México: balance agridulce

Coincidiendo con la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso en México, el 1 de septiembre cada año el presidente de la República debe presentar un informe por escrito en el que “manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”. Tras nueve meses en el cargo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció un discurso en Palacio Nacional, después de haber presentado dos informes no oficiales el 11 de marzo y 1 de julio. En su discurso del 1 de septiembre, AMLO destacó algunos puntos centrales del informe –un documento compuesto por tres apartados principales: Política y Gobierno; Política Social, y Economía–, entregado al Congreso por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Muchos asuntos habían sido ya tratados en los primeros dos informes, a los 100 y 200 días del inicio de su administración. Por consiguiente, el propósito de esta nota es presentar un análisis de coyuntura sobre los asuntos de mayor relevancia durante primer informe oficial de gobierno, a la luz de la evolución de la aprobación presidencial durante sus primeros nueve meses de andadura.

Violencia persistente

Tanto en su toma de posesión el 1 de diciembre, como en el primer informe de gobierno, AMLO pronunció, al referirse al asunto de la violencia y la inseguridad, la siguiente frase: “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que se ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos”. Esta frase resume la lectura del oficialismo con respecto a las causas que subyacen detrás de la violencia. Sin embargo, en la práctica se ha visto traducida en una estrategia que comparte un diagnóstico cercano a las teorías de la “seguridad ciudadana”, o a los informes del Banco Mundial para México, que suelen ignorar la literatura académica que ha demostrado que la causa de la violencia no es la desigualdad o la pobreza, sino la estrategia frontal militarizada tras la declaración de la guerra contra las drogas durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Como ha quedado demostrado en distintos trabajos, esta estrategia propició la diversificación de los grupos del crimen organizado, multiplicando la tasa de homicidios y disparando los niveles violencia y victimización a niveles sin precedentes.

En este contexto, el presidente reconoció que existe un problema grave de violencia, a menos de una semana de la masacre en Coatzacoalcos (Veracruz), en la que murieron alrededor de 30 personas. No obstante, enfatizó el peso de la herencia de la administración anterior. A diferencia de los tres sexenios anteriores, la actual administración efectivamente heredó una tendencia al alza en los índices delictivos y en la violencia homicida: Enrique Peña Nieto (2012-2018) llegó a la presidencia en un momento en que se habían reducido los crímenes, que aumentaron nuevamente en 2015; Vicente Fox (2000-2006) lo hizo en un momento en que la tasa de homicidios experimentaba un descenso estructural desde 1997; y Felipe Calderón llegó a la presidencia en 2006, un año antes de que México experimentara la tasa mínima histórica en la tasa de homicidios, con alrededor de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Pese a las críticas que realizó en campaña con respecto a la militarización del país durante los gobierno previos –asegurando que los militares regresarían a los cuarteles, concluyendo con la guerra contra el narcotráfico–, la actual administración ha mantenido una estrategia de militarización de la seguridad pública, después de la creación de la Guardia Nacional. Junto con “fortalecer los programas sociales y apoyar a los jóvenes para que no los reclute el crimen organizado”, esta institución –que incorporó elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal– es uno de los tres pilares de la estrategia actual de seguridad para lograr erradicar la violencia. Con todo, pese a la bomba de relojería que podría representar, el discurso de la “violencia heredada” parece ser aún eficaz frente a la opinión pública. De acuerdo con el informe presentado por Parametría, un 77% considera insuficiente el tiempo que AMLO lleva gobernando para poder evaluarlo como gobernante, frente a 21% que piensa que “no necesita más tiempo”. En paralelo, aunque a que la opinión pública considera mayoritariamente que todavía es pronto para juzgar a la actual administración, el “combate al narcotráfico” es el área peor valorada, con solo un 51% de opiniones favorables, seguida por el “combate a la delincuencia”, con un 50%. De hecho, pese a ser las áreas peor valoradas, llama la atención el nivel de aprobación en este rubro en un año en el cual la tasas de homicidios han desplazado a 2018 como el año más violento, con un nuevo record de casi 20.600 personas asesinadas durante el primer trimestre de 2019. Asimismo, según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que presenta resultados para el segundo trimestre de 2019, el 73,9% de la población consideró que en términos de delincuencia vivir en su ciudad es inseguro. Ecatepec (Estado de México, 90%), Coatzacoalcos (Veracruz, 97,4%) y Naucalpan (Estado de México, 94,3%) son las ciudades en las que la población se siente más insegura de todo el país.

Expectativas y crecimiento económico

Detrás de la estrategia de pacificación de la actual administración, los programas sociales y el crecimiento de la economía ocupan un lugar central como palancas para aumentar los niveles de bienestar social. Sin embargo, en términos económicos el primer año de AMLO ha estado lleno de dificultades, desde la cancelación de grandes proyectos de inversión como el Aeropuerto de Texcoco y su posterior relocalización en Santa Lucía, hasta las bajas calificaciones otorgadas por consultoras como A.T. Kearny, quien llegó a colocar a México en el último puesto del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa. Ambas situaciones son evidencia del ambiguo discurso de la presente administración frente a la iniciativa privada.

A todo ello se suman los problemas económicos y políticos de las dos principales empresas paraestatales del país, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas han visto una pérdida de confianza por parte de los inversionistas, lo que a su vez repercute de manera directa en la calificación global de México en materia de inversión, la cual oscila actualmente alrededor de BBB, cercano al grado especulativo. No obstante, pensar que México se encuentra cerca del incumplimiento de sus compromisos internacionales parece poco probable, ya que el programa de austeridad implementado desde la presidencia ha conseguido ahorros por más de $145 millones de pesos, a lo que se suman aumentos semanales de 114 millones de dólares en las reservas internacionales del país. Al mismo tiempo, la dura política fiscal mexicana ha dado poco margen de maniobra para la toma de decisiones en materia de política económica, lo que se ve reflejado en algunas de las más bajas tasas de crecimiento del PIB en los últimos años.

Al conseguir una tasa crecimiento del 0,1%, México logró evitar la recesión técnica –dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo–, pronosticada por expertos nacionales e internacionales. Dicha situación fue percibida como positiva, en términos políticos, por amplios sectores de la población, incluyendo la presidencia. Con todo, en lo que respecta a la situación económica, tras el cálculo ajustado realizado en agosto por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México, el resultado fue de 0%. Estos resultados lucen contradictorios, sobre todo cuando se tiene en cuenta que uno de los discursos con los que AMLO llegó a la presidencia se basó en las críticas de las políticas económicas neoliberales que en el pasado habían conseguido, en promedio, tasas de crecimiento del 2%. Nuevamente, aunque es cierto que México consiguió esquivar la recesión, no es menos cierto que el país sufre un estancamiento económico, con un promedio de crecimiento del 0,4% en los últimos cinco trimestres.

Los resultados económicos del país también han sido nutridos por factores internacionales, tales como la renegociación del TLCAN (hoy T-MEC); las irregulares políticas arancelarias de Donald Trump, o la reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que no se habían modificado desde 2008. Este último escenario puede acarrear futuras dificultades, dada una posible salida de capitales de México en favor del mercado estadounidense. La decisión de la Fed ha invertido la curva de la tasa de interés, lo que podría ser indicio de una nueva recesión internacional, que comienza a tener efectos en los mercados emergentes de América Latina y el Caribe. En la actualidad, las expectativas de crecimiento económico están siendo constantemente modificadas a la baja por la banca central, colocándose por ahora en un 0,5%, lejos del esperado 2,1% prometido por el oficialismo. Y si bien se ha incrementado los salarios de los trabajadores mexicanos en un 16% –un aumento sin precedentes en términos reales en más de tres décadas–, también se ha perdido confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Ante un escenario en el que, por una parte, EEUU ha decidido reducir sus tasas de interés y, por otra, México se encuentra cerca de entrar en la lista de países con grado de “especulativo” según las calificadoras, recuperar la confianza de los inversionistas y fomentar el gasto público serán factores clave para el desarrollo nacional.

Nivel de aprobación se mantiene, disminuye su intensidad

De acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional Electoral, AMLO llegó a la presidencia tras las elecciones del 1 de julio de 2018 con el apoyo de 53% del voto y un nivel de participación del 63,5%. Los niveles de aprobación alcanzaron niveles sin precedentes en la historia del país, incluyendo 31 de los 32 estados de la república, por lo que se convirtió en el presidente más votado en la historia reciente de México, llegando a tener niveles de aprobación de más del 80%. Así, de acuerdo con cinco encuestadoras, AMLO llega al primer informe con un promedio del 67% de aprobación. La que reportó el nivel más bajo ha sido la de El Economista-Mitofsky (61,8%), seguida por El Financiero (67%), El Universal (69%), Gabinete de Comunicación Estratégica (70,5%) y Enkoll (73%). Por otro lado, según los resultados de Parametría, en un estudio realizado cara a cara en vivienda (un procedimiento más representativo que a través de Internet o por teléfono, donde se excluye al 35 y al 50% de la población, respectivamente), el mandatario alcanzó niveles de hasta el 78% de aprobación. Durante este año, el nivel más alto de ha sido de 86% en enero y, de cara al primer informe, sigue manteniendo niveles altos de aprobación, pese haber tenido una caída de 8 puntos.

Junto con esta caída de 8 puntos en términos absolutos, un dato de importancia es la disminución de aquellos individuos que aseguraron apoyar “mucho” al mandatario, por un lado, y el aumento de aquellos que dicen apoyarlo “algo”, por otro. En otras palabras, la categoría de quienes decían apoyarlo “mucho” tuvo una caída de 22 puntos porcentuales –pasando del 66 al 44%–; por contra, la categoría “algo” creció un 34%. Este cambio representa una pérdida de intensidad en el apoyo al ejecutivo. Al mismo tiempo, podría ser reflejo de la bomba de relojería que podría estallar más adelante en las manos de la actual administración. Si la opinión pública no comienza a percibir mejoras en las áreas que más le preocupan –economía, violencia e inseguridad–, los niveles de aprobación del ejecutivo podrían tener una caída progresiva, como consecuencia de alimentar grandes expectativas y haber prometido resultados a corto plazo.