Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior: drogas

 |  13 de junio de 2011

La despenalización de las drogas.

La reciente muerte de cinco soldados peruanos en una emboscada tendida por “narcoterroristas” en una zona selvática controlada por Sendero Luminoso, hoy reconvertido en un brazo armado del narcotráfico, revela que la industria de la cocaína sigue alimentando la violencia en Perú. En México, en los últimos cuatro años han muerto 35.000 personas en la guerras entre los ejércitos privados de los narcos y las unidades militares que los combaten. Las fuerzas de seguridad mexicanas han descubierto que las bandas han comenzado a utilizar vehículos blindados de asalto, con torretas de ametralladoras pesadas y parabrisas antibalas.

La presencia de esos “monstruos”, como los llama la policía y la prensa, es un indicio más de un escenario de una guerra de guerrillas urbana en algunas ciudades de México como Monterrey, capital del Estado de Nuevo León. En 2010, 610 personas murieron por causas violentas en la ciudad, frente a 99 de 2009 y 50 en 2006. La situación de otras localidades mexicanas como Ciudad Juárez se asemeja hoy a la de Medellín (Colombia) en los años ochenta. En 1991, la ciudad colombiana tenía una cifra de homicidios estratosférica: 391 por 100.000 habitantes, el doble que la tasa actual de Ciudad Juárez.

Por su parte, Canadá ya ha superado a México como la mayor puerta de entrada al mercado estadounidense de drogas sintéticas como el éxtasis. El crimen organizado está minando los intereses geopolíticos de ee uu en Afganistán, Centroamérica y África occidental. La población carcelaria de EE UU –en gran parte debido a los acusados de narcotráfico– ha pasado de 300.000 presos en 1972 a 2,3 millones en la actualidad, la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.

Una política fracasada

Aunque los afroamericanos sólo suponen el 14% de la población, representan el 37% de los detenidos por drogas y el 56% de la población en prisión. Entre 1998 y 2008, según la ONU, el consumo mundial de opiáceos aumentó un 34,5%; el de cocaína un 27% y el de cannabis un 8,5%.

Esas cifras sugieren que ha llegado el momento de reconsiderar las políticas prohibicionistas y avanzar hacia métodos más racionales de hacer frente al problema. Ese es el desafío asumido por la Global Comission on Drug Policy (GCDP), un grupo internacional integrado por el exsecretario de Estado de EE UU, George Schultz, el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, el expresidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, y presidido por el expresidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, entre otras prominentes personalidades mundiales.

La primera conclusión del informe que presentaron en Nueva York el 2 de junio es inequívoca: la guerra contra las drogas es “un fracaso sin paliativos” y se debe acometer un “cambio de sus paradigmas” para resolver los múltiples problemas que plantea: entre ellos, la expansión de enfermedades evitables; el consumo de drogas adulteradas; la criminalización masiva; el desperdicio de recursos públicos; corrupción; crimen organizado transnacional y desestabilización de Estados enteros.

Según uno de los miembros de la comisión, Richard Branson, se ha gastado ya más de un billón de dólares en “una guerra que no se puede ganar”. Durante su campaña presidencial, Barack Obama admitió que se debía avanzar hacia una “despenalización” del consumo, una posición que hoy solo defiende el ala “libertaria” del Partido Republicano. Lejos de recomendar una legalización de las drogas, la GCDP propone estimular un debate abierto de las políticas vigentes, sustituir las sanciones penales por tratamientos terapéuticos y la experimentación con fórmulas legales innovadoras.

 

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