Es necesario reflexionar sobre los retos que imponen, tanto el nuevo paradigma de sostenibilidad, como la obligación de garantizar el acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Las presiones desreguladoras que operan a nivel mundial merecen un debate profundo.

La estrategia del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha sido presionar para reducir el campo de acción de la función pública a todos los niveles, a fin de dejar mayores espacios a la iniciativa privada. Bajo esta presión, se han degradado las tradicionales funciones del Estado, como impulsor de valores de justicia y cohesión social. En los países pobres y en desarrollo se han desmontado, o cuando menos debilitado, los ya de por sí endebles servicios públicos y las perentorias políticas de protección social. Pero incluso en el mundo desarrollado, el Estado del bienestar está ya muy afectado, debido a la vigente crisis. Bajo el pretendido argumento de la austeridad, las instituciones públicas, debilitadas en sus capacidades financieras, tienden a vender los muebles, concesionando y privatizando los servicios básicos de su responsabilidad, como forma de aliviar su situación económica.

Asistimos a un proceso de progresiva ‘anorexización’ de las instituciones públicas, bajo la idea de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente. Se ha promovido la desconfianza hacia la función pública, como ineficiente, opaca y burocrática, al tiempo que se han presentado las políticas desreguladoras y privatizadoras como alternativas de modernidad, flexibilidad, eficiencia y racionalidad, glorificando las virtudes del libre mercado…