peru elecciones
El candidato presidencial del partido Perú Libre, Pedro Castillo, durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones, el 27 de mayo de 2021 en Carabayllo, Lima, Perú. RAÚL SIFUENTES. GETTY

Perú: entre la espada y la pared

La pandemia ha dejado al desnudo todas las carencias del ‘modelo’ peruano. Las posibilidades de Castillo de ejercer una política rupturista son, sin embargo, escasas.
LUIS ESTEBAN G. MANRIQUE
 |  31 de mayo de 2021

“En último término, el populismo se sostiene en la exasperación y las frustraciones de la gente común, que en un algún momento se hastía de lo que le está ocurriendo”.
Slavoj Zizek, Bienvenidos a tiempos interesantes (2012).

 

Entre los corresponsales en América Latina circula un dicho que en cada ciclo electoral demuestra su veracidad: en la región existen la ficción, la realidad y Perú, que representa una categoría en sí misma. Las elecciones de este año han añadido nuevos hitos a esa leyenda.

A los comicios del 11 de abril se presentaron 18 candidatos. Solo seis tenían posibilidades de superar el 10%. Una semana antes, el maestro rural Pedro Castillo –candidato de Perú Libre (PL), cuyo 18,8% le hizo pasar a la segunda vuelta del 6 de junio–, figuraba séptimo en los sondeos (6%) y tenía apenas 2.172 seguidores en Twitter, 2.027 en Instagram y 567 en TikTok. Pero en las redes reales del mundo andino-amazónico arrasó. En tres regiones del sur andino –Apurímac, Ayacucho y Huancavelica– superó el 50%. En Puno (47%), una región de mayoría aymara, la tasa de mortalidad infantil es tres veces mayor que la de Lima. El candidato del lápiz, símbolo de PL, uno de los ocho que no tenía procesos judiciales abiertos, apostó por las radios comunitarias y los recorridos pueblo a pueblo, un perfil que le hizo pasar desapercibido para los grandes medios.

Castillo, como Alfonso Barrantes, primer alcalde socialista de Lima (1984-86), proviene de Cajamarca, una región andina muy pobre pese a que en ella se extrae el 26% del oro del octavo productor mundial. Desde 1956, solo un presidente, ­Alejandro Toledo –un cholo como Castillo–, no nació en Lima, que concentra un tercio de la población y la mitad del PIB en un país de 30 millones que habitan un territorio de casi 1,3 millones de kilómetros cuadrados.

Una caricatura de Carlos Tovar en La República muestra a Castillo liderando una resistencia incaica contra una embestida de conquistadores a caballo liderados por su rival en la segunda vuelta, Keiko Fujimori, y Mario Vargas Llosa, que ha pedido el voto para ella porque la considera “el mal menor”. El paralelismo era intencional: en Cajamarca Pizarro capturó a Atahualpa, último inca del Tahuantinsuyu.

 

peru elecciones

 

Nueva carga fujimorista

En el bando fujimorista, las cosas no son menos insólitas. Fujimori (13,4%) no pudo asistir a un foro político en Quito al que la invitó Vargas Llosa porque un fiscal especializado en crimen organizado consideró que existía riesgo de fuga de la candidata. Sobre ella pesa una solicitud de condena de 30 años de prisión por lavado de activos y obstrucción a la justicia. El 10 de octubre 2018 fue detenida por haber recibido 1,5 millones de dólares de aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht. Tres meses después fue liberada bajo fianza.

Es la primera vez que una imputada por delitos de esa envergadura compite por la presidencia peruana. En The New York Times, Alberto Barrera Tyszka escribe que si a un avezado guionista se le hubiese encargado una trama sin salidas posibles, quizá no hubiese imaginado un relato tan desolador: “El peor remake posible de la industria de la polarización latinoamericana”. Pero para los peruanos es un déja vu.

En 1990, un desconocido ingeniero de origen japonés, Alberto Fujimori, padre de Keiko, en el último minuto evitó la victoria de Vargas Llosa para luego aplicar con implacable rigor el programa económico del escritor. En 2006 y 2011, Ollanta Humala hizo también cundir el pánico esgrimiendo un discurso chavista que no tardó nada en diluirse una vez en el gobierno. El modelo parecía intocable.

Otra vez, como cada 10 años, los conservadores han cubierto las avenidas capitalinas con grandes carteles contra la “amenaza comunista”, como si la Lima de 2021 fuera Santiago de Chile en 1973 o Yakarta en 1965. En las redes, mensajes y videos “psicosociales” advierten de que si gana PL, los bancos quebrarán por la huida de capitales y los bloqueos de carreteras desabastecerán de alimentos a las ciudades: “No habrá un camino descendente que nos permita hacer maletas. Todo será dinamitado en muy poco tiempo”, dice uno de los más moderados.

 

«Como cada 10 años, los conservadores han cubierto las avenidas capitalinas con grandes carteles contra la ‘amenaza comunista’, como si la Lima de 2021 fuera Santiago de Chile en 1973 o Yakarta en 1965»

 

Pero reducir las cosas a un enfrentamiento entre capitalismo y comunismo es un anacronismo tan simplista como inútil. No explica ni cambia nada. Según Karim Pávez, directora de Inclusiva, una consultora especializada en desarrollo social, el voto a Castillo se explica por una lectura precisa de las necesidades del mundo rural, que la pandemia multiplicó.

En La República, Luis Jochamowitz, biógrafo de Fujimori y de su ex “hombre fuerte”, Vladimiro Montesinos, describe a Castillo como “elemental, simpático, despierto…”. Hasta ahora, su popularidad no se ha visto afectada por sus vínculos con Vladimir Cerrón, fundador de PL e hijo de un profesor universitario que fue secuestrado y asesinado en 1990, probablemente por un comando de extrema derecha. Cerrón estudió medicina en Camagüey entre 1997 y 2002. En 2018, volvió a Cuba para asistir a una reunión del Foro de Sao Paulo, pero es un marxista sui generis. No pudo ser candidato de su partido porque está inhabilitado para ejercer cargos públicos. Como gobernador de Junín entre 2011 y 2014, concedió millonarios contratos de obras públicas a constructoras afines a cambio de coimas (sobornos). En 2019 fue declarado culpable y tuvo que dejar el cargo.

Cerrón cree que la permanencia indefinida en el poder es un rasgo que define a la izquierda “auténtica”. Así, no resulta extraño que Castillo diga ahora que a Cerrón no se le verá “ni de portero” en un eventual gobierno suyo. Cerrón necesitaba un candidato y lo encontró en Castillo, que saltó a la fama política cuando en 2017 lideró una huelga magisterial que duró 75 días. Pero ahora las tornas han girado. Quien no está en el gobierno ni en el Congreso no tiene poder real en un sistema presidencialista. Y menos en las condiciones actuales.

 

Los límites del sistema

Con 10 partidos en la Cámara y una mayoría conservadora –85 frente a 42 de congresistas de izquierdas–, un programa rupturista exigiría un golpe de Estado como el del 5 abril de 1992 de Alberto Fujimori, en condiciones muy distintas a las actuales. La suma de votos de los dos candidatos más votados en la primera vuelta fue del 32,3%, frente al 60,8% de 2016, el 55,2% de 2011 y el 62,2% de 2001. Con sus votos del 11 de abril, Castillo habría quedado tercero en 2011 y 2016.

El antifujimorismo, un sentimiento transversal en la sociedad peruana, hace que la posición de Keiko Fujimori sea aun más precaria, sobre todo porque se ha rodeado otra vez de políticos con extensos prontuarios y delitos proscritos. Castillo, en cambio, ha elegido para su equipo independientes de prestigio como el físico nuclear Modesto Montoya y el exfiscal Avelino Guillén, que presentó las acusaciones que condujeron a la condena de Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad.

Aunque todavía nada está dicho, lo único seguro es que cualquier maniobra autoritaria de uno u otro provocaría movilizaciones como las que el pasado noviembre derribaron a Manuel Merino tras cinco días como presidente, después de la vacancia (destitución) de Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”. El país andino se ha convertido en una democracia vigilada de facto por las calles.

 

«La pandemia ha dejado al desnudo todas las carencias del ‘modelo’: en 2020 la pobreza regresó a los niveles de 2010 (30,1%), con lo que ahora hay 3,3 millones más pobres que en 2019»

 

El plan de gobierno de PL solo menciona que el Estado fortalecerá su papel regulador dentro de una economía mixta. Es explicable. Según Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, la mayoría de los cambios propuestos por PL no son ejecutables dentro del actual marco legal. Gestión estima que una nacionalización del yacimiento gasífero de Camisea activaría demandas internacionales de 7.000 millones de dólares, mientras que la del proyecto cuprífero de Quellaveco exigiría indemnizar con 5.500 millones a Anglo American. Y todo ello con un déficit que supera el 10% del PIB y una deuda en torno al 40%.

Entre 1990 y 2019, la disciplina fiscal y el crecimiento redujeron la pobreza del 61% al 18%. Pero la pandemia ha dejado al desnudo todas las carencias del modelo, que apenas invierte el 2,8% del PIB en sanidad. Los resultados están a la vista: la tasa de mortandad más alta del mundo y hospitales sin camas ni oxígeno.

Según datos oficiales, en 2020 la pobreza regresó a los niveles de 2010 (30,1%), con lo que ahora hay 3,3 millones más pobres que en 2019, vendedores ambulantes, niños pidiendo limosna e invasiones masivas de terrenos en las lomas desérticas que rodean Lima. Las imágenes de satélite del Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) muestran que la crisis ha disparado la deforestación que causan taladores, colonos y extractores de oro fluvial en los bosques amazónicos.

 

Cambio de ciclo

En 1980, la votación por los partidos tradicionales sumó el 96,9% del voto. En 1990, el 63% y en 1995, el 8%. Una de las pocas organizaciones que no se han hundido en esas arenas movedizas institucionales es el Sutep, el sindicato magisterial creado en los años setenta por Patria Roja, una escisión maoísta del Partido Comunista (PCP). Hoy la Derrama Magisterial, su fondo mutual que invierte los aportes de sus asociados, es una próspera institución financiera. En 2106 compró la cadena de librerías Crisol por 20 millones de dólares.

Según la Defensoría del Pueblo, la minería, que aporta tres de cada cinco dólares que el país obtiene por sus exportaciones, causa siete de cada 10 conflictos sociales. Castillo ganó la mayoría de los votos en 10 de las 11 provincias que albergan los proyectos mineros más grandes del país. No es el único problema del modelo. Un reciente fallo del Tribunal Constitucional impidió que prescribieran casi 3.000 millones de dólares en deudas tributarias impugnadas por 158 grandes empresas. En 2019, la presión fiscal fue del 16,9% del PIB, frente a la media regional del 23,2% (34,3% en la OCDE).

Según escribe Germán Alarco en Riqueza y desigualdad en el Perú (2019), entre 2012 y 2016 los millonarios con un patrimonio superior al millón de dólares se duplicaron y los que tenían más de 100 millones se multiplicaron por cuatro. No es casual que varios de los grandes grupos económicos –Credicorp, Alicorp, GM, Gloria…– sean los grandes donantes, declarados o no, de las campañas electorales fujimoristas. La de 2011 recibió 9,5 millones de dólares de aportes no declarados, 8,2 millones de ellos en efectivo.

Las elecciones han puesto de manifiesto, además, otro problema estructural: la distancia entre Lima y el mundo rural, una brecha que es tanto económica como cultural y étnica. En No soy tu cholo (2017), Marco Avilés sostiene que no hay nada que defina mejor a la sociedad peruana que el racismo: “lo blanco”, dice, es una forma de pensar. Y discriminar. En la última encuesta mundial de valores, de los más de 50 países evaluados entre 2000-2020, Perú lidera el ranking con la más baja confianza social.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *