Más allá de Ceuta: disuasión y cooperación con Marruecos

Cada crisis en Ceuta plantea la misma cuestión de fondo: cómo debe España proteger la ciudad frente a posibles formas de coerción marroquí. La respuesta no consiste simplemente en acumular capacidades militares sobre el terreno. España necesita poder disuadir la coerción y preservar su libertad de acción, evitando en la medida de lo posible que la competencia convierta a Marruecos en un enemigo permanente. El desafío consiste en combinar disuasión y cooperación sin confundir su jerarquía: asegurar primero la capacidad de España para proteger sus intereses y, sobre esa base, construir una relación estable y cooperativa con Marruecos.

Responder exige empezar por no exagerar Ceuta. La ciudad autónoma no constituye por sí sola el centro de gravedad de la seguridad española ni cabe convertir cada tensión con Marruecos en una amenaza existencial. Su defensa presenta además dificultades evidentes: distancia respecto de la península, vulnerabilidad logística, necesidad de proyectar recursos y posibilidad de que una eventual presión adopte formas ambiguas o “híbridas” y permanezca por debajo del umbral de un ataque militar convencional.

Precisamente por ello, Ceuta debe analizarse como parte de un sistema geopolítico más amplio. Junto con Melilla y Canarias, forma parte del perímetro meridional de España y contribuye a proporcionar profundidad estratégica a uno de los espacios marítimos más importantes del mundo: el Estrecho de Gibraltar. La profundidad no exige controlar políticamente territorios más allá de las propias fronteras. Consiste en disponer de distancia, acceso, posiciones, capacidad de proyectar poder y un entorno regional que permita anticipar y gestionar las amenazas antes de que alcancen el territorio principal.

Desde finales del siglo XV, la configuración geográfica de la península llevó a España y Portugal a buscar profundidad estratégica hacia el Atlántico y el norte de África. Durante siglos, una red cambiante de posiciones –desde Canarias y los archipiélagos atlánticos portugueses hasta plazas norteafricanas como Orán y, más tarde, el Protectorado español en Marruecos– desplazó hacia el sur y el oeste parte del perímetro de seguridad peninsular. Ese sistema se contrajo progresivamente hasta prácticamente desaparecer durante el siglo XX. No se trata de recuperar un pasado que ya no existe, sino de entender que esa pérdida de profundidad ha modificado el entorno geoestratégico en el que España debe proteger los intereses y posiciones que conserva.

Disuadir antes que fortificar

La defensa de Ceuta depende menos de hacerla inexpugnable que de disuadir cualquier intento de alterar el statu quo mediante la fuerza o la coerción. Disuadir significa convencer a un posible adversario de que intentar alcanzar determinados objetivos no le resultará viable o que los costes que deberá asumir superarán los beneficios esperados. En el caso de Ceuta, esa lógica resulta especialmente importante porque la geografía dificulta una defensa basada exclusivamente en la acumulación permanente de fuerzas sobre el terreno.

La literatura académica distingue tradicionalmente entre dos formas principales de disuasión: negación y castigo. La primera busca convencer al adversario de que no podrá alcanzar su objetivo; la segunda, de que los costes que sufrirá, incluso si inicialmente lo consigue, superarán sus posibles beneficios (Snyder, 1959).

En el caso de Ceuta y Melilla, la disuasión por negación supone vigilancia, inteligencia, control fronterizo, presencia militar suficiente, capacidad de refuerzo, superioridad aérea y marítima y resiliencia frente a formas híbridas de presión. El objetivo es reducir las oportunidades para producir rápidamente un hecho consumado.

«Preservar un balance militar claramente favorable frente a Marruecos es una condición de cualquier estrategia para Ceuta y Melilla»

Pero la geografía y la naturaleza de las vulnerabilidades españolas introducen límites a una estrategia exclusivamente basada en la negación. La presión puede adoptar formas que no se parezcan a una invasión convencional: instrumentalización de flujos migratorios, presión económica o diplomática, campañas de información, incidentes fronterizos o combinaciones de varios instrumentos.

Esto no significa atribuir automáticamente al gobierno marroquí la responsabilidad de cada episodio concreto de tensión. Existe una diferencia importante entre demostrar la autoría o intencionalidad de una crisis determinada e identificar una vulnerabilidad susceptible de ser explotada. La estrategia española debe prepararse para lo segundo con independencia de cómo se interprete lo primero.

Por eso una enorme concentración militar permanente en las ciudades autónomas podría resultar costosa y, paradójicamente, responder al problema equivocado. España necesita complementar la negación con disuasión por castigo: convencer a cualquier actor que contemple ejercer coerción de que, aunque consiga generar presión local, los costes que sufrirá en otros ámbitos superarán los posibles beneficios.

La capacidad de imponer costes no se limita al ámbito militar. España dispone también de instrumentos diplomáticos, económicos, financieros, políticos e institucionales que pueden utilizarse de forma graduada y allí donde posea mayores ventajas. Pero la fuerza continúa siendo la ultima ratio de la disuasión territorial. Preservar un equilibrio militar claramente favorable frente a Marruecos es por ello una condición de fondo de cualquier estrategia para Ceuta y Melilla: reduce los incentivos para poner a prueba militarmente el statu quo y proporciona credibilidad al resto de la arquitectura disuasoria. Sobre esa base, un menú amplio de instrumentos permite responder a formas de coerción que no requieren –ni aconsejan– una respuesta militar, y hacerlo en el terreno que más convenga a España.

Disuasión sin convertir a Marruecos en enemigo

Nada de lo anterior implica organizar la política española como si Marruecos fuera un adversario permanente. Una estrategia española eficaz debe proteger primero los intereses fundamentales del país y, desde esa posición, tratar de evitar que la competencia con Marruecos derive innecesariamente en una relación de hostilidad permanente.

España y Marruecos mantienen importantes vínculos e intereses compartidos. Comercio, lucha antiterrorista, gestión migratoria, energía, comunicaciones y estabilidad del Mediterráneo occidental generan fuertes incentivos para cooperar. La geografía hace además inevitable una interacción constante entre ambos países. Una dinámica sostenida de presión, militarización y contramedidas sería costosa para los dos.

La jerarquía importa. Disuasión y cooperación no son alternativas, pero tampoco ocupan el mismo plano. La primera responde a la necesidad de proteger intereses fundamentales y preservar la libertad de acción española. La segunda es un instrumento para gestionar una relación vecinal compleja allí donde existen intereses compartidos. La cooperación será además más estable cuando ambas partes conozcan los límites y ninguna pueda convertir las vulnerabilidades de la otra en una fuente desproporcionada de influencia. La finalidad de la disuasión no es sustituir la cooperación, sino impedir que esta se convierta en dependencia.

Esto exige combinar firmeza y previsibilidad. España debe dejar claro qué intereses considera fundamentales y disponer de instrumentos para protegerlos, pero también mantener canales políticos capaces de evitar que cada desacuerdo se convierta en una prueba de fuerza. Una relación estable con Marruecos no exige eliminar la competencia entre ambos países. Exige impedir, en la medida de lo posible, que esa competencia domine una relación en la que existen también intereses compartidos.

Preservar opciones en el Magreb

Pero la posición española frente a Marruecos no depende únicamente de la relación bilateral. Preservar la libertad de acción exige también atender al equilibrio regional y mantener opciones en el Magreb. Ahí adquieren especial importancia tanto la evolución del Sáhara Occidental como la relación con Argelia. No se trata de construir una coalición contra Marruecos ni de importar a la política española las rivalidades regionales, sino de evitar que una dependencia excesiva de una única relación reduzca el margen de maniobra de España.

«España debería favorecer una mayor interlocución entre Bruselas y Argel»

La evolución del Sáhara Occidental importa desde esta perspectiva. No existe equivalencia política o jurídica alguna entre el Sáhara y Ceuta, Melilla o Canarias: la relación es geoestratégica. Durante décadas, el conflicto saharaui absorbió una parte importante de la atención estratégica de Marruecos y condicionó el equilibrio regional. Una resolución crecientemente favorable a Rabat puede proporcionarle mayor libertad de acción. Eso no implica que Ceuta o Melilla vayan necesariamente a convertirse en su siguiente prioridad, pero sí altera el contexto en el que España debe proteger sus intereses.

España podía aceptar que una solución definitiva al conflicto no reprodujera todas sus preferencias, pero tenía interés en evitar un cierre perjudicial sin obtener una contrapartida estratégica equivalente. Desandar completamente el camino recorrido puede resultar ahora difícil. Eso no significa que España deba bloquear indefinidamente una solución, sino que no tiene interés en contribuir gratuitamente a una transformación del equilibrio regional que reduzca todavía más su margen de maniobra. Una solución aceptable debería contener un grado políticamente sustantivo de autogobierno y garantías creíbles. A ello se añade la responsabilidad histórica, política y humanitaria española hacia la población saharaui.

La misma lógica aconseja reforzar la relación con Argelia. No para convertir a Argel en un contrapeso mecánico frente a Rabat, sino para ampliar las opciones españolas. Una política magrebí excesivamente concentrada en Marruecos reduce el margen de maniobra de Madrid y aumenta el valor de las palancas que Rabat pueda ejercer sobre la relación bilateral. España tiene por ello interés en profundizar el diálogo político con Argelia y desarrollar una relación más densa en los ámbitos económico, energético y de seguridad.

La Unión Europea puede contribuir a esa estrategia. España debería favorecer una mayor interlocución entre Bruselas y Argel y, cuando sea posible, una progresiva distensión y profundización de sus relaciones. Una Argelia más integrada en las relaciones euromediterráneas ampliaría las opciones españolas, contribuiría a un Magreb más equilibrado y reduciría el riesgo de que la política europea hacia la región quede excesivamente articulada alrededor de una sola relación. El peso económico, comercial, regulatorio y diplomático de la UE puede servir así como multiplicador de una estrategia española cuyo objetivo último no es elegir entre Marruecos y Argelia, sino preservar suficiente autonomía para relacionarse con ambos desde una posición de mayor libertad de acción.

El equilibrio también pasa por Washington

El equilibrio regional depende también de actores externos capaces de modificarlo. Ninguno es más importante para España a este respecto que Estados Unidos.

El Sáhara ofrece una ilustración clara. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020 y el posterior apoyo de Washington al plan marroquí de autonomía modificaron la ecuación diplomática regional. Madrid difícilmente podía obligar a Estados Unidos a revertir ese giro. Pero existe una diferencia importante entre conseguir que Washington adopte las preferencias españolas y trabajar para evitar que utilice su enorme peso regional de manera contraria a intereses fundamentales de España. Madrid debería haber tratado, como mínimo, de neutralizar o ralentizar un basculamiento estadounidense que reforzaba considerablemente la posición regional de Rabat.

«Recomponer y profundizar la relación estratégica con Estados Unidos debe ser una prioridad»

La cuestión adquiere una dimensión adicional porque España y Marruecos compiten parcialmente por utilidad estratégica ante Washington. Marruecos ofrece acceso y proyección hacia el Magreb, el Sahel, África y el mundo árabe. España dispone de activos distintos: el Estrecho, Rota y Morón, mayores capacidades aeronavales, infraestructura logística, industria naval y aeroespacial, acceso simultáneo al Atlántico y al Mediterráneo y plena integración en la OTAN.

La posición española es estructuralmente fuerte. Pero esa ventaja no es automática ni irreversible. Si Marruecos aumenta su utilidad para Estados Unidos mientras España empieza a ser percibida como menos fiable o menos dispuesta a facilitar objetivos compartidos, la distancia entre ambos puede reducirse. Y el valor relativo que Washington atribuya a cada uno condicionará inevitablemente su disposición a invertir capital político cuando los intereses españoles y marroquíes entren en tensión.

Recomponer y profundizar la relación estratégica con Estados Unidos debe ser, por tanto, una prioridad de la política de seguridad española. No se trata de pedir favores a Washington ni de alinearse automáticamente con sus posiciones, sino de convertir activos españoles en utilidad estratégica y esa utilidad en influencia. Rota y Morón, la seguridad del Estrecho, la proyección aeronaval, la logística, la vigilancia marítima y la cooperación tecnológica e industrial en defensa son instrumentos no solo de seguridad, sino también de influencia política.

Ser útil a Estados Unidos no es un fin en sí mismo. Es una forma de aumentar la capacidad española de influir sobre decisiones estadounidenses que pueden afectar directamente a su seguridad. Cuanto mayor sea el valor estratégico que Washington atribuya a España, mayor será el margen de Madrid para conseguir que tenga en cuenta sus intereses cuando estos no coincidan plenamente con los de Marruecos.

Seguridad y libertad de acción

Ceuta vuelve así a su verdadera dimensión. No es una fortaleza aislada cuya seguridad pueda garantizarse acumulando efectivos militares en unos pocos kilómetros cuadrados. Tampoco es simplemente un problema migratorio. Es una ciudad autónoma situada en un espacio estratégico más amplio en el que se cruzan geografía, coerción, interdependencia, alianzas y equilibrios regionales.

España dispone de más poder del que a menudo parece asumir. El desafío consiste en organizarlo: capacidad suficiente para negar determinados objetivos y preservar un balance militar favorable; instrumentos que permitan imponer costes y gestionar la escalada; cooperación con Marruecos allí donde sirva a los intereses españoles y contribuya a evitar una hostilidad innecesaria; opciones regionales que preserven la autonomía española; una política europea que contribuya a configurar un Magreb más equilibrado; y una relación con Estados Unidos que convierta la utilidad estratégica española en influencia política.

«España debe asegurar primero su capacidad de proteger sus intereses y preservar su libertad de acción»

España no necesita elegir entre estar preparada para resistir la coerción y cooperar con Marruecos. Necesita hacer ambas cosas, pero desde una jerarquía clara. El orden debe ser el inverso al que a veces se presupone: España debe asegurar primero su capacidad de proteger sus intereses y preservar su libertad de acción; sobre esa base, puede aspirar a construir una relación estable y cooperativa con Rabat.

Esa posición será tanto más sólida cuanto mayor sea la capacidad de España para preservar un equilibrio regional favorable y conseguir que los actores externos decisivos tengan en cuenta sus intereses. La cooperación con Marruecos es un instrumento importante de seguridad y estabilidad, pero no puede sustituir la capacidad de España para defender sus intereses ni convertirse en una dependencia que limite su libertad de acción.