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Un simpatizante del Partido Demócrata ondea una bandera de Puerto Rico en un mitin de Biden en Coconut Creek, Florida, el 29 de octubre de 2020. JIM WATSON/AFP/GETTY

Puerto Rico, la guerra del estatus

Los próximos cuatro años serán decisivos para ver si Puerto Rico se convierte en una nueva república en América Latina o en el primer Estado hispano y latinoamericano de EEUU.
HÉCTOR A. RÍOS MAURY
 |  19 de noviembre de 2020

Puerto Rico es un país latinoamericano de clara estirpe hispánica, con las habituales mezclas raciales caribeñas que incluyen los componentes indígenas y africanos. Sin embrago, desde 1898, cuando en el contexto de la guerra hispanoamericana fue invadido por Estados Unidos, incorpora también un cuarto componente cultural: el estadounidense. Desde 1993, la isla tiene como idiomas oficiales el español y el inglés, y así continuará siendo si Puerto Rico se convierte en el Estado 51 de la Unión. A tenor de los últimos acontecimientos, nada está decidido.

En términos jurídico-políticos, aunque EEUU se niegue a reconocerlo, podría argumentarse que Puerto Rico es una colonia. Por otra parte, y eso sí lo reconoce Washington porque es parte del Derecho Constitucional estadounidense (cláusula territorial, sección 3, artículo 4 de la Constitución), Puerto Rico es un territorio no incorporado que carece de los derechos y privilegios plenos de los que disfrutan los 50 Estados de la Unión. Por ejemplo, los puertorriqueños residentes en la isla, a pesar de ser ciudadanos americanos, no pueden votar por el presidente, ni elegir senadores ni congresistas. Se trata de una discriminación territorial, pues si se mudan a cualquiera de los 50 Estados podrín votar. En paralelo, Puerto Rico recibe alrededor de 20.000 millones de dólares al año en transferencias federales, mientras que el Estado de Oklahoma, con una población comparable y un ingreso per cápita mucho más elevado, recibe alrededor de 36.000 millones anuales.

El 3 de noviembre se celebraron en Puerto Rico elecciones y un plebiscito, con la participación de alrededor del 53% del electorado. La estadidad o integración plena en igualdad de condiciones jurídicas de Puerto Rico a la Unión Federal ganó la consulta plebiscitaria, con una mayoría del 52%. Se trata, después de los plebiscitos de 2012 y 2016, de la tercera victoria consecutiva de esta opción de estatus y la primera en una consulta aceptada por todas las corrientes y partidos locales. En las dos consultas anteriores, algunos detractores de la estadidad boicotearon los procesos.

Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP), de carácter estadista y federalista, ganó las elecciones con el 33% de los votos. Pierluisi obtuvo en su victoria unos 225.000 votos menos que la opción a favor de la estadidad en el plebiscito. El gobernador electo prevaleció en condiciones muy adversas, después de que en 2019 el también gobernador estadista Ricardo Rosselló renunciara en medio de masivas protestas sociales, alentadas desde sectores de izquierda, la oposición política e importantes medios de comunicación tras la publicación de conversaciones privadas entre Rosselló y miembros de su círculo de colaboradores, plagadas de comentarios insultantes contra miembros de minorías ciudadanas y de la prensa. A ello se añadía que el PNP afrontaba un fuerte malestar ciudadano por el cuestionable desempeño de su liderato legislativo durante el cuatrienio.

La combinación de las victorias de la estadidad y de Pierluisi demuestra con claridad que la estadidad es más fuerte que el partido que la promueve y que Pierluisi triunfó en un escenario muy porfiado y dividido. Además del plebiscito y la gobernación, el PNP ganó la Comisaría Residente en Washington (la única silla congresional de Puerto Rico, con voz pero sin voto) con la incumbente Jennifer González Colón, quien sacó logró el 40,8% de los votos, pero perdió su mayoría en ambas cámaras legislativas.

La carrera electoral a la gobernación, encabezada por Pierluisi, completó el siguiente resultado: en segundo lugar quedó Carlos Delgado Altieri (31,5% de los votos), del Partido Popular Democrático (PPD), nacionalista y defensor histórico del territorial Estado Libre Asociado (ELA); en tercer lugar, Alexandra Lúgaro (14,21% de los votos), del debutante Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que se presentó como un frente renovador con candidatos independentistas y estadistas contra el bipartidismo, cuyo liderato es partidario de visiones de izquierda al estilo de Unidas Podemos en España; en cuarto lugar, Juan Dalmau (13,72%), del Partido Independentista Puertorriqueño, que hizo un llamado de buen gobierno y planteó que votar por él no era votar por la independencia; en quinto lugar, César Vázquez (6,90%), del Proyecto Dignidad, también en su primera elección, de corte conservador con posiciones enmarcadas en el pensamiento de la derecha evangélica americana y con seguidores de distintas posiciones sobre el estatus político; y en sexto lugar quedó Eliezer Molina (0,90%), un candidato independiente y nacionalista-populista.

 

Cabildeo en Washington

El escenario de luchas electorales es complejo y dividido. La mayoría absoluta de la estadidad será combatida por sus detractores. Habrá un cuatrienio de mucho cabildeo en Washington, en donde republicanos y demócratas se han comprometido formalmente a diligenciar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. En ambos partidos conviven favorecedores y enemigos de la estadidad. El Congreso podría diligenciar la conversión de Puerto Rico como un territorio incorporado, lo que constituiría un paso más hacia la integración plena de la estadidad, pues le insertaría en nuevas estructuras fiscales federales y permitiría un aumento en las transferencias presupuestarias provenientes del gobierno de EEUU. Podría también disponer de una nueva consulta, pero esta vez entre estadidad e independencia.

Como ocurre con el separatismo catalán, el independentismo puertorriqueño argumenta que la independencia tradicional es un imperativo moral e histórico. Lo cierto es que el Derecho Internacional, en la Resolución 1541 de la ONU 1960, reconoce la legitimidad ética, política y jurídica tanto de la separación (independencia) como de la integración (estadidad) para superar la injusticia discriminatoria del colonialismo. El Derecho Constitucional estadounidense reconoce también ambas fórmulas y en lo que constituye una mácula a una gran Constitución liberal y democrática, como ya hemos establecido, abre espacios de inferioridad ciudadana para sus territorios.

Es cuestión de tiempo que Puerto Rico asuma una fórmula descolonizadora y no territorial. El cuatrienio 2021-2025 será un contexto muy interesante que irá definiendo si Puerto Rico se convierte en una nueva república latinoamericana o en el primer Estado hispano y latinoamericano de la Unión Federal de los Estados Unidos de América. La mesa está servida. Continuará en Puerto Rico la guerra del estatus.

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