España ante el nuevo presupuesto europeo

La negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 ocupa un lugar destacado en el Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre. La cumbre supone un episodio importante en una negociación que arrancó en julio de 2025, cuando la Comisión Europea presentó su propuesta para el nuevo MFP. Se trata del rediseño más profundo del presupuesto europeo en décadas, que responde a tendencias de largo plazo, a las lecciones del MFP 2021-2027 y de NextGenerationEU (NGEU), y a unos desafíos internos y externos crecientes. Su objetivo es conseguir un presupuesto más simple, más flexible y con mayor impacto. La propuesta introduce dos cambios fundamentales.

En primer lugar, la política agrícola común (PAC), la política de cohesión y la política pesquera común (PPC), junto con los programas de migración, fronteras y seguridad, se agrupan en Planes de Asociación Nacionales y Regionales. Esto altera tanto la arquitectura presupuestaria como la lógica territorial de la intervención europea. La Comisión negociaría con cada Estado miembro un plan cuyos pagos dependerían del cumplimiento de hitos y reformas. La fusión va acompañada de recortes en términos reales que afectan sobre todo a la cohesión, la PAC y la PPC.

En segundo lugar, el Fondo Europeo de Competitividad (FEC) se convertirá en el instrumento central del nuevo marco. Según la propuesta, financiará tecnologías estratégicas, la transformación industrial y las transiciones verde y digital a través de convocatorias competitivas, sin asignaciones nacionales previas. Este modelo prima la excelencia tecnológica y la capacidad de innovación, en el espíritu del informe Draghi, y puede favorecer a los Estados y regiones con ecosistemas de investigación e industriales más sólidos, pero al mismo tiempo puede ampliar las brechas territoriales que la política de cohesión pretende reducir.

La rúbrica 3, “Europa Global”, incluye una dotación total de 200.300 millones de euros para el período 2028-2034, lo que supone un aumento del 75% con respecto al MFP 2021-2027. La mayoría de los Estados valora de forma positiva un mayor gasto de la UE en cooperación al desarrollo en un momento en que las partidas nacionales se ven limitadas. Además, el apoyo a Ucrania reforzaría los esfuerzos nacionales para su reconstrucción.

Asimismo, la Comisión convierte la defensa en una de las partidas que más crecen. Lo hace a través del incremento del gasto en defensa y espacio del FEC (unos 131.000 millones) y de un programa específico de investigación en defensa. Se suman la movilidad militar en el Mecanismo Conectar Europa (MCE), con unos 17.650 millones, el refuerzo de Frontex y la gestión de fronteras, y la posibilidad de destinar a fines de seguridad parte de los planes nacionales.

Estos cambios afectan especialmente a España. En las negociaciones anteriores, España estaba a punto de convertirse en contribuyente neto, aunque las sucesivas crisis y los cambios presupuestarios le permitieron mantener un saldo positivo. Con todo, la política de cohesión ha perdido para España el peso que tuvo en los noventa y en el MFP 2000-2006, y los retornos en I+D no han crecido lo suficiente para compensarlo. España intentó ampliar el abanico de actuaciones financiables con la política de cohesión y buscó una mayor participación en otras políticas, sobre todo las de competitividad. Su argumento era que estas debían ayudar también a los Estados miembros con menor capacidad a mejorar su competitividad, y en parte lo consiguió. El resultado fue una posición negociadora amplia, aunque siempre a favor de un presupuesto capaz de cumplir los objetivos que la UE se fija.

En el próximo MFP, España se verá afectada por los recortes en las políticas tradicionales. Podría compensarlos en parte con el mayor apoyo a sectores estratégicos donde tiene ventajas comparativas: renovables, descarbonización industrial, tecnologías digitales e industria de defensa. Pero, sin dotaciones nacionales ni regionales en el FEC, los fondos tenderán a concentrarse donde ya existen ecosistemas de I+D e industriales fuertes. Además, la mayor parte del FEC (excluido Horizonte Europa) va a la ventana de defensa y espacio, concentrada en pocas regiones industriales. Por eso, el Gobierno sostiene que la industria productiva no está suficientemente reflejada en la propuesta y pide un instrumento específico para reforzar las capacidades industriales y criterios de regionalización en la gobernanza del FEC, para asegurar un equilibrio geográfico y sectorial.

Como en negociaciones anteriores, España rechaza la tesis de los “frugales”, que quieren congelar o reducir el gasto comunitario. Sostiene que la cohesión social y territorial no es contraria a la modernización económica, sino una condición para que toda la Unión sea competitiva. En el non-paper presentado antes del Consejo Europeo informal de febrero de 2026, España pide elevar el presupuesto común al 2% de la renta nacional bruta (RNB). En la declaración conjunta de los Amigos de la Cohesión, exige recursos suficientes para las políticas derivadas del Tratado –cohesión, PAC y PPC– por su papel en la convergencia, el crecimiento y la seguridad alimentaria.

España apoya el aumento del gasto en defensa, pero lo condiciona a que no se financie recortando cohesión ni PAC. En cuanto a Europa Global, la propuesta no reserva dotaciones geográficas y Ucrania absorbe una parte potencialmente enorme. Es el ámbito donde España tiene más en juego y donde menos posición pública ha articulado.

Con los Amigos de la Cohesión, España se muestra abierta a debatir nuevos recursos propios genuinos, justos, simples y no regresivos, considera imprescindible suprimir las correcciones (rebates) y propone un reembolso más gradual del NGEU y nuevo endeudamiento común. Por último, España reclama un salto cualitativo en la emisión conjunta y un activo seguro europeo permanente. Le atribuye tres funciones: anclar la liquidez, reforzar la autonomía financiera de la UE y financiar los bienes públicos europeos con financiación común, en vez de con ayudas de Estado nacionales que distorsionan el mercado interior. El non-paper incluye expresamente la seguridad y la defensa entre esos bienes públicos.

La discusión del primer negotiating box presentado por la Presidencia danesa del Consejo en diciembre de 2025 permitió identificar varias coaliciones de Estados miembros que reflejaban intereses nacionales, sectoriales e institucionales diferenciados. Todas ellas, incluidos los frugales, presentan tensiones internas.

Las coaliciones en las que se apoya España están divididas internamente, y eso limita su margen de maniobra. Dentro de los Amigos de la Cohesión, el blindaje de fondos para las regiones menos desarrolladas favorece al centro y este de Europa, mientras que España, con sobre todo regiones en transición, necesita que esa categoría intermedia quede protegida. Además, Polonia y los bálticos priorizan la defensa del flanco oriental, una partida que compite directamente con la cohesión y con la atención a la Vecindad Sur que interesa a España. En los Amigos de la PAC, España coincide con Francia en rechazar la fusión, pero ambos se separan por Mercosur y por la convergencia de los pagos directos. Frente a unos frugales también divididos entre sí, el aliado natural de España sería un eje mediterráneo con Italia, Portugal y Grecia, centrado en las regiones en transición, la Vecindad Sur y la deuda común, aunque ese eje hoy no está articulado como coalición propia.

Debido a esta complejidad, el Consejo Europeo de junio de 2026 no avanzó. La negotiating box chipriota recortaba el total de la Comisión en un 2%, y la Presidencia irlandesa presentó una nueva propuesta el 10 de octubre de 2026. El borrador ha generado fricciones inmediatas en el bloque. Los grandes contribuyentes netos, como Alemania, exigen recortes aún mayores; otros lo rechazan porque las reducciones debilitarían la autonomía de Europa en un contexto global crítico.

Ante la nueva lógica territorial y redistributiva y el enfoque competitivo y estratégico, España queda doblemente expuesta: pierde en las políticas tradicionales y tiene un acceso incierto a las nuevas. Su estrategia de compensación –más presupuesto y deuda común– depende de coaliciones muy complejas. En la recta final de la negociación, España estará representada por un gobierno en funciones, y en 2027 el ciclo electoral en varios Estados miembros –especialmente las elecciones presidenciales francesas– podría introducir una mayor complejidad en el proceso negociador.