Las sombras del milagro turístico albanés

Las protestas en Albania surgieron a raíz de un proyecto urbanístico de lujo en una zona protegida de gran valor ecológico. Los manifestantes denuncian daños medioambientales, falta de transparencia y favoritismo hacia intereses privados. El conflicto ha puesto de manifiesto el creciente descontento de la sociedad con la clase política y ha suscitado dudas sobre el respeto al Estado de derecho en el país.

Varias decenas de residentes y activistas medioambientales se congregaron el 23 de mayo frente al vallado de la playa de Pishë-Poro, en Zvërnec. Esta área forma parte del paisaje protegido de Vjosa-Narta, un espacio de humedales, dunas, lagunas y bosques situado en las proximidades de Vlorë, una de las principales ciudades albanesas y uno de los destinos turísticos más importantes de la costa adriática. Se trata de uno de los ecosistemas más relevantes del país para las aves migratorias.

Los manifestantes acudieron para protestar contra el proyecto Zvërnec South Adriatic, que pretende transformar la zona en un complejo turístico exclusivo de lujo, pero también para reclamar sus derechos de uso y propiedad sobre los terrenos afectados. Desde abril, los movimientos de maquinaria habían despertado la preocupación de los vecinos. Cuando la empresa constructora instaló una valla perimetral, la tensión estalló. Los asistentes portaban pancartas en defensa del medio ambiente, pero también consignas de carácter patriótico: “¡Vlorë es de Albania! ¡No a la mafia! ¡No a la oligarquía!”.

Las imágenes de agentes de seguridad privada reduciendo y arrastrando a ciudadanos albaneses provocaron una fuerte indignación pública, especialmente porque la Policía se negó a intervenir. Este hecho alimentó las acusaciones de connivencia entre las autoridades y los intereses privados vinculados al proyecto urbanístico. Días después, el Gobierno retiró las licencias a dos empresas de seguridad implicadas en los incidentes.

El conflicto legal

Documentos obtenidos por el medio BIRN revelan que detrás de la iniciativa existe una compleja y opaca red empresarial. La promotora, Zvërnec South Adriatic, está registrada en los Países Bajos como un fideicomiso extraterritorial desde 2024, pese a que su actividad principal se desarrolla presuntamente en Albania.

Aunque se desconoce la identidad completa de sus beneficiarios, medios como Reporter sostienen que entre ellos figuran dos multimillonarios cataríes, varios empresarios albaneses con causas judiciales abiertas y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, cuya actividad empresarial y diplomática parece estrechamente vinculada. La propia Ivanka Trump anunció en una entrevista sus planes de negocio junto a Kushner en una isla privada del Mediterráneo, cuya cumbre aseguró haber ascendido “descalza” durante una visita en barco. Posteriormente, a finales de enero de 2026, fue fotografiada junto a empresarios y arquitectos en Zvërnec, además de reunirse con el primer ministro Edi Rama.

Según Reporter, apenas ocho meses después de su constitución, Zvërnec South Adriatic obtuvo dos permisos de construcción en las zonas donde Kushner, a través de su fondo Affinity Partners, prevé desarrollar inversiones valoradas en más de 1.000 millones de euros. El proyecto contempla la construcción de un gran complejo turístico que afectaría a la isla de Sazan y a ocho kilómetros de costa, con cerca de 10.000 habitaciones repartidas entre hoteles y villas.

Sin embargo, la zona contaba con la categoría de Paisaje Protegido desde 2004 y había sido amparada por la Ley de Áreas Protegidas de 2017. Aun así, en 2021 el Gobierno redujo significativamente su superficie protegida, recortándola hasta unas 5.000 hectáreas. Posteriormente, la Ley 21/2024 introdujo modificaciones que permiten excepciones a la protección medioambiental cuando concurran intereses de desarrollo económico.

El terreno afectado se encuentra además inmerso en diversos litigios sobre la propiedad. Pese a ello, los permisos fueron concedidos por el Consejo Nacional de Territorio y Agua, presidido por el propio Edi Rama, quien llegó a afirmar públicamente que la propiedad “pertenece a los inversores”.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) investiga actualmente los procesos de transferencia de propiedades y recalificación urbanística realizados desde 2024. Se trata de la institución que goza de mayor confianza entre la ciudadanía albanesa, según diversas encuestas. Paradójicamente, fue creada en 2019 con apoyo diplomático y financiero de Estados Unidos.

La firma de inversión de Kushner ya había intentado desarrollar un proyecto similar en Belgrado, sobre los terrenos ocupados por las ruinas del antiguo Estado Mayor serbio, bombardeado por la OTAN en 1999. La iniciativa generó una fuerte controversia, tanto por la opacidad del proceso como por el simbolismo de que una empresa estadounidense obtuviera beneficios económicos de un emplazamiento tan sensible en el centro de la capital serbia.

La movilización social

Los acontecimientos del 23 de mayo marcaron un punto de inflexión y desencadenaron las protestas más importantes registradas en Albania desde 2019. Sin embargo, estas movilizaciones presentan rasgos novedosos. Son esencialmente apartidistas. Los manifestantes critican tanto al Gobierno de Rama como a la oposición liderada por Sali Berisha, ex primer ministro y actual dirigente del Partido Democrático de Albania, a quienes consideran parte de un mismo problema político.

Las protestas reúnen perfiles muy diversos. Participan jóvenes que no arrastran las frustraciones políticas de generaciones anteriores, junto con vecinos de mayor edad profundamente vinculados a la tierra y al territorio.

Las movilizaciones han crecido progresivamente y se han desarrollado de forma pacífica. El flamenco, especie emblemática del ecosistema amenazado, se ha convertido en el símbolo de la protesta, llegando incluso a desplazar al águila bicéfala de la iconografía nacional utilizada por los manifestantes. La disputa posee una fuerte dimensión identitaria y patriótica, ya que gira en torno a la defensa de un espacio natural considerado patrimonio común. Por ello, las habituales acusaciones de antipatriotismo o traición a la nación, frecuentemente utilizadas desde el poder o los medios afines al Gobierno, apenas han tenido impacto.

El conflicto refleja la creciente desconexión entre la clase política y la sociedad civil, que encuentra dificultades para transformar su indignación en una representación política eficaz y con consecuencias institucionales. En las manifestaciones confluyen reivindicaciones muy diversas: la defensa del medio ambiente, la denuncia de la oligarquía y la concentración de poder, el rechazo a la injerencia extranjera, las críticas a la violencia policial, la exigencia de mayores libertades políticas e incluso el apoyo a la integración europea.

Tras la dictadura de Enver Hoxha y las turbulencias de la transición poscomunista, Albania atraviesa una etapa de crecimiento económico impulsada en gran medida por el turismo. El país vive un auténtico auge del turismo de sol y playa, reflejado en el espectacular aumento de visitantes internacionales: desde 2019, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Tirana ha crecido más de un 200 %.

Sin embargo, este modelo de desarrollo también ha generado importantes tensiones. La proliferación de complejos residenciales exclusivos y grandes proyectos turísticos ha tenido un elevado impacto ambiental y ha contribuido a encarecer el coste de la vida. A ello se suman problemas estructurales como la inflación, la falta de transparencia institucional, la emigración de talento joven y la persistencia de la corrupción.

La estrategia exterior

Edi Rama ha orientado buena parte de su política exterior hacia la captación de inversión extranjera y el fortalecimiento de sus relaciones con líderes como Donald Trump, Giorgia Meloni o Benjamín Netanyahu. Esta estrategia resulta llamativa si se tiene en cuenta que Rama lidera el Partido Socialista de Albania y forma parte de la familia socialdemócrata europea.

El primer ministro acusa a los manifestantes de oponerse al desarrollo económico del país. Paralelamente, algunos medios difundieron rumores según los cuales las protestas estarían alentadas desde Grecia o tendrían un componente antisemita, coincidiendo con los recientes acuerdos firmados entre Albania e Israel en ámbitos como la agricultura, la seguridad alimentaria y la innovación.

En entrevistas concedidas a Euronews y CNN, Rama ha llegado a negar la existencia del proyecto para después volver a respaldarlo públicamente, mientras la actividad de la maquinaria en el delta del Vjosa continúa siendo visible.

Albania aspira a ingresar en la Unión Europea en 2030, y Rama ha cultivado la imagen de un líder carismático y cercano. Su estilo desenfadado y su capacidad para captar atención en las cumbres internacionales le han reportado importantes beneficios políticos. Sin embargo, la actual crisis, aunque no parece amenazar la continuidad de su Gobierno, proyecta una nueva luz sobre su liderazgo y sitúa en primer plano cuestiones fundamentales para el proceso de adhesión europea, especialmente la seguridad jurídica.

Bruselas exige no solo la adaptación legislativa al acervo comunitario, sino también garantías efectivas de aplicación de las normas y un poder judicial independiente capaz de sostener la integración del país en el mercado único.

Más allá del caso albanés, este conflicto plantea interrogantes de mayor alcance sobre el futuro de los Balcanes occidentales. La Administración Trump ha dejado clara una estrategia regional basada en la estabilidad y la seguridad, pero también en la promoción de intereses económicos. Este enfoque transaccional puede resultar especialmente atractivo en contextos caracterizados por liderazgos con escasos contrapesos institucionales, abundancia de recursos aún poco explotados y costes laborales reducidos.

La evolución reciente de Albania, Serbia o Bosnia y Herzegovina pone de manifiesto las tensiones que podrían intensificarse en los próximos años entre el modelo de ampliación promovido por la Unión Europea –basado en el Estado de derecho y las garantías democráticas– y una visión más pragmática de las relaciones internacionales, donde la democratización y la calidad institucional ocupan un lugar menos central.