Comercio UE–Marruecos y el Sáhara Occidental

La UE lleva mucho tiempo enfrentándose al complejo desafío de gestionar sus relaciones comerciales con Marruecos, tratando de equilibrar sus intereses estratégicos con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Aunque Rabat es uno de los principales socios comerciales de la UE dentro de la Vecindad, los intereses europeos van mucho más allá de las consideraciones económicas. Marruecos es visto cada vez más como un socio estratégico clave en la orilla sur del Mediterráneo, especialmente en ámbitos como la lucha contra el terrorismo y el control migratorio. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha reiterado que, según el derecho internacional, los acuerdos con Rabat no pueden aplicarse automáticamente al Sáhara Occidental, ya que su población (el pueblo saharaui) debe ser considerada una “tercera parte”.

La fase más reciente de esta larga saga se desarrolló el 2 de octubre de 2025, aunque es poco probable que sea la última. Tras una ronda de negociaciones rápida y discreta, la UE y Marruecos aprobaron una versión revisada de su acuerdo de liberalización comercial, evitando por poco su anulación por parte del TJUE. El Tribunal había declarado el acuerdo ilegal en octubre de 2024, pero concedió un período de 12 meses para ajustarlo, plazo que estaba a punto de expirar.

La Comisión procuró hacer las mínimas modificaciones posibles al acuerdo existente, en parte debido a la limitada cooperación marroquí, ya que Rabat insistió desde el principio en que el problema residía exclusivamente en Bruselas. En cuanto a los dos aspectos más controvertidos del acuerdo –la participación del pueblo saharaui y el etiquetado de los productos procedentes del Sáhara Occidental–, el texto revisado, como se explicará, no parece cumplir plenamente los requisitos –algo ambiguos– establecidos por el TJUE.

Este proceso tiene lugar en un momento en que la cuestión del Sáhara Occidental parece estar recibiendo nueva atención por parte de la comunidad internacional, y el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) debe evaluar el futuro de la misión de mantenimiento de la paz desplegada en la región.

La cuestión del Sáhara Occidental

El Sáhara Occidental es un territorio escasamente poblado, compuesto en gran parte por llanuras desérticas. Antigua colonia española, en 1963 la Asamblea General de la ONU (AGNU) lo incluyó entre los “territorios no autónomos”, estatus que mantiene hoy en día. En 1973 se creó el Frente Polisario –movimiento saharaui de liberación nacional–, iniciando una lucha por la independencia. En noviembre de 1975, tras un informe de una misión de la ONU que señalaba que la mayoría de los saharauis deseaban la independencia, el rey Hassan II de Marruecos respondió enviando a 200.000 voluntarios desarmados a cruzar la frontera y reclamar el territorio, en lo que se conoció como la “Marcha Verde”. Para evitar un enfrentamiento, España puso fin a su presencia en el Sáhara Occidental. Marruecos y Mauritania se repartieron el territorio, y estalló un conflicto armado entre ambos Estados, por un lado, y el Frente Polisario, por el otro. El Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida posteriormente por la AGNU como representante legítimo del pueblo saharaui. Tras la renuncia de Mauritania a sus reivindicaciones en 1979, Marruecos ocupó rápidamente la zona que había dejado, lo que provocó el desplazamiento de muchos civiles hacia campamentos de refugiados en Argelia.

A lo largo de los años, varios órganos de la ONU han reconocido y reafirmado el “derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación”. En 1991, Marruecos y el Frente Polisario aceptaron en principio un plan de arreglo mediado por la ONU que incluía un alto el fuego y un referéndum sobre el estatus final del territorio. A pesar de desplegarse una misión específica de la ONU (MINURSO), el referéndum nunca tuvo lugar, debido principalmente a desacuerdos sobre la elegibilidad de los votantes. Posteriormente, la política marroquí de asentamiento masivo de población en el territorio se intensificó y el nuevo rey, Mohamed VI, descartó públicamente la independencia del Sáhara Occidental.

En los últimos años, Marruecos ha consolidado su control y autoridad administrativa sobre casi tres cuartas partes del territorio, apoyándose en un muro de separación que aísla la región de Mauritania y Argelia. Rabat también ha ampliado el apoyo internacional a sus reivindicaciones, aprovechando una serie de intereses estratégicos. De hecho, el estancamiento diplomático de larga data con el Frente Polisario dio un giro radical en 2020, cuando Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización de relaciones entre Rabat e Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham. El conflicto armado de baja intensidad se reanudó y se ha intensificado recientemente. El Polisario ha llevado a cabo ataques puntuales en la parte del Sáhara Occidental controlada por Marruecos, incluidos ataques con cohetes, para demostrar sus capacidades militares, mientras que Marruecos responde principalmente con el uso de drones para atacar unidades del Polisario tras cada ofensiva, aprovechando su superioridad aérea. Mientras tanto, tras una recalibración de la postura estadounidense bajo la presidencia de Biden –que no revocó el reconocimiento de la soberanía marroquí–, la segunda administración Trump retomó el tema desde donde lo dejó la primera.

Tras el movimiento estadounidense, varios Estados han adoptado posturas similares en apoyo a Rabat, aunque sin llegar a reconocer formalmente su soberanía –entre ellos, Estados miembros de la UE (especialmente España y Francia), Reino Unido, varios países africanos (incluidos Kenia y Ghana) y actuales miembros del CSNU como Panamá y Guyana.

En este contexto, el 31 de octubre el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2797/2025, renovando el mandato de la misión MINURSO por un año más y evitando así su temida disolución. El CSNU instó además a las partes a entablar negociaciones para lograr “una solución justa, duradera y mutuamente aceptable”. Por primera vez, la resolución pidió que las discusiones se basaran en el Plan de Autonomía marroquí de 2007, reconociendo que “una autonomía auténtica podría representar la solución más viable”.

Las sentencias del TJUE de 2024

En virtud de su Acuerdo de Asociación Euromediterráneo (2000), la UE y Marruecos establecieron varios acuerdos sectoriales, incluido uno sobre la liberalización de productos agrícolas y pesqueros en 2012. Sin embargo, este acuerdo se convirtió en objeto de disputa legal al aplicarse también al Sáhara Occidental. En 2016, el TJUE dictaminó que esta extensión era ilegal, señalando que el Sáhara Occidental es un “territorio no autónomo” con un estatus “separado y distinto” del de Marruecos.

El acuerdo fue revisado en 2019, pero nuevamente rechazado por el TJUE en 2024. Sobre la cuestión fundamental de la libre determinación, la sentencia resulta bastante contradictoria. Por un lado, el Tribunal reafirmó que cualquier acuerdo entre la UE y Marruecos solo puede aplicarse al Sáhara Occidental con el consentimiento del pueblo saharaui. Además, precisó que la población actual del territorio no puede proporcionar ese consentimiento, ya que muchos no forman parte del pueblo saharaui –único sujeto titular del derecho a la libre determinación– y gran parte de este se encuentra desplazado en el extranjero. Por tanto, cualquier consulta que excluya al Frente Polisario, reconocido como representante del pueblo saharaui, no puede considerarse válida. Por otro lado, el Tribunal debilitó de forma inesperada el propio derecho a la libre determinación que había reconocido ampliamente, al afirmar que el derecho internacional consuetudinario no excluye “la posibilidad de que dicho consentimiento sea otorgado de manera implícita”. Este concepto de “consentimiento implícito” –muy frágil en el derecho internacional– exige, según el Tribunal, dos condiciones: en primer lugar, el acuerdo “no debe generar una obligación para ese pueblo”; y en segundo lugar, debe conferir “un beneficio específico, tangible, sustancial y verificable” para ese pueblo derivado de la explotación de los recursos naturales del territorio, “proporcional al grado de explotación”. El Tribunal añade que el acuerdo debe prever un mecanismo de control para verificar que los beneficios llegan al pueblo en cuestión y que la explotación de los recursos respeta el principio de desarrollo sostenible.

En octubre de 2024, en una sentencia que recuerda en ciertos aspectos su fallo de 2019 sobre productos originarios de territorios ocupados ilegalmente por Israel, el Tribunal aclaró que el Sáhara Occidental debe considerarse un “territorio aduanero” separado. En consecuencia, los productos procedentes del Sáhara Occidental deben etiquetarse como tales y no como productos marroquíes. A pesar de esta aclaración, la sentencia –emitida en un procedimiento prejudicial– no se ha aplicado aún en la práctica.

El “nuevo” acuerdo comercial

Para la UE, revisar el Acuerdo de Asociación Euromediterráneo era necesario por dos razones principales: primero, demostrar que el acuerdo ofrece “ventajas” tangibles al pueblo del Sáhara Occidental, permitiendo así considerar su consentimiento como “implícito” según los criterios fijados por el TJUE; y segundo, abordar la cuestión del etiquetado.

Para cumplir el primer objetivo, el nuevo acuerdo incluye varias disposiciones: (i) la Unión se compromete a financiar a la “región”, centrándose en sectores clave como el agua, la energía y la lucha contra la desertificación, “en línea con el principio de desarrollo sostenible”; (ii) se aplicará un mecanismo conjunto de evaluación para supervisar el impacto; (iii) la Unión incrementará la ayuda humanitaria a los campamentos de Tinduf, donde permanece desplazada la mayoría del pueblo saharaui.

Sin embargo, esta disposición suscita varias críticas. La financiación europea para la región probablemente beneficiará a la población actual del Sáhara Occidental, pero no principalmente al pueblo saharaui, teniendo en cuenta que casi dos tercios de los habitantes son “colonos de origen marroquí”. Además, estos beneficios no son “precisos” ni “proporcionales” a la explotación de los recursos naturales del territorio, como exige el TJUE. Asimismo, el principio de desarrollo sostenible solo se aplica a los proyectos financiados por la UE, no al conjunto de la explotación de los recursos. El sistema de verificación no incluye representantes del pueblo saharaui, lo que socava su credibilidad. Por último, el aumento del apoyo a los campamentos de Tinduf, aunque indudablemente representa una “ventaja” para el pueblo saharaui, se limita estrictamente al ámbito humanitario y no implica que se beneficien de la explotación de los recursos del territorio del que huyeron.

Dudas similares surgen respecto al etiquetado. La orientación del TJUE establecía claramente que los productos del Sáhara Occidental debían etiquetarse exclusivamente como originarios de ese territorio –no de Marruecos–. Sin embargo, el acuerdo revisado permite que estos productos, aún sometidos al control aduanero marroquí, se etiqueten como procedentes de “Laâyoune-Sakia El Hamra” o “Dakhla Oued Ed-Dahab”, nombres de las regiones administrativas en las que Marruecos ha integrado el Sáhara Occidental. Estas denominaciones no solo reafirman las reivindicaciones territoriales de Rabat, sino que además resultan poco claras y potencialmente engañosas para los consumidores.

Perspectivas

La posición oficial de la UE sobre este asunto es clara y se reiteró en el nuevo acuerdo: “La Unión apoya los esfuerzos de las Naciones Unidas para encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, en virtud de acuerdos alineados con los principios y objetivos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas (cursivas añadidas)”. En la práctica, sin embargo, la UE ha tenido dificultades para traducir esta postura de principios en acciones políticas concretas, en parte porque varios Estados miembros –como Alemania, Países Bajos, Portugal, Malta, Finlandia y, especialmente, España y Francia– han apoyado explícitamente en los últimos años las reivindicaciones marroquíes sobre el territorio. Más recientemente, los miembros europeos del Consejo de Seguridad votaron la Resolución 2797/2025, pero sus posiciones respectivas reflejaron diferencias importantes.

En octubre de 2024, el TJUE ofreció a la UE una oportunidad para reequilibrar sus relaciones con Marruecos, proporcionando al Consejo un conveniente pretexto político: la necesidad de cumplir la sentencia del Tribunal. No obstante, esa oportunidad volvió a perderse. El peso estratégico de Rabat, unido a su capacidad de presión –especialmente mediante el control de los flujos migratorios–, resultó demasiado significativo. En virtud del nuevo acuerdo, la UE se compromete a aportar financiación, infraestructuras y proyectos de desarrollo en el Sáhara Occidental. Estas iniciativas, encaminadas a “comprar” el “consentimiento implícito” del pueblo saharaui, no serán más que una continuación de la asistencia humanitaria.

En efecto, sea cual sea el impacto de la Resolución 2797 del CSNU en el necesario proceso de paz, mientras no se alcance un acuerdo mutuo, la cuestión seguirá sin resolverse. Varios Estados miembros se quejaron de la rapidez de las negociaciones y del escaso tiempo para evaluar el acuerdo –a pesar de los 12 meses otorgados por el TJUE–, pero finalmente lo aprobaron sin mayor resistencia. El nuevo acuerdo entró en vigor provisionalmente el 3 de octubre, pero sigue pendiente de la aprobación del Parlamento Europeo. Durante su primer debate el 6 de octubre, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento expresó su preocupación –en todos los grupos políticos– por el hecho de que la Eurocámara no hubiera sido consultada antes de la aplicación provisional del acuerdo, calificando la decisión de “violación del acuerdo interinstitucional con la Comisión”. Algunos eurodiputados pidieron a la presidenta Roberta Metsola que se opusiera a un acuerdo que permitiría a Marruecos “beneficiarse económicamente de una ocupación ilegal bajo el derecho internacional”.Se ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea preguntando si “se ha solicitado el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental” y “a qué partes se ha consultado”. No obstante, parece improbable que el Parlamento rechace finalmente el acuerdo, ya que la mayoría de los grupos de centro y derecha –incluidos PPE, Renew Europe, PfE y ECR– han elogiado la continuidad de las relaciones comerciales con Marruecos.

Aun así, comerciar con territorios ocupados sigue siendo un asunto delicado y es probable que el acuerdo vuelva ante el TJUE en un futuro próximo, abriendo un nuevo capítulo en esta larga y dolorosa saga. El Tribunal deberá evaluar si se han respetado sus instrucciones previas, una determinación que dista mucho de ser sencilla. Una vez más, el Tribunal tendrá que examinar si el pueblo saharaui ha otorgado realmente su consentimiento al acuerdo, una cuestión cada vez más compleja, dado que el Frente Polisario –reconocido como representante legítimo del pueblo saharaui– ha impugnado los acuerdos comerciales UE–Marruecos ante el Tribunal desde 2012. Si el Polisario presenta una nueva demanda contra el acuerdo revisado, será aún más difícil sostener que el pueblo saharaui ha otorgado su consentimiento implícito, suponiendo que el derecho internacional –al menos en los tribunales– siga teniendo relevancia.

Artículo traducido del inglés, publicado originalmente por el Istituto Affari Internazionali (IAI).