La soberanía digital y el auge de la guerra orbital

Dos días después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania, el 26 de febrero de 2022, el entonces ministro ucraniano de Transformación Digital publicó un mensaje en X dirigido a Elon Musk solicitando acceso a Starlink. Apenas 48 horas después, los primeros terminales llegaban al país.

Los primeros movimientos de Rusia siguieron un patrón ya conocido: cortar las rutas de fibra óptica, atacar las torres de telefonía móvil, inutilizar infraestructuras, aislar a la población y llenar el vacío informativo con la propaganda de los medios estatales rusos. Lo que Moscú no previó fue que Ucrania pudiera sortear todas esas acciones no reconstruyendo las redes sobre el terreno, sino mirando al espacio. Los sistemas de satélites en órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés), propiedad de empresas privadas extranjeras, permitieron a Ucrania mantener las comunicaciones al margen de cualquier infraestructura terrestre que Rusia pudiera destruir.

Por primera vez, la órbita terrestre baja se convirtió en un auténtico escenario de guerra y Ucrania pasó a ser un laboratorio donde se ensayan las formas de combatir del futuro.

Innovación en tiempos de guerra

Antes de 2022, la infraestructura de internet de Ucrania dependía principalmente de redes terrestres de fibra óptica y telefonía móvil. El país contaba con una amplia cobertura de banda ancha y una elevada penetración de la tecnología 4G, mientras que las comunicaciones por satélite se limitaban, en gran medida, a servicios geoestacionarios destinados a la radiodifusión. Ucrania no disponía de una constelación propia de satélites LEO y la conectividad en el frente oriental dependía con frecuencia de redes móviles 2G y 3G envejecidas e inestables.

Todo ello cambió rápidamente tras la invasión rusa. Después de que el entonces ministro de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, pidiera públicamente a Elon Musk acceso a Starlink, los primeros terminales llegaron a Ucrania apenas dos días más tarde. En abril de 2022 se aprobaron las autorizaciones regulatorias de emergencia que permitieron utilizar Starlink para infraestructuras críticas y, posteriormente, extender su uso a la población civil bajo la ley marcial.

La rapidez del despliegue respondía a una necesidad operativa. Restablecer la conectividad por fibra óptica en zonas de combate activas era, en muchos casos, imposible, mientras que las redes móviles seguían siendo extremadamente vulnerables a los ataques y a los cortes de suministro eléctrico. En comparación, los sistemas LEO ofrecen comunicaciones de baja latencia independientes de las infraestructuras terrestres, lo que los convierte en una herramienta especialmente útil para coordinar operaciones militares y controlar drones.

Starlink se convirtió rápidamente en un elemento central de la arquitectura de comunicaciones de Ucrania en tiempo de guerra. Actualmente hay hasta 200.000 terminales activos en el país, de los cuales varios miles son utilizados por las Fuerzas Armadas ucranianas. La conectividad por satélite sostiene hoy el mando y control militares, las operaciones con drones, los servicios de emergencia, hospitales, administraciones locales y el acceso a internet de la población durante los apagones.

Lo más significativo es que estos sistemas se emplean no solo en las zonas controladas por Kiev, sino también en territorios disputados u ocupados, donde la infraestructura de comunicaciones se ha convertido en una pieza más de la lucha por el control de la información y la gobernanza. Así, los terminales portátiles permitieron a unidades militares ucranianas y administraciones locales de regiones del frente, como Donetsk y Jersón, mantener las comunicaciones incluso después de que los ataques rusos destruyeran torres de telefonía y redes de fibra óptica. Del mismo modo, las incursiones ucranianas en la región rusa de Kursk demostraron que la conectividad por satélite ya respalda puestos de mando móviles, la coordinación de drones y la inteligencia táctica en tiempo real durante operaciones de maniobra, permitiendo actuar más allá del alcance de unas infraestructuras terrestres estables.

Aspectos jurídicos y operativos

Pese a estas ventajas, la realidad operativa de las comunicaciones por satélite dista mucho de la imagen de conectividad permanente que suele asociarse a internet vía satélite. En las zonas de combate, los terminales permanecen ocultos o solo se utilizan de forma intermitente para reducir el riesgo de ser detectados. En un campo de batalla saturado de vigilancia electrónica, cualquier señal puede convertirse en un objetivo.

Tanto las fuerzas ucranianas como las rusas han adaptado sus tácticas desplazando continuamente los terminales, limitando las ventanas de transmisión y dispersando los centros de mando para evitar ser geolocalizados mediante emisiones de radiofrecuencia. Después de perder el acceso a terminales Starlink obtenidos de forma no autorizada este mismo año, las fuerzas rusas comenzaron a utilizar antenas Wi-Fi improvisadas como red alternativa de comunicaciones. Según soldados de la 59.ª Brigada Independiente de Asalto de Ucrania, estas antenas deben instalarse a menudo en posiciones expuestas y con línea de visión directa, lo que acaba revelando la ubicación de pilotos de drones o de unidades de guerra electrónica a los equipos de reconocimiento ucranianos.

En Ucrania, la conectividad por satélite se ha convertido en un recurso esencial no solo para las operaciones militares, sino también para hospitales, administraciones locales, organizaciones humanitarias, periodistas y civiles que necesitan comunicarse durante los apagones de infraestructuras. La frontera entre las comunicaciones civiles y las militares se ha difuminado cada vez más.

Al mismo tiempo, la guerra ha acelerado la integración de los sistemas comerciales de satélites en las operaciones militares, al tiempo que ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades estratégicas que implica depender de ellos.

La dependencia ucraniana de infraestructuras operadas por empresas privadas constituye uno de los ejemplos más evidentes. Las autoridades de Kiev han reconocido abiertamente su preocupación por la excesiva dependencia de Starlink y por el riesgo de que el servicio pueda verse restringido o interrumpido. Durante la guerra, las limitaciones de cobertura impuestas por Starlink afectaron, según diversas informaciones, a las operaciones ucranianas con drones en la Crimea ocupada y limitaron determinadas capacidades de ataque de largo alcance. Las restricciones geográficas –geofencing– del sistema revelaron una nueva realidad estratégica: la capacidad de comunicación de un Estado en tiempos de guerra puede depender, al menos en parte, de las políticas técnicas, los cálculos políticos o las decisiones comerciales de una empresa privada.

Esta dependencia está obligando a los gobiernos a replantearse el concepto de soberanía en materia de comunicaciones desde una perspectiva mucho más práctica. La experiencia ucraniana ha demostrado que la conectividad durante un conflicto depende hoy en gran medida de constelaciones de satélites comerciales y de la infraestructura terrestre que las respalda. Sin embargo, desarrollar una alternativa soberana está fuera del alcance inmediato de la mayoría de los Estados. Los sistemas LEO requieren una enorme capacidad de lanzamiento, fabricación de satélites, coordinación del espectro radioeléctrico, terminales seguros y años de inversión sostenida. Como consecuencia, incluso los gobiernos que aspiran a una mayor autonomía estratégica siguen dependiendo de operadores comerciales que ya disponen de redes globales plenamente operativas.

Por ello, Ucrania y sus socios europeos han optado menos por la independencia absoluta que por la diversificación. Desde comienzos de 2025, Ucrania ha ampliado el uso de terminales OneWeb, suministrados a través de Eutelsat, para reforzar la continuidad de la administración y la resiliencia de las infraestructuras críticas. Paralelamente, Kiev impulsa el futuro sistema UASAT GEO/LEO en cooperación con Hughes Network Systems, GomSpace y otros socios europeos, mientras que iniciativas respaldadas por la Unión Europea, como GOVSATCOM, buscan crear alternativas más resilientes y políticamente sostenibles a la dependencia de un único proveedor.

Rusia parece haber extraído conclusiones similares. Según responsables militares ucranianos, Moscú está desarrollando activamente su propia constelación de internet por satélite orientada al campo de batalla, con el objetivo de reducir su dependencia de sistemas extranjeros y ofrecer una conectividad de uso militar comparable a la de Starlink. Estos avances apuntan a un desafío mucho más amplio en materia de gobernanza, que trasciende con mucho el caso de Ucrania.

Las nuevas reglas de la conectividad en tiempos de guerra

Pese a esta evolución, los marcos jurídicos internacionales actuales están mal preparados para regular el papel que desempeñan las infraestructuras comerciales de satélites durante un conflicto armado. Muchas de las autorizaciones concedidas en Ucrania se aprobaron mediante mecanismos legales de emergencia. A principios de 2026, el Gobierno ucraniano, en colaboración con SpaceX, implantó un sistema nacional de “lista blanca” que obliga a verificar y registrar los terminales Starlink a través de plataformas estatales como Diia o centros administrativos locales. Solo los dispositivos autorizados pueden operar, mientras que los terminales no registrados pueden ser desconectados de forma remota. La medida pretendía impedir que las fuerzas rusas utilizaran terminales Starlink adquiridos en el mercado negro para coordinar drones y mantener comunicaciones en el campo de batalla.

Los marcos jurídicos vigentes –entre ellos el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), los Convenios de Ginebra y el conjunto del derecho internacional humanitario– fueron concebidos, en su mayor parte, para una época en la que los Estados, y no las empresas privadas, controlaban la mayor parte de las infraestructuras espaciales estratégicas. Por ello, ofrecen respuestas muy limitadas a cuestiones como si un operador comercial de satélites puede ser considerado parte de un conflicto, cómo deben protegerse los servicios civiles de comunicaciones cuando respaldan operaciones militares o qué obligaciones tienen las empresas cuando los gobiernos solicitan restricciones geográficas, limitaciones del servicio o cooperación en materia de ciberseguridad durante una guerra.

Como resultado, existe una brecha cada vez mayor entre la realidad tecnológica y la capacidad regulatoria. A medida que las redes comerciales de satélites se integran en el mando militar, la administración civil y la resiliencia de infraestructuras críticas, los Estados se ven obligados a gestionar dependencias estratégicas y ambigüedades jurídicas sin disponer de un marco internacional claramente establecido que defina los derechos, responsabilidades y límites de los operadores privados durante los conflictos armados. Por ello, los gobiernos deberían considerar la experiencia de Ucrania como una advertencia.

«Los gobiernos deberían considerar la experiencia de Ucrania como una advertencia»

En primer lugar, los Estados necesitan normas jurídicas y regulatorias más claras que definan el papel de los operadores comerciales de satélites durante los conflictos armados. Entre las obligaciones mínimas deberían figurar la transparencia sobre las restricciones del servicio, protocolos que garanticen su continuidad en situaciones de emergencia, requisitos de ciberseguridad y mecanismos de coordinación con las autoridades nacionales durante las crisis. Las decisiones que afectan a la conectividad en el campo de batalla no deberían depender de acuerdos opacos e improvisados entre gobiernos y directivos de empresas privadas. Francia, por ejemplo, ha reforzado la supervisión de los operadores comerciales de satélites mediante mecanismos regulatorios y de seguridad nacional, además de actualizar su legislación espacial para vincular expresamente las actividades espaciales comerciales con los intereses de la defensa nacional.

En segundo lugar, los países deberían evitar depender de un único proveedor para sus infraestructuras críticas de comunicaciones. La experiencia de Ucrania demuestra los riesgos de concentrar la resiliencia militar y civil en un solo ecosistema comercial. Los sistemas diversificados, que combinen varios proveedores e integren infraestructuras terrestres y orbitales, deberían formar parte de la planificación nacional en materia de resiliencia.

En tercer lugar, las democracias deberían establecer marcos específicos para proteger las comunicaciones civiles durante los conflictos. En las guerras contemporáneas, la infraestructura de comunicaciones ya no constituye simplemente un servicio comercial, sino un elemento esencial para la seguridad pública, la gestión de emergencias y la continuidad del funcionamiento de la sociedad. La capacidad de la población civil para comunicarse en tiempo de guerra posee cada vez una mayor importancia estratégica y humanitaria, comparable al acceso a la electricidad o al agua.

En cuarto lugar, los Estados y las organizaciones internacionales deberían comenzar a desarrollar normas compartidas sobre la militarización de las infraestructuras espaciales comerciales. A medida que los sistemas privados de satélites se integran en las operaciones militares, también se convierten en objetivos potenciales. Los marcos jurídicos vigentes aún no han abordado plenamente las implicaciones de que constelaciones comerciales funcionen como infraestructuras de doble uso durante los conflictos.

Por último, los países deberían invertir en capacidades propias o compartidas con sus aliados antes de que estallen nuevas crisis. El esfuerzo de Ucrania por desarrollar una capacidad nacional de comunicaciones por satélite refleja una lección que ya empieza a asumirse en Europa y otras regiones: la soberanía digital depende cada vez más de un acceso resiliente a sistemas espaciales de comunicaciones que no puedan ser interrumpidos con facilidad, condicionados políticamente o monopolizados por un único actor.

La invasión rusa de Ucrania constituye uno de los primeros casos de estudio de una nueva forma de hacer la guerra: un conflicto en el que la lucha por el territorio se extiende mucho más allá de la superficie terrestre y alcanza la órbita. El control de esa infraestructura ya no es una cuestión meramente técnica, sino una nueva línea del frente.

Artículo traducido del inglés, publicado originalmente por el Centre for International Government Innovation (CIGI).