Tres narcotraficantes, ejecutados en Irán. GETTY

El retorno de la pena de muerte

VICTORIA SILVA SÁNCHEZ
 |  21 de junio de 2017

El 4 de marzo Jordania ejecutó a 15 condenados a muerte. Las ejecuciones se llevaron a cabo en respuesta a los ataques ocurridos en Karak en diciembre de 2016, que se cobraron la vida de siete miembros de las fuerzas de seguridad jordanos, dos civiles y una turista canadiense. Días después, murieron cuatro policías en una redada. Se trata de la tercera ejecución desde que el reino hachemí pusiera fin a la moratoria que había mantenido durante ocho años. El caso jordano no es aislado. Al contrario, durante los últimos años son varios los países retencionistas –los que mantienen la pena de muerte para delitos comunes– que han vuelto a ejecutar sentencias de pena de muerte.

Jordania rompió su moratoria de ocho años cuando ejecutó a 11 personas en diciembre de 2014, acusadas de asesinato. Dos meses después, y en respuesta al asesinato del piloto jordano Muath al-Kasasbeh por Dáesh, ejecutó a dos prisioneros ligados a Al Qaeda en Irak, incluyendo a Sajida al-Rishawi, responsable de los atentados en Amán en 2005. Finalmente, 15 personas más fueron ejecutadas en marzo pasado: diez de ellas acusadas de delitos de terrorismo; las otras cinco, de crímenes comunes.

No es el único país árabe que aplica la pena capital. Kuwait ejecutó a siete personas el 25 de enero, la primera ejecución en cuatro años. Todos ellos estaban condenados por crímenes comunes, incluyendo un miembro de la familia real, el Sheikh al-Sabah, que había asesinado a su sobrino en 2010. Previamente, en 2013, el emirato hizo ejecutar a cinco personas, rompiendo una moratoria que mantenía desde 2007.

Finalmente, Baréin ejecutó a tres personas el 15 de enero, la primera ejecución realizada en siete años, y dos personas más se enfrentan a la pena capital pese a haberse obtenido su confesión bajo tortura. Ambos habían sido condenados por el presunto asesinato de un policía en 2014.

En esa línea, hay que mencionarla intención del presidente turco, Recep Tayipp Erdogan, de restaurar la pena de muerte, tras su completa abolición como paso previo para la incorporación a la Unión Europea. Esta propuesta, todavía por confirmar, está en el aire desde el fallido golpe de Estado de julio de 2016 y es un nuevo instrumento en manos de Erdogan para consolidar su poder al frente de una república presidencialista.

 

Pena de muerte como forma de lucha contra el ‘terrorismo’

“La venganza no debe ser nunca confundida con la justicia, y la pena de muerte solo sirve para agravar las injusticias”, declaró el Alto Comisario para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein. Estas palabras resultan llamativas en boca de un jordano, cuyo país está llevando a cabo ejecuciones con fines vengativos, aunque las autoridades han señalado el aumento de la criminalidad y el extremismo interno como las razones de la re-aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, desde su reintroducción en 2014 los episodios de violencia terrorista han aumentado en lugar de disminuir, anulando así su supuesto efecto disuasorio. Amnistía Internacional ha denunciado quelas ejecuciones se han realizado “a tal escala y con un secretismo que resulta chocante”.

En un contexto de relajación de la condena internacional a la pena capital, su restablecimiento viene ligado a una serie de cambios legislativos que hacen posible su reaplicación dentro del marco legal. Así, la reforma de la Ley antiterrorista jordana en 2014 amplió la consideración de delitos de terrorismo a actos que siembren la discordia entre el reino y otros países, amenacen la vida del rey y la reina o propicien el establecimiento de bandas criminales, aunque nada tengan que ver con el terrorismo. De ese modo, cualquier acto de apoyo al pueblo palestino (y que “siembre la discordia” con Israel) puede ser considerado un acto terrorista. Además, la ley considera que los cómplices de un delito terrorista deben ser castigados con la misma pena que el autor material, con independencia de que el delito llegara a realizarse o no.

Arabia Saudí también reformó su Ley antiterrorista en 2014, en un intento de encubrir bajo la excusa del terrorismo los derechos de los ciudadanos a expresar su disensión y oposición al régimen y justificar las continuas violaciones de derechos humanos, designando como terroristas actos como “dañar la reputación del Estado”, el orden público o promover el ateísmo. Muchos de estos delitos están penados con la muerte.

Finalmente, también en Israel aumentan las voces que llaman al restablecimiento de la pena de muerte para delitos de terrorismo, que serían de aplicación únicamente para los ciudadanos palestinos.

 

Estado de la pena de muerte en Oriente Próximo

De acuerdo con el último informe de Amnistía Internacional, las ejecuciones en la región de Norte de África y Oriente Próximo se redujeron en un 25% durante 2016, respecto a 2015. Sin embargo, esos datos no tienen en cuenta que durante 2017 tanto Jordania, como Kuwait y Bahréin ejecutaron las sentencias antes mencionadas.

Así pues, el único país de la zona en el que la pena de muerte está reservada a crímenes de Derecho Internacional, reconocidos en el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es Israel. El resto o aplican la pena de muerte, o son retencionistas, y aunque no siempre se ejecuten, cada año más personas son condenadas al corredor de la muerte. Países como Marruecos, Argelia, Túnez, Omán y Líbano siguen imponiendo sentencias de pena capital, aunque no ejecutan a nadie desde hace décadas. En todo caso, se resisten a abolirla. Por su parte, otros como Emiratos Árabes Unidos, Catar y los tres mencionados al principio del artículo –Jordania, Kuwait y Baréin– ejecutan sentencias de forma esporádica e irregular.

En Irak, Egipto y el Territorio Ocupado Palestino se ejecutan sentencias de forma regular. Arabia Saudí e Irán se encuentran entre los mayores ejecutores a nivel mundial; con 154 y 567 ejecuciones, respectivamente, confirmadas durante 2016. Finalmente, en países como Siria, Libia y Yemen, además de las que se ajustan a su ley, se llevan a cabo ejecuciones sumarias difíciles de contabilizar.

El panorama pinta sombrío para los esfuerzos que aspiran a la abolición de la pena capital en el Norte de África y Oriente Próximo. La ruptura de la moratoria por parte de algunos de los países y las llamadas al restablecimiento de la pena de muerte en Turquía e Israel dejan poco espacio para la esperanza.

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