Un costarricense sujeta una pancarta en la que puede leerse “Pura Vida”, un lema que se asociada al país centroamericano/GETTY

Costa Rica: ¿el remanso en el torbellino? Un día para celebrar

HUGO PICADO LEÓN
 |  8 de noviembre de 2019

Mientras que en una parte de América Latina la ciudadanía llena las calles y la política hace aguas, en otra, la minoritaria, se mantiene un pulso muy diferente. El 7 de noviembre de 2019 confluyeron en Costa Rica varios aniversarios significativos para su institucionalidad democrática. En esa fecha se celebra el Día de la Democracia Costarricense, como recordatorio de los acontecimientos de noviembre de 1889, la primera vez que la ciudadanía se movilizó en defensa de la voluntad expresada en las urnas.

Esa jornada también se conmemoraron 70 años de la Constitución Política de 1949. Este texto constitucional pronto se convertirá en el más longevo en la historia del país centroamericano, que ha vivido bajo esta norma su mayor periodo de estabilidad democrática. Entre los hitos del texto destaca la abolición del ejército que, durante el convulso período de la guerra fría y de las dictaduras latinoamericanas, propició que los costarricenses tuvieran que resolver sus conflictos sin ninguna posibilidad de intervención de los militares como actor político. No es poco en una región donde, durante el siglo XX, las milicias casi nunca fueron eficaces para repeler amenazas externas, pero sí se usaron con frecuencia como instrumento para reprimir a su propia ciudadanía.

Derivado de ese mismo texto constitucional, se celebran también 70 años de la creación del Tribunal Supremo de Elecciones. Uno de los objetivos fundamentales de los constituyentes de 1949 fue superar las frecuentes crisis de legitimidad electoral características de la primera mitad del siglo XX. Por este motivo se optó por el diseño de un organismo electoral que concentra el registro civil, la administración electoral y la justicia electoral, dotándole de garantías para su independencia, estabilidad y profesionalización.

Durante siete décadas, Costa Rica ha celebrado elecciones periódicas, ininterrumpidas, competitivas y con alta credibilidad, a pesar de la gris historia precedente y de un contexto regional caracterizado por la desconfianza. Esto ubica al país entre las democracias electorales más longevas de Iberoamérica. El organismo electoral costarricense ha permanecido entre las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía durante décadas. El Índice de Integridad Electoral de las Universidades de Harvard y de Sidney califican al Tribunal Supremo de Elecciones del país con la puntuación más alta del continente americano, siendo el único organismo electoral de un país de renta media ubicado entre los diez mejores del planeta.

 

Revolución jurídica

Junto a estas fechas, el 7 de noviembre se celebran también 30 años de la creación de la Sala Constitucional, que representa la revolución jurídica más importante de las últimas décadas. La jurisdicción constitucional sacó a la Carta Magna de las bibliotecas y la convirtió en herramienta de uso cotidiano para la protección de los derechos fundamentales de los costarricenses, al dotar de eficacia a los recursos de amparo y de habeas corpus. Además, hizo expedito y cercano a la ciudadanía el control de constitucionalidad de las normas legales.

Costa Rica es un país de poco más de 51.100 kilómetros cuadrado. Con una población de cinco millones de habitantes, no deja de sufrir tensiones migratorias y fracturas societales, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 2018 cuando la candidatura de un pastor evangélico estuvo a punto de quebrar el sistema de partidos. El país cuenta además con una economía que en el último bienio no ha crecido a más del 2,7% anual y se ubica entre los diez países con mayores niveles de desigualdad según el Banco Mundial. Sus últimos gobiernos muestran un presidencialismo entrabado ante realidades de fragmentación legislativa. Sin embargo, no deja de ser una buena noticia que, dentro de una región políticamente tan convulsa, los costarricenses alcancen siete décadas de convivencia pacífica bajo un esquema institucional democrático.

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