Gendarmes turcos, durante el juicio a periodistas del diario Cumhuriyet, el 11 de septiembre. GETTY

Prensa y Democracia (X): Kafka en Turquía

GEORGIA NASH
 |  20 de septiembre de 2017

El mes pasado fueron detenidos en España dos periodistas con doble nacionalidad turca y sueca: Hamza Yalçin y Dogan Akhanli. En ambos casos se debió a que Turquía emitió órdenes internacionales de detención, que España cumplió arrestándolos. Akhanli fue puesto en libertad a condición de no abandonar Madrid, mientras que Yalçin sigue detenido y con la posibilidad de ser extraditado a Turquía. La canciller alemana, Angela Merkel, criticó las detenciones, calificándolas de “abuso del sistema de Interpol”, pero Turquía sostuvo que ambos son buscados por actividades terroristas. ¿Cómo deberíamos actuar ante unos argumentos que acaban siendo contradictorios? Y otro interrogante: ¿el sistema judicial turco es lo bastante independiente como para proteger el derecho a la libertad de expresión?

Desde el fracaso del golpe de Estado del año pasado, el gobierno turco ha sostenido que las medidas adoptadas con posterioridad a la intentona eran necesarias para proteger la democracia. Su argumento se basó en que la existencia de circunstancias “extraordinarias” justificaba medidas “extraordinarias”. Según el argumento oficial, en Turquía no hay periodistas encarcelados, sino “terroristas”. Los llamamientos de la comunidad internacional a Turquía para que las autoridades se aseguren de que nadie sea perseguido por su actividad periodística han sido refutados con la afirmación de que ello suponía una interferencia indebida en sus procesos judiciales independientes.

El fallido golpe de Estado fue ciertamente “extraordinario”: murieron 246 personas, y el Parlamento fue bombardeado. No cabe ninguna duda de que el gobierno turco tenía el derecho, incluso la obligación, de responder a la intentona golpista. Pero aunque los oficiales militares implicados fracasaron, hoy vemos todos los indicios y síntomas que son habituales en los golpes exitosos. Casi ningún sector ha quedado a salvo de la represión generalizada del gobierno: el poder judicial, la fiscalía, los funcionarios públicos, la policía, el Parlamento, las universidades y hospitales, la sociedad civil y los medios de comunicación. Turquía ha quedado como si hubiese sido arrasada por un golpe… sin golpe.

La escala de las represalias en Turquía es sobrecogedora, como lo reflejan sus cifras: 171 periodistas en prisión, 184 medios de comunicación clausurados, 1125 organizaciones civiles cerradas, 5.000 académicos cesados, 4.000 jueces, fiscales y procuradores destituidos por destituidos por decreto. En este momento existen 75.000 casos judiciales relacionados con el golpe pendientes de resolución ante el Tribunal Constitucional, ninguno de los cuales ha sido abordado. Según se estima, el número de personas arrestadas en relación con el fracasado golpe de 2016 asciende a 50.000, y la cantidad de funcionarios públicos cesados por la misma causa supera los 110.000. En respuesta al golpe, el gobierno turco implantó el estado de emergencia, lo cual le permite gobernar por decreto. Las medidas han ido mucho más allá de lo necesario, con la prolongada prisión preventiva de periodistas críticos para después ser procesados en juicios espectáculo.

 

Absurdo e ilógico: el periodismo en el banquillo

Muchos casos se han caracterizado por acusaciones absurdas, inculpaciones ilógicas y una preocupante abundancia de falta de pruebas. Un ejemplo representativo es el del escritor Ahmet Altan, enjuiciado por las acusaciones de “intento de subversión del orden constitucional usando la violencia o la fuerza” e “interferir en las actividades de la Asamblea Nacional”, los mismos cargos a los que deben enfrentarse los oficiales militares que efectivamente bombardearon el Parlamento la noche del 15 de julio de 2016. La diferencia es que Altan no ha sido acusado de estar involucrado en el propio intento de golpe, al menos físicamente, sino de enviar “mensajes subliminales” en apoyo de la intentona durante un debate en la televisión la noche anterior. Valdría la pena hacer un alto en la narración para considerar cómo podría defenderse contra una acusación tan vaga y francamente extravagante. Aparte de la citada entrevista en la televisión y de una serie de artículos en los que expresa sus críticas al gobierno, la únicas pruebas presentadas en su contra hasta el momento son, en el mejor de los casos, dudosas y circunstanciales, relacionadas con personas que presuntamente hablaron con él en años recientes, y no tan recientes. Tal y como Altan lo expresó en su declaración de defensa ante el tribunal: “Se dice de nosotros que presuntamente conocemos a personas que presuntamente conocieron a personas que supuestamente conocen a los hombres que pretendidamente dirigieron el golpe”.

 

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Altan está lejos de ser el único periodista o escritor enfrentado a cargos absurdos. Las actas de acusación contra periodistas son de una alarmante baja calidad, y muchas secciones de los mismos son claramente un “corta y pega” de otros. Están plagados de incoherencias, llegando en ocasiones a situaciones tragicómicas. Por ejemplo, en el juicio a los periodistas del periódico Cumhuriyet, decano de la prensa turca, el presidente del Consejo de Administración del mismo, Akin Atalay, se enfrenta a acusaciones de pertenencia a red terrorista. Las imputaciones presentadas en su contra incluyen la acusación de que el hijo del hombre que empleaba para encerar los suelos una vez fue a un restaurante dirigido por un integrante del movimiento Gülen, la organización religiosa a la que las autoridades culpan de orquestar el golpe. No solo es esta cadena de conexiones absurdamente larga, sino que además el evento supuestamente se produjo en 2011, mucho antes de que el movimiento Gülen fuese calificado oficialmente de organización terrorista. Y, más todavía, en una época en que el propio partido gobernante, el AKP, estaba estrechamente alineado con el movimiento.

Los casos menos conocidos son todavía mucho más inquietantes. Por ejemplo, el periodista kurdo Nedim Türfent está siendo juzgado en la provincia oriental de Hakkari, lejos de la atención pública. Durante su juicio, 12 de los 13 testigos declararon ante el tribunal que fueron obligados bajo tortura a prestar testimonio en su contra.

 

Un sistema judicial acosado

El gobierno turco pide a la comunidad internacional que tenga paciencia y permita que el sistema judicial siga su curso. Pero es que, además, mientras los periodistas languidecen en la cárcel, el propio sistema de justicia está siendo atacado.

En el caso del Cumhuriyet, el fiscal que preparó el acta de acusación contra los periodistas fue posteriormente imputado por pertenecer a la misma organización terrorista, el movimiento Gülen.

En otro caso, en el que se acusó a 21 periodistas de pertenencia a organización terrorista (el ya citado movimiento Gülen), una vez concluida la instrucción, en marzo de 2017, el fiscal solicitó la puesta en libertad de algunos de los acusados encarcelados en prisión preventiva. Los jueces aprobaron la moción, y los defensores de derechos humanos celebraron el posible fin de la represión. Los familiares viajaron a la cárcel desde el centro de Estambul para recibir a los recién liberados. Pero antes de que pudiesen abandonar la prisión se incoó un nuevo proceso en su contra, y volvieron a ser arrestados. El fiscal y los jueces implicados fueron suspendidos de sus funciones.

La acusación de que miembros del movimiento Gülen se habían infiltrado en la policía, el poder judicial y la fiscalía no carece de fundamento. En 2014, la ONG de derechos humanos Human Rights Watch advirtió contra las influencias políticas sobre el poder judicial, denunciando los juicios políticos orquestados por el movimiento Gülen a favor del gobernante AKP, entre 2007 y 2014, señalando: “Existen todos los motivos para pesar que tanto el gobierno como los fiscales y jueces gülenistas de turno están involucrados en estos juicios injustos y politizados, en los que a veces era imposible diferenciar si existían pruebas sólidas de comisión de delitos o simplemente la motivación para encarcelar a los oponentes políticos”. Pero en lugar de adoptar medidas para garantizar la independencia del poder judicial, el gobierno implementó cambios en la legislación que regía el funcionamiento del Consejo Superior de Jueces y Fiscales —el organismo responsable de las designaciones y medidas disciplinarias judiciales— con las que incrementó el control del poder ejecutivo sobre el judicial, lo que minó profundamente la separación de poderes y el Estado de Derecho.

Hoy, cuando ya ha sido purgada la quinta parte del poder judicial, es difícil suponer que puedan quedar jueces capaces de adoptar decisiones independientes y libres de presiones. Cuando los propios jueces y fiscales se ven expuestos a la destitución, e incluso a acusaciones penales, las expectativas de juicios justos son mínimas.

 

Falta de una reacción coherente

Los juicios políticos en Turquía no son nuevos, pero no caben dudas de que durante el año pasado la situación de los derechos humanos se ha deteriorado drásticamente. Aunque cualquier semblanza de independencia del poder judicial turco ha quedado destruida por los juicios espectáculo, Europa tiene dificultades en dar una respuesta coherente.

De una parte, mientras que España busca mantener buenas relaciones con Turquía atendiendo a las peticiones de detener a los periodistas, Alemania ha criticado abiertamente el arresto de periodistas y activistas de derechos humanos turco-alemanes. El silencio de Reino Unido ha sido todavía más estruendoso, tras formalizar en abril un importante contrato de venta de armas. En su empeño por asegurarse de no cerrar los canales diplomáticos, los gobiernos europeos se hacen cómplices de las violaciones de derechos humanos. Y mientras Europa vacila acerca de cuál puede ser la respuesta adecuada, los periodistas y defensores de derechos humanos turcos están siendo castigados antes de ser juzgados, con prolongadas prisiones preventivas.

Llamar “terroristas” a los periodistas, y afirmar que el sistema judicial es “independiente”, permiten a Turquía salirse con la suya, y a los gobiernos europeos hacer oídos sordos ante estas violaciones de los derechos humanos para favorecer sus intereses estratégicos. La refutación de estas falsedades es fundamental para que Turquía y nuestros propios gobiernos rindan cuentas.

Política Exterior publica en colaboración con Artículo 19 la serie “Prensa y Democracia”.

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