Una activista se manifiesta a las puertas del Capitolio de Georgia, en EEUU, contra el proyecto de ley que prohíbe los abortos después de detectar latido fetal (16/05/2019)/GETTY

Revolución conservadora y transformación del Estado de Derecho

Camil Ungureanu y Alexandra Popartan | CIDOB
 |  30 de mayo de 2019

Los movimientos nacional-populistas intentan reescribir el guion del juego democrático para transformarlo: agitan las emociones negativas, equiparan los derechos y las libertades fundamentales con la supuesta hipocresía de la corrección política, y cuestionan consensos (constitucionales) elementales. El origen de esta crisis no es meramente legal, sino económico-político.

El espectro de la revolución conservadora en sus diversas formas —la politización del particularismo nacionalista y religioso o el auge del antagonismo populista— está transformando la sociedad y la política a nivel global. Esta politización multidimensional ha generado una creciente polarización política y de la opinión pública en casi toda la Unión Europea, poniendo además en entredicho principios básicos del Estado de Derecho (rule of law). Aunque la crisis actual no es legal por su naturaleza sino política y económica, impacta en los “valores políticos” (John Rawls) y en las prácticas constitucionalistas. El Estado de Derecho se basa en un equilibrio complejo entre principios, poderes y contrapoderes; entre los diversos modos en los que aparece este equilibrio, interesa remarcar el profundo debilitamiento —en la última década— de la relación entre el Estado de Derecho, la democracia y el capitalismo.

En una democracia constitucional, el Estado de Derecho se instituye y se transforma gracias a la participación del demos en un contexto histórico específico. A la vez, el poder del pueblo se expresa a través del lenguaje y la práctica de los derechos y las libertades que comparten los ciudadanos por igual. Esta es, podríamos sugerir, la práctica habitual de las democracias constitucionalistas. No obstante, y al calor de la crisis del sistema político y de la economía de mercado, en los últimos años han surgido movimientos populistas que, en amalgama con las agrupaciones políticas nacionalistas y religiosas, agitan a las masas y sus emociones negativas primordiales (miedo, ira) para conquistar el poder político.

Estos movimientos intentan reescribir el guion básico del juego democrático, sus normas constitucionales, utilizando el Estado de Derecho mismo para transformarlo. El nuevo bloque nacional-populista europeo liderado por Matteo Salvini pretende cambiar las reglas del juego democrático usando —simultáneamente— los dispositivos propios del Estado de Derecho y las instituciones políticas de la UE. En varios países de la región los principios básicos de libertad de expresión, separación entre Estado e Iglesia, igualdad de género o reconocimiento cultural están siendo cuestionados y puestos en entredicho. Sumado a esto, podemos reconocer, asimismo, que las guerras culturales de los Estados Unidos se han intensificado y se han globalizado llegando también a Europa.

 

Politización de la religión

La politización de la religión es una estrategia central mediante la cual las fuerzas conservadoras y populistas cuestionan los consensos legales existentes sobre el aborto, la homosexualidad, la anticoncepción, la familia o la igualdad de género. Mediante una reducción retórica, los derechos y las libertades fundamentales están equiparados con la supuesta hipocresía de la corrección política y de la conciencia liberal. Líderes populistas carismáticos y nuevas fuerzas políticas pretenden acabar con esta supuesta hipocresía imponiendo en cambio un supuesto principio ario religioso-conservador mediante la ayuda de referéndums (por ejemplo en Rumanía) o de tribunales supremos o constitucionales cada vez más partidistas (en EEUU, Brasil, Israel, Polonia o Hungría).

La revolución conservadora debilita además la dimensión universalista del Estado de Derecho. En la era de la globalización y la interdependencia, nunca ha sido tan cierta como hoy la observación de Immanuel Kant según la cual “una violación de los derechos en un lugar se siente en todo el mundo”. Resulta que la interpretación adecuada de la idea del Estado de Derecho debe incluir una preocupación por lo que va más allá de las fronteras de la nación-estado. Aunque la constitucionalización del Derecho Internacional (Jürgen Habermas) es inherente a la dinámica del Estado de Derecho, la UE ha fracasado repetidamente en su capacidad para lidiar con la tragedia de los refugiados. En el momento actual de la politización nacional-populista, el universalismo de la idea de igualdad de derechos se distorsiona en una forma de egoísmo nacional.

Finalmente, el Estado de Derecho está minado por la creciente concentración de poder económico. Incluso el Fondo Monetario Internacional —uno de los principales agentes del neoliberalismo global— se ha mostrado preocupado por la hiperconcentración de poder y por la creación de las supercorporaciones a nivel global. Sumado a esto, la fractura económica entre sur y norte, oeste y este en Europa, acentuada por la introducción del euro y la crisis financiera, ha dinamitado los intentos reguladores equitativos por parte de la comunidad europea. Por un lado, la UE ha impuesto reglamentaciones cuestionables especialmente a la Europa del Sur (por ejemplo, a Grecia), mientras que, por otro, fenómenos tales como la incapacidad de la UE para imponer una mínima tasación a las supercorporaciones expresan indicios de que nos enfrentamos a una situación más que preocupante. Como remarcaba ya Aristóteles en la Política, las grandes desigualdades económicas minan la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, así como la práctica democrática de la participación política. El Estado plutocrático está en contradicción con los principios y las prácticas del Estado de Derecho.

¿Cómo lidiar con el debilitamiento y la transformación del Estado de Derecho en Europa? Si, como sugerimos, esta es, fundamentalmente, una crisis político-económica, como tal, debe enfrentarse con medios político-económicos a un nivel estructural para abordar las desigualdades; debería realizarse también una politización alternativa, respaldando al Estado de Derecho a través de narrativas políticas europeístas. Esta politización alternativa supone incluir nuevos grupos de ciudadanos en los debates sobre asuntos europeos, además de temas relevantes para las sociedades contemporáneas, desde el cambio climático hasta las formas económicas de cooperación, autogestión e intercambio. La politización alternativa no está dirigida a la polarización, sino que apela a inclinaciones naturales tendientes a la cooperación y a la solidaridad (Frans de Waal) para contrarrestar los mitos políticos y los llamamientos emocionales al miedo, a la inseguridad y a la victimización, que forman el núcleo de las fuerzas conservador-revolucionarias.

Puede leer este artículo de CIDOB en su fuente original aquí.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *