Seguridad espacial: entre la restricción y la convergencia

En julio, diplomáticos se reunieron en Ginebra para abordar una de las cuestiones más complejas de la seguridad mundial: evitar que los conflictos y las armas se extiendan al espacio exterior. Los avances fueron cautelosos. Las concesiones procedimentales y los debates limitados mantuvieron vivo el proceso, pero el silencio sobre amenazas clave y las restricciones a la participación de la sociedad civil evidenciaron su fragilidad. Con la convergencia incluida en su agenda para 2026, el grupo de trabajo encargado de estas cuestiones podría pasar de la mera supervivencia a producir resultados sustantivos, si los Estados logran conectar los principios con la práctica.

El Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG) de Naciones Unidas sobre la Prevención de una Carrera Armamentística en el Espacio Exterior (PAROS) es uno de los pocos foros en los que los gobiernos abordan la seguridad en órbita. Su mandato es amplio: desarrollar normas de comportamiento responsable y considerar acuerdos jurídicamente vinculantes para evitar la militarización del espacio. Se trata de un espacio excepcional para afrontar la complejidad de la seguridad espacial –desde los usos duales de las tecnologías hasta el auge de actores comerciales y las capacidades antisatélite–. Más de 50 Estados intervinieron en julio, lo que muestra el interés global, pero los avances se vieron lastrados por disputas procedimentales y tensiones políticas.

Las expectativas eran bajas. La sesión de abril había fracasado por un bloqueo sobre el orden del día, el programa de trabajo y la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG), impidiendo cualquier debate sustantivo. Muchos temían un escenario similar en julio. Sin embargo, tras un día de disputas, la sesión pudo avanzar. No hubo grandes anuncios, pero en el actual clima de polarización incluso una conversación moderada que mantuviera vivo el proceso resultó significativa.

Compromiso y restricción

El resultado más relevante fue el acuerdo para avanzar con una estructura de dos vías: una para explorar posibles obligaciones jurídicamente vinculantes y otra para debatir medidas voluntarias, como normas y principios de comportamiento responsable.

Este compromiso mantuvo a ambas partes en la mesa: China, Rusia y muchos países del Sur global defendiendo un tratado; Australia, Canadá, Europa, Japón y Reino Unido insistiendo en normas voluntarias. La coexistencia de ambas vías quedó asegurada en el programa de trabajo.

Sin embargo, esta estrategia tuvo un coste. Muchas cuestiones –desde el uso de la fuerza hasta la protección de servicios críticos– quedaron duplicadas en ambas vías, lo que puede generar redundancia en lugar de integración. No obstante, la duplicación mantiene el compromiso de las partes, garantiza la continuidad de las conversaciones y deja abierta la posibilidad de que, con el tiempo, se vinculen las medidas legales y voluntarias.

Derecho internacional y alcance del mandato

Algunos indicios apuntan a un estrechamiento del debate. En el anterior OEWG sobre reducción de amenazas espaciales, la interpretación del derecho internacional –en particular el artículo IX del Tratado del Espacio Ultraterrestre, que consagra el principio de “debida consideración”– fue crucial para establecer normas compartidas. En esta ocasión, Rusia consideró que esta interpretación suponía una “revisión” inaceptable del derecho internacional y debía quedar fuera del mandato. China respaldó esta posición, insistiendo en que el grupo debía centrarse en la legalidad y no en el “comportamiento responsable”.

Otros países se opusieron. Reino Unido, Austria y Países Bajos subrayaron que interpretar el derecho no es revisarlo, sino una condición necesaria para reducir riesgos de errores de cálculo en órbita. El proceso sobrevivió gracias a la duplicación de la agenda, pero a costa de diluir la ambición en un momento en que las nuevas realidades exigen algo más que reiterar posiciones.

Protección de civiles y actores comerciales

El debate sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario (DIH) siguió siendo uno de los puntos más controvertidos. La mayoría de Estados sostiene que el derecho internacional, incluido el DIH, rige las actividades en el espacio. Otros temen que reconocer el DIH pueda normalizar el espacio como escenario de guerra. En julio, Rusia fue más allá y propuso que el artículo III del Tratado del Espacio se interprete como aplicable solo en tiempos de paz, lo que excluiría el DIH. Italia resumió la posición mayoritaria: el DIH no legitima el uso de la fuerza, sino que lo limita conforme a la Carta de la ONU.

El debate no es teórico: refleja diferencias sobre el papel de los actores comerciales en la seguridad global. Rusia e Irán argumentaron que los satélites comerciales que apoyan operaciones militares pueden considerarse objetivos legítimos. Reino Unido, Austria, Canadá y el CICR recordaron que las decisiones sobre objetivos deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

El impacto en civiles no es hipotético. En 2022, un ciberataque a la red KA-SAT de Viasat afectó a parques eólicos en Alemania y dejó sin servicio a decenas de miles de clientes europeos. Interferencias de GPS han perturbado la aviación civil en Corea del Sur. Estos casos muestran que los daños en el espacio repercuten directamente en la vida en la Tierra.

Participación de la sociedad civil

Otro retroceso fue la limitación de la participación de observadores. Aunque el OEWG es “abierto” e “inclusivo”, en julio se permitió su participación solo mediante una declaración el último día y previa aprobación. Incluso se vetó, de forma anónima, la participación del Centro de Estudios de Seguridad de la ETH de Zúrich.

Varios Estados –Samoa, Irlanda, Sudáfrica y Suiza– defendieron el valor de las ONG en el proceso. Sin embargo, la asistencia fue mínima: solo el CICR tomó la palabra. El efecto fue reducir la diversidad de perspectivas en un foro que precisamente requiere un conocimiento técnico amplio. Esta tendencia podría extenderse a otros espacios de negociación de control de armas, debilitando el diálogo multilateral.

De la aspiración a la acción

A pesar de las divisiones, las delegaciones recordaron consensos previos que pueden servir como base: el Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU de 2013 sobre medidas de transparencia y confianza, las recomendaciones de la Comisión de Desarme de 2023 y la prohibición de armas nucleares en el espacio recogida en el artículo IV del Tratado del Espacio de 1967.

Varios Estados insistieron en que los compromisos deben acompañarse de medidas prácticas, como propuso Turquía al sugerir notificación de maniobras de alto riesgo y fortalecimiento de capacidades de países en desarrollo para participar en la gobernanza espacial.

Aun así, temas cruciales quedaron sin tratar: el sistema de defensa espacial propuesto por EEUU (Golden Dome), el espacio cis-lunar y las vulnerabilidades cibernéticas apenas se mencionaron, a pesar de su relevancia para la seguridad espacial.

Hacia 2026: oportunidad de convergencia

La agenda del OEWG para 2026 permitirá abordar temas ineludibles: destrucción de sistemas espaciales, protección de servicios críticos, prevención de armas en órbita y riesgos de operaciones de proximidad. La inclusión de estos temas en ambas vías –legal y voluntaria– puede facilitar que los Estados encuentren puntos de convergencia y construyan un marco común.

Para que el OEWG pase de la supervivencia al progreso deberá convertir silencios en propuestas, mantener el proceso abierto e inclusivo y vincular compromisos pasados con riesgos presentes. El objetivo es tender puentes entre la ley y la práctica, entre Estados y actores no estatales, entre la Tierra y el espacio, entre la aspiración y la acción. La preservación del espacio como un ámbito seguro y estable de la actividad humana, así como la protección de los civiles, depende de ello.

Artículo publicado originalmente en inglés en la web de CIGI, el 9 de septiembre de 2025.