La presidenta de Chile, Michelle Bachelet (C), saluda al público junto a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (L) y la brasileña Dilma Rousseff tras jurar su cargo en Viña del Mar, Chile, el 11 de marzo de 2014. GETTY

Democracia paritaria en América Latina

La lucha por la paridad en la región debe profundizar en las reivindicaciones por los derechos sociales y económicos a través del principio de igualdad sustantiva en todas las dimensiones de la vida.
IRUNE AGUIRREZABAL QUIJERA
 |  2 de septiembre de 2020

La política importa. Quién, qué y cómo se toman las decisiones no es un problema menor de nuestras democracias, no lo es en América Latina donde se ha extendido el debate paritista. Desde que Argentina adoptó la primera cuota en el mundo para garantizar un mínimo de escaños a mujeres legisladoras en 1991, el grito más extendido por las mujeres latinoamericanas en red es el mismo: sin mujeres no hay democracia.

El proceso ideológico participativo a favor de la paridad se ha denominado proceso paritista latinoamericano”, como un fenómeno complejo, poliédrico, desarrollado gracias a una multiplicidad y diversidad de actores. Su nombre alude no solo al objetivo paritario, el equilibrio entre varones y mujeres en la representación de la vida pública y política, sino también a los sujetos que lo impulsan, los agentes y las fuentes de construcción de este proceso, denominados paritista, por su asimilación con las paritistas francesas, desde Olympe de Gouges, tras la revolución francesa, hasta las otras europeas que lanzaron el grito por la democracia paritaria en la Cumbre Europea de 1992.

En América Latina este proceso se caracteriza por la pujanza de una amplia red de mujeres como protagonistas, incluido el feminismo de Estado, con la anuencia de la cooperación internacional (en la que tiene gran peso la cooperación española entre 2004 y 2011), que se ha desarrollado gracias al fenómeno de las puertas giratorias, aprovechadas por las mujeres para propiciar el flujo de ideas y acciones en torno a la paridad, generando sinergias entre conocimiento teórico feminista y acción política en toda la región, estrechando así el vínculo entre la ciencia y la política.

Ante la cantidad y diversa procedencia de discursos, proyectos legislativos, movilizaciones en toda la región, se puede afirmar que el debate paritario es una realidad, y como tal se ha extendido a toda la región de manera no hegemónica, pero si extraordinaria y muy exitosa. El debate se ha sustentado a la vez en un diagnóstico deficitario sobre la situación de las mujeres y en la reivindicación por la ampliación del concepto de ciudadanía como eje director de la reivindicación de las redes de mujeres latinoamericanas. Prueba del éxito es que hoy casi todos los países latinoamericanos cuentan con legislación que incluye un porcentaje de escaños reservados a mujeres, que va desde el 20% hasta el 50%, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Entre ellos, siete países, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, México, Argentina y Perú (desde el 26 de junio de 2020), además de Honduras y Panamá (con diseños más deficitarios) han regulado la paridad en sus constituciones o legislaciones, como medida definitiva, expresión de la democracia misma y traducción del principio de igualdad sustantiva en la política. Eso explica que la región se sitúe a la cabeza en la clasificación mundial de mujeres legisladoras (según la Unión Interparlamentaria).

 

Brechas en la paridad

Este proceso paritista latinoamericano se ha desarrollado en torno a dos circunstancias. Primera, el desarrollo legislativo a favor de las cuotas y de la paridad no ha evitado que se produzcan grandes brechas en la presencia de mujeres parlamentarias entre países (datos a finales de 2017), entre Bolivia, con 53% de mujeres en la asamblea legislativa, y otros como Uruguay, con un 22%, o Brasil y Paraguay, con el 15% de mujeres. También hay disparidad en el interior de cada país, en los distintos niveles territoriales, con muy baja representación de mujeres a nivel local o subestatal, precisamente, donde más se necesita transformar los símbolos y tradiciones sexistas, y donde las mujeres lideran pero solo desde espacios informales, no como gobernadoras o alcaldesas. Se añaden las enormes brechas en los poderes ejecutivo y judicial o electoral, aun alejadas incluso del 30% mínimo.

Por tanto, el éxito del proceso se enmarca en la extensa movilización a favor de las cuotas, primero y paridad después, (tanto discursiva como de la legislación), pero no ha culminado en la representación paritaria en toda la región y en todos los poderes. En estos años, la legislación –leyes de cuotas y de paridad– sí han mostrado que son herramientas útiles y necesarias para incrementar la presencia de mujeres. Mientras, los argumentos que escondían la ausencia de mujeres han perdido fuerza: que no había suficientes mujeres, que no estaban preparadas, que no querían, que no les interesa la política. A través de evidencias sobre su militancia en partidos políticos (se estima que un 50% de los militantes son mujeres), sobre su preparación académica o su implicación en la política informal, entre otras, se va demostrando que las razones que tratan de justificar el déficit de mujeres políticas están enraizadas en un dominio masculinizado del poder, muy especialmente en el seno de los partidos políticos, los “porteros” de la política de las mujeres, según María Inés Tula, así como en la falta de condiciones, recursos y oportunidades para que las mujeres desarrollen desde sus vidas hasta sus carreras políticas, judiciales, en los partidos o en los gobiernos.

La segunda circunstancia se refiere a este último aspecto, las resistencias que encuentran las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, pero no solo, también sociales y económicos, incluso una vez que logran acceder a la vida pública y política. Como estudió Hanna Pitkin, la representación de las mujeres sigue escalonada entre simbólica, descriptiva y sustantiva; con grandes dificultades para transformar las estructuras y las agendas políticas desde patrones androcéntricos. Sin desdeñar la significativa relevancia de los símbolos, como es el hecho de que cuatro mujeres hayan coincidido en la presidencia de sus respectivos gobiernos latinoamericanos en los últimos años (Chile, Argentina, Brasil y Costa Rica), y de que en 20 años se haya triplicado la presencia de mujeres en asambleas legislativas (del 10,7% en 1997 al 30,7% en 2017), se discute la representación denominada descriptiva y, sobre todo, sustantiva, la que implica el goce de los derechos subjetivos.

 

Vulnerabilidades que permanecen

El dominio masculinizado de los espacios de poder, de las dinámicas de funcionamiento de los partidos, de la política, así como el preocupante fenómeno de acoso y violencia política hacia las mujeres latinoamericanas alertan de un proceso paritista que debe perseverar en su reivindicación por la ciudadanía política, pero no solo. Las vulnerabilidades que sufren las mujeres respecto a su empoderamiento físico y económico impactan, igualmente, en el empoderamiento político. Son resistencias multidimensionales, derivadas tanto de la visión androcéntrica como de la debilidad del Estado de bienestar en un contexto de inequidades sociales y económicas, como es el de América Latina. Es evidente que feminizar la política entraña mucho más que incrementar el numero de mujeres políticas, como señala Joni Lovenduski.

Entendiendo que la división de la autonomía de las mujeres en tres dimensiones (física, económica y política) es producto de una construcción conceptual, en cambio, en la praxis, en la cotidianeidad, la fuerte presencia de la cultura patriarcal limita el poder poder de las mujeres, es decir, su autonomía en plenitud. Por ello, el análisis lleva a concebir que la reivindicación por la paridad en América Latina debe, necesariamente, profundizar en las reivindicaciones por los derechos sociales y económicos a través del principio de igualdad sustantiva en todas las dimensiones de la vida. La democracia paritaria en América Latina se convierte así en un proceso más complejo y ambicioso, se extiende a todos los derechos colindantes, a la ciudadanía social y, por supuesto, afecta tanto a su titularidad como a su ejercicio. Supera la ruta electoral o de representación política; implica un nuevo contrato sexual, como reivindica Carole Pateman, basado en la cultura de la igualdad sustantiva para transformar las relaciones de género; esto es, debe transitar desde la teoría hasta la praxis de la ciudadanía. De ahí que la distinción conceptual de la noción de paridad resulta de gran interés académico, pero también práctico, pues según se amplifique la acepción del término “paridad” o “democracia paritaria” se proponen nuevas demandas, en el ámbito jurídico y de políticas públicas, lo que lleva a interpelar sobre el modelo de Estado que puede, efectivamente, promover las transformaciones que exige la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Dos elementos clave para explicar cómo se ha desarrollado el proceso paritista latinoamericano han sido, por un lado, una explicación desde una estructura tridimensional y, por otro, la amplitud y singularidad de fuentes y recursos bibliográficos utilizados. En primer lugar, solo desde un análisis circular (no causal ni lineal) estructurado de forma tridimensional se pueden abordar las sinergias, contradicciones y tensiones, con una mirada transversal, que vinculen e interconecten los distintos elementos, siguiendo la problematización del proceso paritista latinoamericano desde tres aproximaciones. Una primera aproximación es conceptual, a fin de analizar la evolución conceptual, igualdad sustantiva, cuotas, paridad, democracia paritaria, lleva a la pregunta sobre si hay disputa o acuerdo sobre los conceptos, paridad y democracia paritaria. En segundo lugar, desde la perspectiva del desarrollo evolutivo, a lo largo de los años y a partir de los diferentes espacios (antecedentes de la paridad en Europa, el ambicioso recorrido del discurso político paritario en el ámbito regional y la extensa legislación sobre las cuotas o la paridad de los países de América Latina). Se produce el fenómeno de la circulación de conceptos o de conceptos viajeros en humanidades, estudiado por Mieke Bal, de forma que los conceptos cruzan (y se adaptan) de Europa a América Latina, de lo regional a los Estados, del nivel global al regional. Y en tercer lugar, el proceso paritista se explica desde la dimensión del progreso entendido como el resultado de la tensión entre progreso y retroceso, entre acciones y resistencias contextualizadas en la región. Cada dimensión cuenta el proceso paritista latinoamericano por sí misma, con suficiente entidad, enjundia y rigor. A la vez, las tres aproximaciones se entrelazan de forma circular y aportan mayor plenitud al análisis.

En segundo lugar, se han integrado aportaciones filosóficas, discursivas, normativas y políticas como fuentes, de muy distinta procedencia, que se han utilizado para registrar, analizar e interpretar datos, discursos, leyes, comentarios, folletos o actas de activistas o de encuentros, publicaciones, resoluciones, declaraciones, medios digitales, proyectos, estrategias, así como entrevistas semiestandarizadas a líderes o teóricas de la región. Una amalgama de fuentes filosóficas, mediáticas y participativas que llevan a considerar el proceso paritista como un proceso ideológico participativo en el que se ha producido una conversación y debate circular de ideas sobre la paridad entre las instituciones, la academia y los movimientos sociales, tomando la propuesta de ideología participativa de Carolyn Román Zozaya.

 

El papel de la cooperación internacional

Uno de los elementos analizados y cuya reflexión vuelve a ser pertinente se refiere a la complicidad necesaria de la cooperación internacional en este proceso. En particular, la cooperación española desempeñó un papel preponderante en el proceso, coincidiendo en 2007 la adopción en España de la Ley de Igualdad con el lanzamiento regional que hizo el Consenso de Quito a favor de la paridad y detonante del proceso hacia la democracia paritaria latinoamericana.

Por último, la evolución del proceso descrito va a depender de cómo se gestiona esta crisis global provocada por el Covid-19. Por un lado, hay una hiperglobalización que nos revela la interdependencia, que nos interpreta sobre la necesidad de seguir apoyando a América Latina, y a sus mujeres en red como agentes democratizadores de la región; mientras, por otro, se abren nuevas expectativas de los Estados nación y del Estado social: ¿qué políticas públicas?

Frente a la racionalidad imperante del neoliberalismo, parece obligado recuperar los valores del Estado social para garantizar bienes públicos como la salud, el cuidado o la misma democracia. Cuando las mujeres latinoamericanas cargan con el 94% de la tarea del cuidado, cuando el 45% de las mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad o como trabajadoras domésticas, la ausencia de políticas sociales públicas choca de frente tanto con la ideología paritista como el bagaje normativo y político regional e internacional de la agenda de género.

Las mujeres son las más afectadas por la crisis y por el confinamiento, es el tiempo de acabar con el mito de la libre elección, dominar el lenguaje economicista impuesto por el mantra neoliberal e imponer de una vez la agenda de desarrollo sostenible de género, construida y consensuada ya por los gobiernos latinoamericanos, como se recoge en la Estrategia de Montevideo de 2016.

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