Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior

 |  5 de abril de 2010

Un año sin decisiones.

Pese a los propósitos regulatorios del sistema financiero expresados en Washington y Bruselas desde el estallido de la crisis mundial en el otoño de 2008, en ningún lado del Atlántico esos deseos se han traducido en normativas consistentes. En EE UU, la Casa Blanca ha presentado varios borradores de reforma y auspiciado el plan del ex presidente de la Reserva Federal (Fed), Paul Volcker, para prohibir a los bancos utilizar el dinero de sus depositantes en operaciones especulativas.
La última propuesta la ha presentado el senador demócrata Cristopher Dodd, presidente del comité de Banca del Senado, para que la Fed asuma mayores poderes de regulación. Sin embargo, el escepticismo persiste. En un reciente editorial, el Washington Post denunciaba que es “increíble” que después de dos años de audiencias, el Senado haya despachado el texto de 1.300 páginas presentado por Dodd en sólo 20 minutos.
Las cosas tampoco han ido mejor en Alemania, donde los socios liberales de la canciller, Angela Merkel, no muestran ningún entusiasmo por medidas de mayor control de la banca. En la última reunión del Eurogrupo en Bruselas, la presidencia española de la Unión Europea tuvo que retirar por presiones de Londres el punto del orden del día que abordaba la regulación de los hedge funds. En la City está el 80% de los fondos de ese tipo que operan en la UE.
La banca no sólo ha vuelto a las prácticas anteriores a la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, sino que lo está haciendo con una creciente sensación de impunidad. Según Der Spiegel, todos los intentos de las autoridades para reducir las pulsiones especulativas de la banca se han estrellado contra el muro del “lobby más poderoso del mundo”. El propio presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ha advertido que “algunos ejecutivos de la banca parecen convencidos de que las cosas seguirán como hasta ahora”.
De momento, la única medida que parece avanzar es la instauración de una tasa sobre la banca destinada a cubrir posibles nuevos rescates en el futuro, una medida defendida por Washington, Berlín y Londres. Sin embargo, París ha mostrado su desacuerdo con esa propuesta. Y sin consenso, los avances son inviables. Cualquier medida debe ser convertida en ley en todos los países a ambos lados del Atlántico, ya que una norma unilateral sólo serviría para provocar una huída de las entidades y su negocios hacía las plazas “permisivas”.
Las causas del estancamiento son diversas. Por una parte, está la complejidad extrema a la que ha llegado el sistema financiero, y que la banca ha cultivado como una estrategia de defensa ante los reguladores. Por otra, una reforma muy estricta podría dañar la expansión y los beneficios de los bancos, reduciendo los flujos de liquidez justo cuando las economías de Europa y EE UU están saliendo de la crisis, lo que explica el escaso entusiasmo de propuestas como la de obligar a los bancos a elevar sus ratios de capital.

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