Sebastián Piñera llega al Palacio de la Moneda en el primer día de su nuevo mandato como presidente de Chile, el 12 de marzo de 2018. GETTY

Chile: entre legados y acuerdos nacionales

NICOLÁS MIRANDA OLIVARES
 |  27 de marzo de 2018

El 11 de marzo se realizó el sexto cambio de gobierno en Chile, de un presidente democráticamente electo a otro, desde que Aylwin fuera sucedido por Frei Ruiz-Tagle. Por tercera vez en la historia del país un presidente es reelegido, y por segunda vez Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) entregó la banda presidencial a Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).

Durante la campaña electoral presidencial, parte de la estrategia de la Nueva Mayoría (coalición de centro-izquierda que se encontraba en el gobierno) fue definir al candidato Alejandro Guillier como aquel que iba a continuar y profundizar las reformas que el gobierno de Bachelet había venido impulsando durante su (segundo) mandato en áreas como la educación o el sistema tributario, así como ciertas discusiones como la de identidad de género, el aborto en sus tres causales y la priorización del cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable por sobre proyectos económicos que beneficiarían a la economía, entre ellos el proyecto Dominga. En cambio, un triunfo de Piñera y de su coalición Chile Vamos se veía como un nuevo mandato, un cambio en esas reformas.

Como era de esperar, tras la derrota en la segunda vuelta del 17 de diciembre, en los últimos meses de gobierno de Bachelet y algunos partidos de la todavía coalición gobernante dedicaron parte de este tiempo a crear un relato que pretendía “defender el legado” de la presidenta, que mediante las reformas antes mencionadas, permiten tener hoy un Chile más justo, más igualitario, con más libertades y que permite compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado al medio ambiente. Asimismo, quedaron en proceso de tramitación leyes de importancia, que formaron parte del programa electoral de Nueva Mayoría, tales como la ley sobre las universidades estatales, la reforma de pensiones y la nueva ley de migraciones. Sin embargo, dos de los proyectos más importantes fueron enviados en marzo, con muy poco margen para ser discutidos y aprobados: un nuevo crédito estatal para la educación superior y el proyecto de la nueva Constitución Política.

En este contexto, y con un amplio apoyo electoral, Piñera asumió la presidencia y en su primer discurso dirigido al país, en un tono bastante conciliador, expresó que su gobierno buscará la unidad de los chilenos, reemplazando la “lógica de la retroexcavadora y el enfrentamiento por la sana cultura del diálogo, los acuerdos y la colaboración”. Señaló, además, la necesidad de combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo; mejorar la salud; aumentar los recursos y responsabilidades para los gobiernos subnacionales; modernización del Estado a partir de una revolución tecnológica, mejorando los niveles de eficiencia gubernamental; fortalecimiento de la familia, la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación familiar; y recuperar la economía y las finanzas públicas. Para finalizar, señaló la búsqueda de cinco acuerdos nacionales en “Infancia, Seguridad Ciudadana, Salud, paz en la Araucanía y un gran acuerdo nacional para llevar a Chile al desarrollo y derrotar la pobreza”.

Tanto la búsqueda de acuerdos nacionales, así como los cambios a las reformas realizadas por el gobierno de Bachelet, dependerán de la capacidad que tenga el presidente Piñera y su nuevo gabinete para negociar y ganar apoyos en el Congreso, lo que puede explicar la idea de unidad y acuerdos en su discurso. La coalición de derecha que apoya al presidente no logró mayorías absolutas en ambas cámaras. Sin embargo, este no es un escenario nuevo, ya que en su primer gobierno se vio enfrentado a una situación de minoría en el Senado. En la actual legislatura, la bancada oficialista suma 72 escaños de los 155 que componen la cámara, mientras que en el senado tienen 19 escaños de un total de 43.

Puede que la clave en la legislatura se encuentre en dos partidos: la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social, ambos muy cercanos entre sí. El primero ha estado en la coalición de centro izquierda desde el retorno democrático. Sin embargo, en esta última etapa ha vivido su propia procesión interna. Durante el último gobierno de Bachelet fue acusado de ser un freno a las reformas, y mantuvo constantes enfrentamientos con el Partido Comunista. Además, para las elecciones presidenciales y legislativas de 2017, deciden ir por primera vez con candidatos propios y no en conjunto con los otros partidos de la coalición como se había hecho, pero obtienen su peor resultado electoral. La candidata Carolina Goic obtuvo el 5,88%, y en esta nueva legislatura tendrán solo 14 diputados y cinco senadores.

Por su parte, la Federación Regionalista Verde Social tiene entre sus cinco diputados a exmiembros de la Democracia Cristiana que renunciaron para las elecciones de 2010 (con el nombre de Partido Regionalista Independiente) y legislaron en conjunto con el gobierno y la coalición de derecha en el período 2010-2014.

Las señales de estos partidos no han sido del todo claras en estos días. La Democracia Cristiana y la Federación Regionalista lograron un acuerdo con los otros partidos de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio para la conformación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El mismo entendimiento se logró entre el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia y la Democracia Cristiana para la directiva del Senado y sus comisiones. Sin embargo, a la semana siguiente, los diputados de Democracia Cristiana presentaron un proyecto de resolución para alcanzar acuerdos con el gobierno de Piñera en 13 puntos, el que fue apoyado en votación por los partidos de Chile Vamos y la abstención de la Nueva Mayoría.

De esta manera, el futuro de las reformas realizadas por Bachelet, así como los grandes acuerdos nacionales que busca impulsar Piñera, dependerá, en primer lugar, del proyecto político que la Federación Regionalista y, especialmente, la Democracia Cristiana, tengan o establezcan para los próximos cuatro años. En segundo lugar, de la capacidad de la oposición para mantenerse unida en las negociaciones con el gobierno, tanto para los posibles cambios en las reformas realizadas, así como en las que espera enviar el ejecutivo. Finalmente, de la posibilidad del gobierno de lograr acuerdos con la oposición, especialmente con la Democracia Cristiana, para impulsar su agenda legislativa.

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