

Tanto en la etapa americana como en la europea, el perfil de los emigrantes españoles se ajustó a las condiciones de los países receptores, pero ni siquiera en el siglo XIX fueron atrasados, pobres ni analfabetos. Y aunque el Estado intentó regular y dirigir los movimientos migratorios, una parte importante de la emigración española se desarrolló al margen de dichos mecanismos. Las redes sociales, los mercados de trabajo y las oportunidades económicas influyeron con mayor fuerza que las políticas oficiales.

De modo que el estudio de la emigración española permite desmontar estereotipos simplistas. Revela que, históricamente, las políticas migratorias han tendido a reaccionar a los cambios en los movimientos migratorios más que a anticiparlos. Y evidencia la dificultad de los Estados para controlar plenamente la movilidad humana.