40 años de la Marcha Verde

BERNABÉ LÓPEZ GARCÍA
 |  5 de noviembre de 2015

Mohamed VI, rey de Marruecos, celebra el 40 aniversario de la Marcha Verde en El Aaiún, donde hará públicas nuevas medidas que comprenden grandes inversiones en infraestructuras para estrechar la conexión del Sáhara Occidental con provincias marroquíes. No es otro el sentido de la autopista proyectada de 500 kilómetros entre Tiznit, a pocos 100 kilómetros de Agadir, y la capital saharaui.

Se trata de poner en marcha el “Nuevo modelo de desarrollo para las provincias del Sur” que el Consejo Económico y Social marroquí diseñó en octubre de 2013, y que el monarca defendió pocos días después en su discurso del 38 aniversario de aquella Marcha Verde que su padre Hassan II lanzó cuando reinaba en Marruecos. Una apuesta desarrollista que dice contar con la participación de actores representativos y de la población local, asegurando el papel del estado como regulador y garante de la ley. Todo ello, según el proyecto, en “el respeto y la efectividad de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos”.

Aquel discurso de Mohamed VI el 6 de noviembre 2013, se pronunciaba en un año en que Marruecos había tenido que hacer frente a diversas críticas internacionales a su política en el Sáhara, también en el ámbito de los derechos humanos. Ese año Estados Unidos estuvo cerca de presentar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución pidiendo que la Minurso, Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental, asumiera competencias en la materia. Washington no dio el paso en aquel momento, pero su futura decisión se verá. Finalmente, ante las presiones ejercidas por Marruecos, con apoyo de Francia, Estados Unidos dio marcha atrás en la resolución. Mohamed VI subrayó que no estaba dispuesto a hipotecar el porvenir de las “provincias del Sur” (el Sáhara en la denominación marroquí) subordinándolo “a los desarrollos de la cuestión del Sáhara en la ONU”. Su alternativa, que ahora, en este 40 aniversario, parece querer concretarse, era seguir con el desarrollo integrado de la región.

La visita real a El Aaiún, donde pronunciará el tradicional mensaje que, como cada año, dedica a conmemorar la Marcha Verde, se va a producir en medio de unos fastos que programan, entre otros eventos, un partido de fútbol que contará con figuras como Maradona y otras estrellas del balón. Tendrá lugar dos meses después de la celebración de las primeras elecciones regionales en Marruecos, que aspiran a sentar las bases de una regionalización avanzada.

En el nuevo diseño territorial marroquí, el Sáhara Occidental está dividido en tres regiones: con ellas el gobierno marroquí aspira a evitar una identidad común del territorio. La región de El Aaiún-Sakia al-Hamra, corresponde al norte de la que fue colonia española, pero sin la ciudad de Esmara que se integra en otra región, Guelmim-Ued Nun, compuesta por la zona sur del protectorado español devuelta a Marruecos en 1958, cuando el Sahara e Ifni se convirtieron en provincias de España. La antigua Villa Cisneros, hoy Dajla, forma parte de la tercera región, Ued Eddahab (Río de Oro). Las competencias de estas regiones son escasas, lejos de lo anunciado en la iniciativa de autonomía que Marruecos prometió.

La visita real no irá más allá de un gesto hacia su pueblo. Difícilmente contribuirá a acabar con lo que separa a Marruecos de la doctrina de la ONU: el no reconocer los derechos de la población saharaui a la libre expresión de sus aspiraciones. Aunque Mohamed VI en aquel discurso de 2013 negara que haya dos varas de medir los derechos humanos al norte y sur del país, la realidad cotidiana lo confirma. Los reconocimientos en la Constitución marroquí de 2011 de la “componente saharo-hassani”, como uno de los elementos que convergen en la identidad nacional marroquí, y del compromiso del Estado en la preservación de la lengua hassaní “como parte integrante de la identidad cultural marroquí unida”, son considerados por algunos como guiños retóricos.

Lejos de tomar nota de que la violación de derechos humanos en el Sáhara –es el gran reproche que no pocos gobiernos hacen a Marruecos con una posición discutida pero innegable en el terreno de los hechos–, los responsables de Interior en Rabat se han mostrado incapaces de poner fin a esta política que ignora los derechos de los saharauis. El Polisario saca partido de esa actitud. Pero otras instancias marroquíes, como el Consejo Nacional de Derechos Humanos, han hecho recomendaciones para que se acabe con los juicios militares a civiles o se legalicen las asociaciones saharauis. La reticencia oficial en este terreno ha sido muchas veces manifiesta. La reciente legalización de la Asociación Saharaui de las Víctimas de las Violaciones Graves de Derechos Humanos no ha impedido que se siga restringiendo su libertad de acción.

Mohamed VI podría incorporar –y en esto coinciden los sectores más abiertos, entre ellos un grupo de diputados saharauis del PJD que han pedido el indulto para los condenados por los sucesos de Gdim Izik– a sus anuncios de política desarrollista otra de reconocimiento de nuevas libertades para los habitantes de la región.

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