Entre los asuntos sobre los que se consultará a los ecuatorianos destacan la enmienda de la reelección indefinida, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley de Plusvalía. GETTY

Ecuador, un referéndum para la gobernabilidad

VERÓNICA SILVA
 |  2 de febrero de 2018

El referéndum del 4 de febrero en Ecuador busca el pronunciamiento ciudadano en pos de cambios importantes para la vida democrática del país, pero a la vez es una herramienta necesaria para que el gobierno del presidente Lenín Moreno pueda gobernar. Después del reñido triunfo en las elecciones del 2 de abril de 2017, cuando Alianza País (AP) ganó las elecciones para un nuevo periodo presidencial, se planteó en el seno del movimiento la necesidad de impulsar una mayor participación tanto de su militancia como de otros sectores cercanos. En esa línea, Moreno ofreció un diálogo abierto con todos los sectores sociales para lograr un gobierno con más apoyo y legitimidad social.

A pesar de los indiscutibles logros en materia social y de infraestructura del anterior gobierno, buena parte de la población dejó de identificarse con el proceso de la Revolución Ciudadana impulsada por Rafael Correa. Las progresivas desvinculaciones de importantes líderes de izquierda, el rechazo de movimientos sociales y políticos significativos (indígenas, feministas, ecologistas, campesinos) el alejamiento de sectores estratégicos como la pequeña y mediana industria, trabajadores, el sector estudiantil (principalmente jóvenes universitarios), fueron debilitando el proceso. En un inicio, estos sectores apostaron por la Revolución Ciudadana como la mejor posibilidad para reconstruir un país lastimado por una crisis política y económica profundas, saldo de los gobiernos de los años noventa y los primeros 2000. El alejamiento progresivo de estos sectores sociales fue producto de la tendencia centralista y en ocasiones autoritaria que ya caracterizaba a AP y a su gobierno.

Ahora es indiscutible la necesidad de un giro de timón hacia el fortalecimiento de la democracia, si la actual administración quiere mantener la legitimidad otorgada en las urnas el pasado año. Ante un nuevo proceso, hay que reconstruir los puentes rotos e incluso edificar nuevos, recuperar el diálogo entre ciudadanía y gobierno.

Las elecciones de 2014 fueron un duro revés: AP perdió en varias ciudades significativas, lo que supuso un llamamiento urgente al cambio de estrategia, principalmente en el ámbito local, pero la falta de democracia en el seno del movimiento político continuó y minó la unidad del mismo. Candidaturas amañadas, privilegios para amigos y amigas de confianza, líderes creados de la noche a la mañana, todo ello dejaba de lado la representación de militantes con un verdadero trabajo político. Esto devino en una grave crisis interna, un malestar que se profundizó con los escándalos de corrupción de una parte de la élite del gobierno.

Moreno había ofrecido desde campaña electoral un diálogo abierto con los sectores que se alejaron del gobierno, y con otros que, a pesar de no pertenecer a la misma tendencia, era necesario escuchar, sobre todo porque esa fuerza representaba el 49% de la población que no votó por AP. Sin duda, el diálogo se volvió la mejor arma de legitimación del nuevo gobierno y, a partir de ese proceso, surgió el llamamiento a una consulta popular. Entre los asuntos más polémicos de este proceso están la enmienda de la reelección indefinida, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley de Plusvalía.

La reelección indefinida fue prohibida por la Constitución de 2008, que fue la base del proyecto de la Revolución Ciudadana y producto de una Asamblea Constituyente. En 2014, bajo la figura de enmienda constitucional, no consultada a la población, se implementó la reelección indefinida, vulnerando el principio de alternabilidad. Esto provocó malestar y críticas hacia el gobierno. El próximo 4 de febrero, el pueblo debe decidir si elimina la reelección indefinida.

Sobre el Consejo de Participación Ciudadana, el objetivo es reestructurarlo. Si bien este nuevo poder del Estado fue creado para representar a la ciudadanía y generar mecanismos de participación, hasta el momento no ha logrado su cometido, principalmente porque los representantes del consejo fueron parte de un proceso manipulado, que benefició abiertamente a personas próximas al gobierno. Reconstruir ese consejo es prioritario de cara a la ciudadanía.

En cuanto a la Ley de Plusvalía, ya se había planteado su reforma en el gobierno anterior, ya que sus efectos secundarios se volvieron más problemáticos que la lucha contra la especulación. El referéndum del 4 de febrero plantea su derogación y una nueva reforma.

Además de estos asuntos, que significan recuperar la confianza de la ciudadanía, se votarán otros temas clave: por ejemplo, la posibilidad de que no prescriban los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes; la inhabilitación política para personas condenadas por actos de corrupción; y la reducción del área de explotación petrolera en el Yasuní.

El referéndum apuesta por un pacto con otros sectores necesarios para el gobierno del presidente Moreno, busca legitimar una decisión ciudadana de un nuevo gobierno, un nuevo pacto social. De ganar el “Sí”, el reto para el gobierno será lograr sus propósitos abanderando los verdaderos principios de la Revolución Ciudadana que, independientemente de quien lo lidere, está en la búsqueda de un país mejor.

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