Manifestación en Guatemala en apoyo a la CICIG

Morales, Estado de Derecho y lucha contra la impunidad

JUANA MARGARITA GUERRERO GARNICA
 |  3 de septiembre de 2018

El 31 de agosto el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, tomó por sorpresa a sus conciudadanos en un acto que se suma a la interminable lista de desatinos de su mandato. Ese día, mediante una convocatoria a la prensa, se presentó a eso de las diez de la mañana y rodeado de militares –recordándonos una imagen similar a la de Nicolás Maduro en Venezuela, a esa Venezuela a la que tanto teme la derecha guatemalteca y a la que huye el gobierno– anunció por medio de un mensaje leído en siete minutos que ha notificado a las Naciones Unidas su decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aduciendo que su actuar en diez años ha buscado la “aplicación de justicia selectiva con sesgo ideológico para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía” y que por tanto “después de diez años corresponde la transferencia de capacidades a las instituciones estatales correspondientes”. Y lo hace el mismo día en que Daniel Ortega expulsa a la Misión de la ONU (Oacnudh) de El Salvador, después de que esta presentara un informe donde denuncian violaciones a derechos humanos y represión en las protestas contra el gobierno.

 

Militarización y debilitamiento del Estado de Derecho

Uno de los grandes ausentes en la conferencia de prensa de Morales fue el Consejo de Ministros; los únicos presentes, el vicepresidente, Jafeth Cabrera, la canciller, Sandra Jovel, y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, quienes han sido sus aliados en ese constante intento de expulsar a la CICIG.

Ese día, las calles amanecieron tomadas por tanquetas militares y jeeps con aspecto militar, pertenecientes a la Policía Nacional Civil y donados por el gobierno de Estados Unidos para otro fin. La embajada de EEUU fue rodeada, y un vehículo en el que se conducía parte del equipo jurídico de la CICIG fue interceptado por la policía y el ejército.

Mientras tanto, la policía se dedicó a intimidar a los ciudadanos que empezaban a salir a las calles a manifestarse en contra de la decisión anunciada por el presidente, así como ingresando en establecimientos de alimentación que apoyan al movimiento LGBTI+ ordenando retirar las banderas y símbolos del movimiento y pidiendo documentos de identificación a los comensales; también eran órdenes del presidente basadas en fundamentalismos religiosos.

Estas acciones nos recuerdan un pasado oscuro y no tan lejano –30 años del Conflicto Armado Interno, apenas a la vuelta de la esquina de la historia– y representan un claro debilitamiento del Estado de Derecho y el retorno a las prácticas represivas de los gobiernos militares.

Esta decisión, además, es un desacato a la sentencia de amparo dictada hace un año por la Corte de Constitucionalidad en virtud de la cual se suspende en definitiva la decisión unilateral del presidente de expulsar a la CICIG y de no renovar las visas de trabajo de los extranjeros que trabajan en dicha Comisión. Con el agravante de que es una decisión tomada a escasas semanas de que el ministerio Público solicitara nuevo antejuicio contra el presidente por haber indicios de que FCN-Nación habría incurrido en la comisión de un delito de financiamiento electoral ilícito en 2015.

 

Las reacciones ‘ad intra’ y de la comunidad internacional

Tanto el gobierno de EEUU como Canadá y cooperantes europeos, así como el mismo secretario general de la ONU, António Guterres, se han pronunciado instando al presidente a que sea garante del Estado de Derecho, y advirtiendo de las consecuencias que conlleva la violación de Derechos Humanos y tratados internacionales en la materia, así como el debilitamiento de la lucha contra la impunidad.

Ad intra, desde grupos de la sociedad civil organizada, movimientos y partidos políticos, el Consejo Superior Universitario, facultades y escuelas de la USAC, el PDH, el representante de los 48 Cantones de Totonicapán, la actual fiscal general y jefa del MP, la exfiscal Thelma Aldana y la población en general, todos se han pronunciado exigiendo lo mismo. Están de acuerdo en la necesidad de la transferencia de capacidades a los entes estatales correspondientes por parte de la ONU y en la condición del carácter temporal de la CICIG en Guatemala, pero este no es el momento, el país aún está en proceso de fortalecimiento.

En una República, las decisiones unilaterales y sin control de los otros poderes del Estado no pueden ser permitidas. Este ha sido un desatino más que se suma a la infinita lista de decisiones que afectan tanto a la política interna como a las relaciones internacionales. La militarización de los entes estatales, el debilitamiento de las entidades que están luchando contra la impunidad en el país, así como las medidas represivas contra la población, representan un grave retroceso del proceso democrático aún en construcción y un fuerte debilitamiento del Estado de Derecho.

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