Regulación y concentración mediática en América Latina

EDUARDO ALBÁN GALLO
 |  24 de noviembre de 2015

Venezuela, Ecuador, Bolivia, hasta el 22 de noviembre Argentina, incluso Uruguay… Los gobiernos de la ola autodenominada “progresista de izquierda radical”, “socialismo del siglo XXI”, cuyas propuestas iban desde el “cambio radical”, la “redistribución equitativa de la riqueza” y, en los casos más extremos, la “erradicación de la pobreza”, no tardaron en darse cuenta de que la propuesta a la realidad hay un largo trecho y que en la política, como en el fútbol, todo juega. Más allá del orden de lo político, entendido como esa capacidad que tienen los gobiernos para elegir qué hacer o qué no hacer, estos gobiernos tuvieron la perspicacia de no dejar escapar la oportunidad de controlar los grandes medios de comunicación de América Latina, elemento clave en el ejercicio de la política.

Los líderes latinoamericanos que pregonan el socialismo por toda la región jamás perdieron el sentido de lo importante que resulta el poder mediático para el mantenimiento del poder político. Conscientes del poder de los grandes medios de comunicación, una de sus primeras acciones fue definirlos como su principal enemigo u opositor y, en la misma línea, desmantelar, vía normativas, los grandes monopolios mediáticos, argumentando que existía una alta concentración mediática en manos de pocos grupos económicos y empresariales.

Estas acciones no estaban mal concebidas. Lo lamentable es que, si bien quitaron privilegios a ciertos grupos de poder económico, la lógica se trasladó a un tipo de concentración mediática del Estado, cuyos contenidos no miran más allá de lo que el aparato estatal les permite.

 

Venezuela, Argentina

Venezuela, con Hugo Chávez a la cabeza, propició la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Aprobada en 2004, entró en vigencia un año después y entre sus principales aspectos están: la regulación en torno a la propiedad de los medios de comunicación, el control de los contenidos y la obligatoriedad de la difusión de los mensajes emitidos desde el ejecutivo. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Resorte, inició un proceso de persecución a medios privados y a sus periodistas.

En Argentina, el debate y la presión desde la oposición llevaron al oficialismo a mantener por cerca de cuatro años el proyecto de ley en el congelador. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), fue aprobada en el 2009 por el Congreso argentino, tras ser enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el Grupo Clarín impugnó su aplicación al solicitar al Tribunal Constitucional medidas cautelares a los artículos 41, 45, 48 y 161, que básicamente limitaban la acumulación de licencias de televisión y obligaban a la desinversión.

Después de cuatro años de pugna legal, en octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo final de 392 páginas donde determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad de la normativa. El proceso de desinversión entró en marcha de manera inmediata y los grupos económicos que excedían el número de licencias tuvieron que acatar tal decisión.

 

Ecuador

Históricamente, los procesos de construcción de políticas públicas de comunicación en Ecuador no han tenido tanta trascendencia. A mediados de los setenta y durante la última dictadura se aprobó la Ley de Radiodifusión y Televisión, que favorecía a un sector periodístico empresarial y monopólico, y otorgaba privilegios a los grandes grupos de poder –banqueros, sectores empresariales y partidos políticos–, que en la práctica eran los propietarios de dichos medios. La garantía de imparcialidad era nula.

La eliminación de esos privilegios, la relación íntima entre política y comunicación, la alta concentración de la propiedad mediática, la falta de diversidad y pluralismo mediático sirvieron de argumento para que la Asamblea Constituyente de 2007 incluyese en la agenda la discusión de un nuevo marco legal de medios y trabajadores de la comunicación.

A partir de la aprobación de la Ley Orgánica de la Comunicación en 2013, el debate político se ha incrementado. La puesta en marcha de políticas públicas de comunicación en el país erran en su interpretación de la misma. Una alta polarización mediática y política ha enajenado a actores involucrados en el quehacer de la comunicación. El enfrentamiento, por cuestiones ideológicas y de contenido entre los medios privados y públicos, es patente.

La Ley además dejó como resultado el nacimiento de los organismos de regulación y control: el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) y la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom). Ambos se han convertido en el caballo de batalla de la oposición mediática y política, porque desde su nacimiento han encausado procesos y demandas en contra de periodistas y medios de comunicación.

En los dos años de vigencia de la Ley, la Supercom ha sancionado a 198 medios, ha realizado 506 procesos y 313 resoluciones, de las que 185 han sido sanciones económicas, con las que el Estado ha recaudado 201.596 dólares.

 

Bolivia, Uruguay

En Bolivia, en junio de 2011, la Asamblea Legislativa aprobó, con amplia mayoría, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Evo Morales y sus legisladores dieron paso una normativa que le otorga al Estado mayor control sobre los medios electrónicos e intervenciones telefónicas. Tal como se lee, el Estado Plurinacional puede “pinchar” llamadas cuando lo considere, bajo el argumento de la seguridad estatal.

La Ley le quitó la mayor representación a los medios privados y establece que las frecuencias de radiodifusión se dividan en un 33% para el Estado, otro 33% para el sector público-comercial, un 17% para el sector social comunitario y el 17% restante para los pueblos indígenas originarios y campesinos.

Al igual que en Venezuela y Ecuador, la normativa señala como prioridad la transmisión de los mensajes del presidente dos veces al año en cadena nacional: el primero al iniciar su gestión y el segundo a mediados de año.

En Uruguay, en la época del presidente José Mujica, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La nueva normativa que regula los medios consta de 180 artículos y 13 capítulos. Tiene como objetivo central la regulación de los servicios de radio, televisión y otros relacionados al ámbito de la comunicación audiovisual.

La Ley no descarta que lo primordial es evitar monopolios y oligopolios de grandes medios privados, a partir de la generación de un sistema de medios audiovisuales armónico, equitativo y justo en la repartición de las frecuencias. Los límites a la concentración son: tres señales de radio o televisión o, en su caso, seis de televisión para abonados. Además, impide a las empresas telefónicas explotar ondas de radio o televisión.

Al igual que Argentina, la Ley de Medios uruguaya señala que deberán ser transmitidos en cadena nacional los programas con actividades oficiales, como es el caso de la las selecciones de futbol o baloncesto en instancias eliminatorias y en torneos internacionales. A eso se le suma que por lo menos dos horas a la semana las televisoras deberán programar, de manera obligatoria, temáticas culturales.

 

Después de la normativa, ¿qué?

El debate en torno a las políticas de comunicación en América Latina ha sido una novedad durante los últimos años. Fue la Unesco la que provocó como una necesidad, hace poco más de tres décadas, el incluir dentro de las agendas de los gobiernos la discusión de esta temática, al considerar que la comunicación es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de las sociedades.

La realidad actual muestra que estas normativas, similares en contenido y forma, rompieron la histórica herencia de la fuerte concentración de la propiedad y control de los medios de comunicación en la región. Las nuevas reglas de juego en el campo mediático han reestructurado los sistemas de medios, cuyo origen radicaba en el fin comercial, de mercado y como actores eminentemente políticos.

Históricamente, los gobiernos no veían beneficio alguno en contar con un medio de comunicación público y la mejor alternativa era ponerlos a la venta. En la actualidad, a conveniencia o no, el fortalecimiento de los medios públicos es un hecho. Gobiernos “progresistas” los han recuperado y en lugar de organizarlos como un verdadero servicio público estatal, los operan como medios gubernamentales, propagandísticos.

Quedan deudas pendientes pero la más importante, a mi criterio, es la utópica distribución “equitativa” de frecuencias en el espectro radioeléctrico. El sector de la comunicación comunitaria es el más afectado. Lastimosamente, estas normativas no muestran con claridad un aspecto importante en la conformación de estos medios: no hay respuestas aún sobre las fuentes de financiamiento. Esto muestra que el “papel aguanta todo” y que la pluralidad no llega aún a los sectores alternativos.

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