El horror moral provocado por la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump es indiscutible. La ejecución de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos y era ciudadano estadounidense, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en las calles de Minneapolis, Minnesota, fue grabada desde múltiples ángulos por testigos y vista por personas de todo el mundo.
Este crimen se suma al asesinato público de Renée Nicole Good, una madre de 37 años de Minneapolis y también ciudadana estadounidense, ocurrido a principios de este mes, así como a un número incalculable de muertes y desapariciones invisibles en campos de concentración estadounidenses como “Alligator Alcatraz”.
Ante esta situación, lo radical se ha vuelto pragmático. Trump, y todos los demás responsables no serán sometidos a un juicio político ni condenados por estos hechos. El ICE actúa con impunidad, a pesar de las voces que claman su disolución, y la de su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional. Y los agentes responsables –tanto en público como en privado– deberían ser investigados y llevados ante jueces y jurados.
Pero la lógica de los asesinatos es tan importante como los asesinatos mismos. Más allá de ser una verdad en sí misma, el horror moral es también una señal de las mentiras de una administración, y responde a una lógica política bien conocida por los regímenes totalitarios soviético y nazi del siglo XX: la progresiva erosión del estado de derecho.
En un régimen constitucional como el de Estados Unidos, la ley se aplica en todas partes y en todo momento. En una república como Estados Unidos, se aplica a todas las personas. Para desmantelar esa lógica legal, el aspirante a tirano busca grietas en el sistema que pueda forzar y ensanchar.
Una de esas grietas es la frontera, el lugar donde termina el país. Como se supone que la ley también termina allí, una maniobra evidente del tirano consiste en convertir todo el país en una frontera, un espacio donde las reglas dejan de aplicarse. Joseph Stalin lo hizo en la década de 1930, mediante zonas fronterizas y deportaciones que precedieron al Gran Terror. Adolf Hitler hizo algo similar en 1938, con redadas de inmigración dirigidas contra judíos indocumentados, a quienes se empujaba a huir del país.
Trump, como él mismo y los miembros de su gabinete admiten, sigue la misma estrategia. Utiliza al ICE, supuestamente una autoridad fronteriza, para imponer sus propios intereses en un estado de Estados Unidos a su elección –un bastión del Partido Demócrata con un idealismo cívico profundamente arraigado–. No es legal atacar a una ciudad por su orientación política, ni inundar sus calles de agentes federales para obtener información sobre los votantes de un estado.
La frontera se convierte así en el pretexto para vaciar de contenido la ley en todas partes, en todo momento y contra cualquiera. Es la grieta que puede abrirse. La cuña son las mentiras, que comienzan como clichés y memes inculcados por el gobierno y que los medios de comunicación repiten, ya sea por descuido o con malicia.
Uno de esos clichés es la “aplicación de la ley”, repetida una y otra vez como si fuera un conjuro. La “aplicación de la ley” no es un sustantivo como “mesa” o “casa”; no es algo fijo. Es una acción, un proceso que los estadounidenses tienen derecho a observar y a juzgar por sí mismos. Quienes hacen cumplir la ley no usan máscaras, no irrumpen en propiedades privadas, no agreden, no golpean ni matan a su antojo. Las ejecuciones públicas llevadas a cabo por los matones de Trump dañan gravemente a las autoridades locales, estatales y federales, cuya labor consiste en garantizar una vigilancia eficaz.
Las mentiras continúan a través de inversiones provocativas del lenguaje, o lo que en mi libro On Tyranny llamé “palabras peligrosas”. En este caso, la administración Trump emplea términos como “terrorista” y “extremista” –muy apreciados por los tiranos– para difamar a quienes han sido asesinados por sus políticas. Su “mensaje” encarna lo que Hannah Arendt denominó “la banalidad del mal” o, como lo expresó Václav Havel, el mal de la banalidad. Las palabras se convierten en realidad con la colaboración de quienes las escuchan y las aceptan.
En este sentido, quienes mienten activamente son cómplices de los asesinatos de Minnesota y de cualquier otro que pueda producirse. Pero también lo son quienes, en los medios de comunicación, deciden tratar la propaganda como si fuera noticia, partiendo de mentiras en lugar de hechos. La frontera es la grieta; las mentiras, la cuña; y las personas que aceptan esas mentiras la están abriendo aún más.
Las palabras importan, tanto cuando se pronuncian por primera vez como cuando se repiten. Crean una atmósfera y normalizan –o no– la violencia y la ilegalidad. Debemos elegir ver, llamar a las cosas por su nombre y condenar a quienes mienten.
Detrás del horror moral de estas ejecuciones públicas se esconde una lógica política. Ambas dimensiones están íntimamente conectadas. Quienes se resisten a la ilegalidad y a las mentiras de la administración Trump lo entienden. En Minneapolis y en muchos otros lugares, están haciendo lo correcto y ofreciendo a la amenazada república estadounidense su mejor oportunidad de sobrevivir.
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