La época histórica en la que dominaba la constelación formada por el Estado territorial, la nación y una economía cuyas presiones e impactos ambientales se circunscribían al ámbito local-nacional ha finalizado. Estamos ante una encrucijada de la que solo se puede salir de forma positiva avanzando hacia mecanismos institucionales que permitan transitar a un Estado ordenado, regulado, en la utilización de los bienes comunes de la humanidad. La encrucijada nos sitúa ante un desafío decisivo, ya que el cambio climático plantea una importante amenaza de seguridad. La presente generación no puede permitirse caminar somnolienta y entregar a las generaciones venideras un clima gravemente desestabilizado. Las sociedades tienen legítimo derecho a exigir seguridad y los gobiernos tienen la obligación política de protegerla.

La fuerte aceleración que han conocido las presiones e impactos ambientales a partir de la segunda mitad del siglo XX no se ha visto acompañada de una arquitectura institucional capaz de ordenar el acceso y la utilización de los bienes comunes. La ausencia de instituciones internacionales y/o transnacionales dotadas de autoridad, mandato y reconocimiento suficientes ha sido un factor decisivo a la hora de explicar la gran debilidad de las respuestas desde que se celebró en 1972 la primera conferencia internacional sobre el tema. La tensión entre una Tierra como casa común y la persistencia del Estado-nación como institución en la que sigue residiendo la soberanía y el poder empuja a la humanidad hacia una renovada autocomprensión y una ampliación de su perspectiva moral. La mejor manera de resolver esa tensión es reformular las instituciones internacionales y transnacionales desde las que abordar la preservación de las funciones vitales de la biosfera. En otras palabras, debemos transitar hacia un Estado regulado, ordenado, en el uso de los bienes comunes y sentar las bases institucionales que permitan hacer compatible el desarrollo…