Cuando José Luis Rodríguez Zapatero afirmaba, en 2007, que España estaba “a salvo de la crisis financiera”, agencias de calificación libres de toda sospecha, además de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), alababan en sus informes “las realizaciones macroeconómicas de un país que, en el último decenio, ha acortado la diferencia entre su PIB per cápita con la media de la zona euro desde un 20 por cien hasta un 12 por cien” (OCDE); “un periodo de notable prosperidad en el que incluso se registran señales de un reequilibrio entre los factores de crecimiento, menos consumo interno, menor ritmo de la construcción, una mayor inversión empresarial y un aumento de las exportaciones” (FMI).

El debate político se ha centrado en buscar la culpabilidad del gobierno con su miopía inicial, inexplicable, imperdonable, sin añadir que los cristales de las gafas estaban empañados por la apreciación de calificados expertos. La intensidad y continuidad de los reproches ha impedido una discusión sobre las causas de la crisis, que iban más allá del ladrillo y su financiación; sin olvidar los motivos que propiciaban pelotazos y el despilfarro de recursos, incluido el de la mano de obra. El afán por el reproche también ha dificultado la aparición de propuestas razonables sobre la recuperación.

La recesión, inicialmente crisis financiera, explota en Estados Unidos y Reino Unido, precisamente donde las entidades de crédito transmitían virus desestructurados y estructurados mientras las autoridades monetarias hacían la vista gorda, confortadas por la retórica de la “exuberancia irracional”, la fórmula que tantas veces había maldecido, a posteriori, su autor, Alan Greenspan.
El Banco de España había sido algo previsor. Las entidades de crédito estaban sujetas a una provisión genérica de carácter anticíclico frente a imprevistos que comprometiesen su solvencia; además, no…