Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior

¿Justicia indígena o barbarie?

El reconocimiento en la nueva Constitución boliviana de la justicia indígena está provocando un serio desencuentro entre los tribunales civiles y el Derecho consuetudinario que han comenzado a aplicar las autoridades comunitarias aimaras y quechuas, incluidos linchamientos y castigos corporales, que también se han producido en Ecuador.
La oposición ha acusado al gobierno de Evo Morales de alentar la “ley de la turba” por la aprobación de la cámara baja del Congreso de una ley que consagra el derecho de las comunidades indígenas a administrar su propia justicia, en contradicción con los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales firmados por Bolivia.
El 9 de junio, un sospechoso de violación fue linchado por una comunidad indígena en Potosí, pocos días después de la tortura y asesinato de cuatro policías en la misma región por una asamblea de “ayllus [comunidades] guerreros”, que acusaron a los agentes de extorsión y asesinato y declararon que les habían aplicado la “justicia comunitaria”, reclamando respeto a su decisión y rechazando ser procesados en los tribunales.
Los cuatro policías habían ingresado en la zona para investigar el robo de dos vehículos y fueron emboscados, a 270 kilómetros al sur de La Paz, por cientos de indígenas. Tras su ejecución sumaria, fueron enterrados en distintas aldeas. El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, aseguró que no habría indulto para los culpables. Pero al final, los responsables devolvieron los cuerpos de los policías a cambio de la promesa de que no afrontarían cargos.
Los familiares de los agentes han declarado que buscarán justicia ante tribunales internacionales si las instancias judiciales del país no actúan. El gobierno sostiene que la “justicia comunitaria” no supone tomarse la justicia por su mano y que el Senado clarificará las dudas con la promulgación de una nueva ley de “demarcación jurisdiccional”.
En Ecuador, varias cadenas de televisión mostraron a finales de mayo la tortura de un indígena de 22 años, Orlando Quishpe, a manos de unas 2.000 personas. Quishpe fue acusado por los ancianos de su comunidad del asesinato de un amigo y le condenaron a ser flagelado en público. Quishpe fue obligado a caminar desnudo en la plaza de la aldea de La Cocha (Cotopaxi) cargando una bolsa de rocas. Luego, 20 miembros de la comunidad le infligieron latigazos. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, denunció el episodio de La Cocha como una “monstruosidad” y dijo que quienes habían estado implicados en ese delito se enfrentarán a la justicia, criticando a Vicente Tibán, fiscal para asuntos indígenas, por afirmar que la justicia indígena había sido “suficiente”.
Correa ha amenazado con enviar a las fuerzas armadas a las zonas donde se pretenda aplicar la justicia indígena, lo que ha deteriorado sus relaciones con las comunidades indígenas, que ayudaron a llevarlo al poder en 2007. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ha presentado una demanda judicial contra Correa por “etnocidio, genocidio, xenofobia y racismo” por no aceptar las “diferencias inherentes a un Estado plurinacional consagrado en la Constitución”.