Un nuevo colonialismo en África

 |  1 de abril de 2014

¿Cómo alimentar a un planeta en el que viven más de 7.000 millones de habitantes? El hambre, a día de hoy, no debería existir. Por desgracia no es así, y la malnutrición afecta a 870 millones de seres humanos. Para colmo de males, las estrategias de los países desarrollados para obtener seguridad alimenticia con frecuencia resultan perjudiciales.

Es el caso de África durante la última década. Entre 2007 y 2008 se dispararon los precios globales de grano. El resultado, como señalan Bárbara Soriano, Alberto Garrido y Paula Novo, fue una pérdida de confianza generalizada en el comercio internacional como garante de la seguridad alimenticia. Esta crisis coincidió con el gigantesco aumento en la demanda de materias primas por parte economías emergentes, como la de China. El resultado fue un aumento sin precedentes de la inversión en tierra africana, empleada como superficie de cultivo de todo tipo de cereales.

El plan, en papel, resultaba atractivo. Los países ricos y los emergentes invierten en África, trayendo empleo y nuevas fuentes de ingresos. Los monocultivos aseguran la seguridad alimenticia, o contribuyen a reducir el consumo occidental de petróleo (el caso del etanol). En resumen, una relación de la que ambas partes saldrían ganando. Y que pronto despegó. Entre 2008 y 2011 se han comprado 200 millones de hectáreas de tierra africana: cuatro veces la superficie de un país como España.

Llevada a la práctica, sin embargo, la estrategia es problemática. De ahí el nombre peyorativo que han recibido estas inversiones: land grabs, que en español significa arrebato o apropiación de tierras.

Un primer problema lo presenta la ausencia de marcos regulatorios para controlar este tipo de inversiones. Uno de los principales lastres de los países subdesarrollados, como ha observado Hernando de Soto, es su incapacidad a la hora de establecer derechos de propiedad. En Etiopía, la venta de 15,7 millones de hectáreas se ha saldado con el desplazamiento forzoso de sus antiguos habitantes: en total, 70.000 personas. El segundo problema está relacionado con el volumen de estas operaciones. Aunque la autarquía alimenticia tiene pocos defensores a día de hoy, hay ocasiones en que la compra de tierras se convierte en un verdadero problema para la seguridad alimenticia de la población local.

El caso de Daewoo Logisticis es un buen ejempo. En 2008 la compañía se hizo con una extensión de tierra del tamaño de media Bélgica en Madagascar. El objetivo era plantar maíz para consumo de Corea del Sur. Lo soprendente es que Daewoo no desembolsó un solo euro por los 1,3 millones de hectáreas: el gobierno malgache le cedió el terereno a cambio de “oportunidades de empleo” para la población. Conviene destacar que Madagascar es, según Unicef, el país con el sexto peor índice de malnutrición en el mundo.

Es el ejemplo más clamoroso, pero no el único. El 48% de la superficie cultivable de República Democrática de Congo está en manos extranjeras. Cuando las tierras adquiridas incluyen ríos, la operación es aún más delicada, porque pone en peligro el acceso al agua de poblaciones enteras.

No es solo en África donde tiene lugar el land grabbing. La práctica se ha vuelto cada vez más frecuente en el sureste asiático, resultado de la demanda de materias primas en la cercana China, en especial del caucho que produce esta región. En Vietnam es el propio gobierno el que expropia a su campesinado, granjeándose la enemistad de un antiguo pilar de apoyo. La oposición que desatan estas medidas muestra hasta que punto los land grabs, en vez de generar empleo e ingresos, pueden convertirse en un proyecto con tintes neocoloniales.

No es cierto que todas estas operaciones sean perjudiciales. Algunas de ellas logran su objetivo, beneficiando tanto al inversor como a la población local. Pero la supervisión de los land grabs no debe ser competencia exclusiva de las autoridades en los países en que tienen lugar. Los gobiernos en países desarrollados tienen la obligación de asegurar que sus empresas actúen con criterios de sostenibilidad fuera del país. Ausente esa doble coordinación, este tipo de inversiones continuarán deparando sorpresas desagradables.

 

 

 

 

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